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C a r t a     P ú b l i c a

COMISION  MAPUCHE  DE  DERECHOS  HUMANOS
C O D E P  U
COLEGIO  DE  PROFESORES  A.G.
C.U.T.  Provincia de Concepción

La Comisión Mapuche de Derechos Humanos y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo ­CODEPU-, con apoyo del Colegio de Profesores A.G. y la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- de la provincia de Concepción, denuncian lo siguiente:

La actual represión que enfrentan comuneros, dirigentes y profesionales mapuche y, en general, la mayoría de las comunidades mapuche en conflicto, ponen en evidencia a un sistema que tiende a resguardar los intereses de particulares y empresas transnacionales, en desmedro de la demanda de restitución de derechos políticos y territoriales del Pueblo Mapuche.  Una de las consecuencias de esta represión se refleja en los tribunales chilenos ­civiles y militares- que actualmente mantiene a cerca de cien mapuche imputados o procesados, algunos en libertad provisional y otros detenidos como en los siguientes casos:

- Juan y Enrique Millalen Milla, detenidos en la Cárcel de Collipulli.
- Aníbal Salazar Huichacura y Julio Huentecura Llancaleo, detenidos en la Cárcel de Temuco.
- Héctor Llaitul Carrillanca, Avelino Meñaco Lincopi, Manuel Fren Casanova y Nancy Millanao Painemil, detenidos en la Cárcel El Manzano de Concepción.
Todos ellos con requerimientos por Ley de Seguridad Interior del Estado.

Por ello, demandamos:

I.  TERMINO A LAS IRREGULARIDADES EN LOS PROCESOS JUDICIALES:

Entre algunas situaciones de carácter irregular que configuran vicios en los procesos judiciales se encuentran:

1. Dobles procesamientos:  contraviniendo un principio básico en materia penal del “non bis in idem”, es decir, por un mismo hecho se llevan dos procesos.  Algunos de estos casos son:
- la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y el proceso por homicidio frustrado e incendio a comuneros mapuche de Collipulli y Ercilla
- aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y proceso por Maltrato de Obra a Carabineros que sustancia Fiscalía Militar en el caso de dos comuneros mapuches del sector Lleu Lleu de  la zona de Arauco.

2. Utilización de declaraciones judiciales y extrajudiciales obtenidas bajo condiciones que contravienen seriamente normas nacionales e internacionales como base para iniciar y sostener un proceso judicial, como en los siguientes casos:
- Incomunicación prolongada a detenidos, situación que debió enfrentar Pedro Maldonado Urra de la comunidad Catrío Ñancul de Collipulli, quien estuvo incomunicado 14 días, agravado por el hecho de que al momento de su detención se encontraba afectado por  serios problemas de salud físicos y psicológicos.
- Declaraciones obtenidas bajo presión y amenazas para que los mapuche se inculpen e inculpen a otros mapuche, tal es el caso de Pedro Maldonado y recientemente el caso de Nancy Millano Painemil de la comunidad Pascual Coña del sector Lleu Lleu.
- Detenciones y toma de declaraciones en lugares ilegales, como en los casos de al menos tres personas de la comunidad Pascual Coña del sector Lleu Lleu, lugar donde Nancy Millanao fue objeto de amenazas por por parte de policía de civil.
- Detenciones arbitrarias y maltrato físico y psicológico a los detenidos por parte de policías civiles y uniformados.  Un caso significativo y demostrativo es el vivido en enero en la comunidad Pascual Coña del sector Lleu Lleu, donde las detenciones realizadas fueron hechas sobre la base de allanamientos llevados a cabo por un gran contingente policial ­civiles y uniformados- y sin orden judicial, disparos de balines dirigidos directamente al cuerpo (con resultado de dos personas hospitalizadas) y lanzamiento de bombas lacrimógenas en forma desproporcionada.

Más grave resulta aún la participación de policía de civil en estos procedimientos -lo que confirman en el plano judicial y niegan públicamente-, quienes realizaron amenazas de muerte e insultos racistas reconocidos por los mismos, incluso en los careos llevados a cabo ante el Ministro Instructor de la Corte de Apelaciones de Concepción, el cual no dejó constancia en el proceso.

II.  UN RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD DE PRESOS POLÍTICOS MAPUCHE:

Si bien la Ley de Seguridad Interior del Estado se aplicó por primera vez en contra de los mapuche en 1997, hoy con el requerimiento presentado por el gobierno por el caso de Lleu Lleu (enero del 2001), se confirma que con la aplicación de esta “ley especial” se está llevando a cabo una persecución y juicio político hacia un sector del Pueblo Mapuche que desde las comunidades en conflicto se confronta a un sistema económico, político y social impuesto; es así como hoy se realiza una persecución política a lonkos y werken de comunidades, dirigentes y profesionales mapuche.  Como ya se señaló, actualmente los mapuche detenidos se encuentran sometidos a procesos judiciales irregulares y sin garantías carcelarias mínimas a su condición de presos políticos.

Por lo anterior, DEMANDAMOS LA PRONTA LIBERACION DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS  MAPUCHE y hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional a estar atentas para desarrollar acciones de solidaridad en favor de las personas y comunidades mapuche que llevan a cabo sus justas luchas.
 
 

COMISION  MAPUCHE  DE  DERECHOS  HUMANOS
C O D E P  U
COLEGIO  DE  PROFESORES  A.G.
C.U.T.  Provincia de Concepción
 

CHILE, Abril del 2001.