2012-07-06 | Antecedentes | Mapuche

Declaración Pública - Observatorio Ciudadano

Ante los recientes hechos de violencia ocurridos en sectores rurales de la Araucanía

El Observatorio Ciudadano, como organismo de promoción, investigación y defensa de derechos humanos, se hace un deber en señalar lo siguiente:

1.- Manifestamos nuestra preocupación y condenamos categóricamente los hechos de fuerza que afectaran a familias rurales de la región, cualquiera sean sus responsables, en particular aquellos en los que se ha utilizado armas de fuego que ponen en peligro la vida y la integridad física y síquica de las personas.
2.- Señalamos, como lo hemos hecho en el pasado, que tales hechos delictivos deben ser investigados por la justicia, y sus responsables sancionados de acuerdo a derecho.
3.- Condenamos la imputación que directa o indirectamente hacen autoridades de gobierno y parlamentarios, como el diputado Moreira, y los medios de comunicación, incluyendo TVN, hacia organizaciones o personas mapuche. Ello, al identificarlos como sus autores, o al relacionarlos automáticamente con el llamado “conflicto mapuche”. Tales imputaciones son demostrativas de un evidente prejuicio y de una discriminación inaceptable en contra del pueblo mapuche, toda vez que no existen antecedentes que permitan establecer fehacientemente su autoría. Consideramos, por tanto, que tales imputaciones en nada contribuyen a mejorar la convivencia interétnica en esta parte del país.
4.- Manifestamos asimismo nuestra profunda preocupación por las declaraciones vertidas por el Ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien manifestó su “comprensión” respecto de la decisión de los parceleros de Malleco de armarse para defender sus tierras ante posibles atentados incendiarios que les afecten. Dicha afirmación constituye un llamado a la autotutela, la cual viola abiertamente el Estado de Derecho, por cuanto de acuerdo al ordenamiento jurídico chileno el único que posee el uso monopólico de la fuerza para mantener la paz social es el Estado.
5.- Nos preocupan igualmente las declaraciones del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, quien si bien ha señalado que en una sociedad democrática corresponde al Estado resguardar la integridad física y síquica de las personas, y éste tiene el monopolio de la fuerza, justifica en situaciones excepcionales, como cuando alguien se ve apremiado y el auxilio del Estado no puede llevarse a cabo, que las personas puedan ejercer la autodefensa. Al respecto cabe precisar que si bien la legítima defensa es un derecho consagrado en el ordenamiento jurídico chileno, ésta tiene, entre otros límites, el que ella sea proporcional a la agresión, y el que se ejerza para defender bienes jurídicos como la vida y la integridad física, y no otros, como la propiedad.
6.- Condenamos categóricamente, a su vez, los dichos irresponsables del diputado Moreira, al sostener que detrás de estos hechos de violencia hay coordinadoras políticas financiadas por ONG´s internacionales. Instado al diputado Moreira a hacer públicos los antecedentes de que dispone y que vincularían a ONG´s internacionales a estos hechos, y si no los tiene, a retractarse de los mismos.
7.- Consideramos, finalmente, que la superación del contexto de violencia existente en la Araucanía y que los últimos hechos evidencian requiere no solo de la investigación y sanción de hechos de fuerza constitutivos de delitos por parte de los órganos de justicia, sino también, y sobre todo, de políticas conducentes a resolver los conflictos por tierras históricos que persisten hasta hoy en esta parte del país. Para ello, es fundamental que el Estado chileno redoble sus esfuerzos en la materia, hasta ahora evidentemente insuficientes, teniendo para ello presente y dando cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de pueblos indígenas, e impulsando políticas efectivas, y en consulta en este caso con el pueblo mapuche, para darles una solución duradera.

Por Redacción | Fuente: Observatorio Ciudadano