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Araucanía: conflicto y pobreza

Viernes 5 de septiembre de 2008

La Región de la Araucanía mostraba un promisorio desarrollo durante la década de 1980, caracterizado por el pujante crecimiento de su capital, Temuco, y por las posibilidades que sugería el desarrollo agrícola y forestal. Hoy, sin embargo, su panorama es muy distinto. Un estudio de Libertad y Desarrollo muestra que las ciudades de Angol y Temuco exhiben tasas de desocupación de dos dígitos -12 y 10 por ciento, respectivamente-, doblando incluso el índice promedio del resto de la región, que es de 6,8 por ciento. La Araucanía muestra 20,1 por ciento de población pobre (la segunda peor cifra regional de Chile, después de la VIII), y dejó de recibir inversión extranjera desde 2004. Y mientras el país muestra un crecimiento de 5,6 por ciento en el período 1985-2007, la Araucanía sólo alcanzó 4,8. Así, además de no cumplir las expectativas de crecimiento que despertaba hace 20 años, ni siquiera ha logrado mantenerse en el promedio del país. El mencionado estudio concluye que ese pobre desempeño puede atribuirse, entre otras razones, a la precarización del derecho de propiedad, a resultas del conflicto mapuche, que en esa región se expresa con mayor fuerza.

En efecto, los grupos que invocan descender de esa etnia para reivindicar tierras con violencia han dificultado el acceso al crédito y a los seguros a muchos emprendimientos comerciales y productivos. Ellos incluyen desde agricultores que explotan sus tierras, cuyas propiedades han sido atacadas por grupos armados, hasta pequeños empresarios de transporte, cuyos buses se ven impedidos de realizar el traslado de pasajeros en zonas rurales. La incertidumbre les impide ejercer sus derechos de propiedad, o lograr que la autoridad los restituya cuando han sido vulnerados. Eso grava a la actividad económica con una fragilidad que conspira importantemente contra el proceso de creación de riqueza, y se traduce en menos empleos, peores remuneraciones, menos emprendimiento y disminución de la inversión regional.

El conflicto mapuche es impulsado por grupos activistas que reivindican la devolución de tierras que consideran propias y aluden a la necesidad de mantener los modos de vida y hábitos culturales ancestrales. Tales grupos aparecen ideológicamente cercanos a la izquierda extraparlamentaria y financiados por organizaciones no gubernamentales europeas, particularmente sensibles a ese tipo de causas, lo que distorsiona la expresión más genuina de las verdaderas aspiraciones de la mayoría de la comunidad mapuche.

Los gobiernos de la Concertación han creído encontrar la manera de resolver ese conflicto con la fórmula de entregar tierras a las comunidades, por medio de compras de éstas a particulares. Sin embargo, eso no sólo no está dando frutos presentes -pues no ha eliminado los focos de violencia, que han ido en aumento-, sino que sus proyecciones futuras tampoco parecen auspiciosas: a medida que crezcan las nuevas generaciones, esas tierras serán siempre insuficientes, creando una demanda por más tierras imposible de cumplir. Todo sugiere, incluso, que la entrega de tierras no constituye el verdadero objetivo último de tales grupos, sino más bien la mantención del conflicto y el protagonismo con la autoridad -ambiente que está en consonancia con su militancia ideológica.

La pobreza mapuche se debe combatir con crecimiento y respeto a la propiedad privada, y la mantención de su identidad cultural debe lograrse mediante fuertes programas de uso regional de su lengua, investigación universitaria y registro del inventario de sus expresiones culturales en talleres y museos.