2011-10-25 | Antecedentes | Diaguita

Estado chileno acusado en Washington por proyecto Pascua Lama

Luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declarara admisible la denuncia presentada contra el Estado chileno por la aprobación del proyecto minero Pascua Lama, Sergio Campusano –líder de la Comunidad Diaguita Huascoaltinos- y los abogados querellantes viajarán este viernes a una sesión especial para argumentar sus posturas. Esta podría ser la última posibilidad de detener el proyecto de la Minera Barrick Gold.

Fue a comienzos de 2007 cuando la abogada y codirectora del Observatorio Ciudadano, Nancy Yáñez, en conjunto con el presidente de la Comunidad Diaguita de los Huascoaltinos, Sergio Campusano, interpusieron una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la serie de irregularidades con que fue aprobado el proyecto liderado por la transnacional canadiense Barrick Gold.

Dos años después, el recurso fue declarado admisible y la Comisión otorgó una sesión especial para resolver la denuncia en Washington. Mientras el proyecto se mantiene en su etapa de construcción, la comunidad huascaltina y el Estado deberán presentarse este viernes 28 de octubre a aclarar sus posturas.

El pueblo indígena señala que el proyecto –aprobado sin previa consulta a la comunidad- vulnera los derechos estipulados en la Ley Indígena, Ley Ambiental y el Convenio 169 de la OIT, al que Chile está suscrito. Por su parte, el Estado, según relató Nancy Yáñez, “ha argumentado que la comunidad diaguita de los huascoaltinos no son indígenas, sino que sólo los son aquellos que se han constituido como tal, de acuerdo a la Ley 19.153. De esta manera, sólo son considerados, en el parecer del Estado, las personas que han optado por esta forma de organización impuesta por él mismo”.

Según Yáñez, quienes han participado de este proceso de legitimación institucional de su carácter indígena han sido “curiosamente personas proclives al proyecto minero”.

En tanto, la abogada aseguró que otro argumento apunta a “negar que en el proyecto minero Pascua Lama genere un impacto negativo para la comunidad. Lo que aquí estamos observando es una actitud irresponsable por parte del Estado, porque efectivamente sólo busca asegurar que se ejecute ese proyecto sin ponderar para nada el bien común, que es su obligación”.

“NOS HAN OFRECIDO DINERO, CAMIONETAS, VIAJES, DE TODO”

Según el testimonio del líder de la comunidad indígena, el pueblo de Huasco Alto ya ha comenzado a sufrir los estragos del proyecto Pascua Lama: El nivel del agua del Río Huasco ha descendido notoriamente y el mismo Estado ha detectado contaminación sólo en esta etapa de exploración y construcción de la iniciativa minera. Recientemente, la compañía Minera Nevada Limitada –filial de Barrick Gold- fue multada por 11 millones de dólares al ser descubierta extrayendo agua de lugares no autorizados, además de ser castigada por superar el límite de emisión de material particulado.

Sin embargo, ese no ha sido el único daño causado a los huascoaltinos. “Estamos viviendo grandes divisiones. Existe un grupo que se va en favor de la minería y de las tentaciones que han estado entregando, y otro grupo defiende lo que es pro comunidad. Entonces, hoy hay peleas entre hermanos, padres e hijos y eso es demasiado fuerte para nosotros”, declaró Sergio Campusano.

El líder huascoaltino enfatizó que la empresa les ha ofrecido “dinero, camionetas, capacitaciones, viajes, de todo. Ellos nos tienen bien estudiados, saben cuáles son nuestras necesidades y juegan con ellas”.

En tanto, los ancianos diaguitas también estarían sufriendo con los cambios. “Nuestros abuelos, que son de vida tranquila, ahora están con depresión y ¿Dónde se había visto eso? ¡Gente de campo con depresión!”.

Por otra parte, Campusano aseguró que la comunidad –de alrededor de 70 mil habitantes- ya está sufriendo cambios migratorios: “La gente ha dejado sus parcelas, están viviendo de los subsidios que da la Municipalidad, entonces la gente ya no trabaja. Muchos de ellos han pensado en vender sus predios para irse a vivir a La Serena. Ellos piensan que en el Valle ya no hay nada más que hacer, que las mineras ya están instaladas, que las frutas ya no se van a poder exportar si el agua viene con metales pesados”. Y agrega: “Los que estamos demás ahí somos los seres humanos, estamos estorbando”.

“EL ESTADO NO PRESTA ATENCIÓN A SUS COMPROMISOS INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS”

Según lo asegurado por José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano y especialista en derechos humanos y pueblos indígenas, “en el sistema interamericano, ésta no es la primera denuncia que tiene el Estado de Chile. Hay una serie de denuncias que tienen que ver con los proyectos de inversión inconsultos con grave impacto en comunidades locales y también con la criminalización de la protesta social de las comunidades afectadas con esa iniciativa”.

Aylwin enfatizó que aunque la Comisión ha sido “categórica en fallos relativos a otros proyectos indígenas que tienen que ver con proyectos de inversión que vulneran el derecho a la vida”, el Estado chileno “no parece prestar atención a sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos”.

El abogado recordó otros casos expuestos ante dicha institución, enfatizando lo sucedido tras la construcción de la hidroeléctrica de Ralco y la persecución de los líderes mapuche que se opusieron al proyecto. Según Aylwin, “la Comisión señaló que el Estado chileno había vulnerado el derecho a la igualdad del pueblo mapuche en su conjunto. Solicitó a la Corte que anule los juicios y reforme la legislación al respecto”.

Por mientras, en palabras de Campusano, la tarea de las comunidades indígenas es “concienciarse, unirse, valorar lo que tienen, posicionarse y difundir. A algunos nos van a encarcelar, pero los que podamos vamos a seguir. Yo hablo por el pueblo mapuche, por los aymaras y por todos los pueblos de Latinoamérica”.

Por Vanessa Vargas Rojas

Fuente: El Ciudadano