Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Instituto de Estudios Indígenas

Universidad de la Frontera

Temuco, 22 de Mayo de 2001.
Opinión del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontrera, ante los hechos ocurridos en Tirua el día martes 15 de mayo de 2001

El Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera es un espacio académico interdisciplinario e interétnico dedicado a la investigación, docencia y extensión sobre los pueblos indígenas de Chile. A través de sus actividades, el Instituto busca aportar elementos que contribuyan a superar los problemas que afectan directamente la existencia, territorios y cultura de los pueblos indígenas, en especial respecto del reconocimiento de sus derechos y su participación en la vida nacional con el debido respeto a su propia identidad. En este orden, el Instituto considera necesario contribuir a la formación de opinión pública mediante la documentación, análisis y reflexión sobre los hechos que afectan directamente a los pueblos indígenas nacionales.

Como es de conocimiento público, durante el presente mes han ocurrido una serie de hechos de extrema violencia en la zona sur del país, en los que se ha afectado a personas y comunidades mapuche. En particular, la participación de agentes del Estado en estos hechos se ha caracterizado por una actuación que demanda, al menos, una profunda investigación sobre los procedimientos adoptados, así como del grado en que se ha dado cumplimiento al resguardo de la seguridad y los derechos de las personas como lo ordena la Constitución Política del Estado y, muy en especial, las disposiciones establecidas en la Ley Nº 19.253. En el mismo sentido, es necesario considerar con el máximo de seriedad el impacto que el accionar de los agentes del Estado ha provocado en la comunidad en general, y las consecuencias que de ello se derivan en el marco de las relaciones sociedad nacional-pueblo mapuche, así como es necesario establecer las formas como se ejercen las responsabilidades políticas involucradas en este contexto.

En este sentido, ante la extrema gravedad de los hechos ocurridos en la ciudad de Tirúa el pasado martes 15 del presente, cuyos resultados son conocidos por la opinión pública, el Instituto decidió elaborar un informe descriptivo y detallado de los acontecimientos. Con este objeto, un equipo de investigadores del Instituto se trasladó a Tirúa el día jueves 17 del presente, procediendo a recoger información sobre los hechos desde funcionarios locales de instituciones y organismos del Estado, miembros de la comunidad de Tirúa, miembros de organizaciones mapuche de la zona, y en general, personas cuya participación en calidad de testigos presenciales de los hechos estuvo acreditada por cada una de las partes consultadas. El procedimiento seguido para la recolección de los hechos se sujetó a estándares acostumbrados en el formato de entrevistas tendientes a establecer el marco temporal de los hechos, la secuencia de los mismos, la actuación colectiva e individual de los actores en distintas etapas, y la determinación de factores causales y efectos para cada momento y respecto del conjunto de la situación investigada. El resultado de este procedimiento se tradujo en el documento denominado “Informe del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera sobre los hechos ocurridos......”. Este informe incluye en anexos un conjunto de declaraciones y/o comunicados públicos de autoría de organizaciones mapuche, funcionarios de varios organismos públicos, sacerdotes de Tirúa, y grupos de profesionales, así como registros de información de prensa. El informe en referencia ha sido entregado al Sr. Rector de la Universidad de la Frontera, y otras máximas autoridades de nuestra casa de estudios.

Como resultado del establecimiento de los hechos realizado por nuestro Instituto, y en tanto espacio académico que tiene como uno de sus objetivos centrales tanto la promoción del respeto de los derechos de las personas y comunidades indígenas como el establecimiento de condiciones para una mejor convivencia interétnica al interior de la sociedad regional y nacional, consideramos un deber expresar nuestra más profunda preocupación frente a los acontecimientos registrados. Estos merecen ser calificados mínimamente como de absoluta anormalidad en cuanto a la magnitud del procedimiento adoptado por las fuerzas policiales que intervinieron en la situación señalada, tanto por su desproporción, como por la fuerza empleada.

Particularmente, y como se desprende de la información obtenida, consideramos como un hecho de notable preocupación que el uso de armas de fuego en distintos momentos y lugares de Tirúa por parte de los agentes del Estado durante los sucesos, en contra de personas de la comunidad, indígenas y no indígenas, pueda llegar a ser considerado prácticamente como una situación “normal” dadas las circunstancias. Los antecedentes obtenidos permiten sugerir de manera suficiente que durante el transcurso del procedimiento policial existieron los momentos y oportunidades adecuados como para, bajo el imperio de la legalidad vigente y un mínimo de sentido común, haber evitado de manera anticipada los hechos de sangre y violencia generalizada que afectaron no sólo a personas mapuche exclusivamente, sino al conjunto de la comunidad de Tirúa.

Como consecuencia, el Instituto estima necesario establecer y ejercer los mecanismos para que tanto la comunidad de Tirúa, como en particular las familias y comunidades mapuche directamente afectadas por los hechos, reciban la protección y/o formas de reparación que al Estado le compete disponer frente a este tipo de acontecimientos, cuyos traumáticos efectos sobre la comunidad mencionada son evidentes y generalizados. Basta señalar que los acontecimientos en que fueron heridas dos de las cuatro personas lesionadas por disparos fueron presenciados por más de 600 escolares de una escuela local. En especial, estimamos que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) debe asumir responsablemente la prestación de servicios de defensoría legal y el patrocinio de las acciones legales que correspondan, fundado en que la Ley Nº 19.253 establece claramente en calidad de mandato a esta Corporación la defensa de las personas y comunidades indígenas (Ley Nº 19.253, art. 1º, art. 39). 

Del mismo modo, nos parece lamentable que no se haya otorgado la solicitud de un Ministro en Visita para investigar los hechos señalados, debido a que éstos “no causaron conmoción pública” según dictaminó por unanimidad el Pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción el día 18 del presente. Nos preguntamos si el hecho que esta solicitud haya sido primeramente formulada por el Alcalde de una comuna no constituye razón suficiente para un mayor análisis en la decisión al respecto, para no mencionar los efectos de una previsible reacción que nuestra propia sede universitaria debió experimentar en los días siguientes a los hechos en referencia.

Por otro lado, estimamos que el gobierno tiene la responsabilidad de investigar los hechos denunciados por diversos sectores del país, y de informar adecuada y oportunamente sobre los resultados de esta investigación. De lo contrario, la situación puede sugerir la configuración de un clima de impunidad dependiendo de quien ejerza la fuerza, independientemente de las obligaciones que la normativa vigente impone para la seguridad de los ciudadanos. Bajo estas circunstancias, la presentación de una querella por parte de Investigaciones contra quienes resulten responsables por el “confuso incidente” de Tirúa no parece contribuir a aclarar la situación.

Estimamos que al Estado le compete la responsabilidad de crear las condiciones que faciliten el diálogo entre quienes están involucrados en estos eventos. Se hace necesario de manera definitiva lo que ya muchos sectores han planteado anteriormente: la voluntad política de abordar seriamente y en profundidad la situación indígena en el país, más allá de las iniciativas tendientes a aminorar lo que se considera básicamente la condición de pobreza en que se encuentran las comunidades. Es necesario construir las condiciones que posibiliten el diálogo tanto a nivel local, regional, como nacional, en un marco de mutuo respeto.

Los hechos señalados son graves, por cuanto no constituyen hechos aislados que comprometen a personas, sino que han llegado a ser hechos sistemáticos que comprometen a instituciones, y en última instancia al Estado. Se trata de hechos que, como se observa a partir de las declaraciones posteriores de algunas organizaciones mapuche, lejos de contribuir a una mejor convivencia entre los mapuche y el resto de la sociedad nacional, empujan hacia una militarización del conflicto cuyas consecuencias son difíciles de prever. 

Como académicos y ciudadanos que reconocen la importancia de la diversidad étnica y cultural como elemento de desarrollo de las naciones modernas, nos permitimos hacer un llamado a las autoridades del gobierno para poner un freno a esta situación. Entendemos la preocupación de las autoridades en un momento de dificultades económicas por crear un clima de estabilidad en el país que permita generar fuentes de trabajo y prosperidad para la población. Sin embargo, ésto no puede, en caso alguno, construirse en parte a través del establecimiento de lo que puede llegar a ser considerado como un sistema particular de represión en contra de personas o comunidades que se encuentran en situación de evidente postergación y marginación.