Asalto y destrucción en Lleu Lleu
Escenas de una nueva lucha de clases

Temor y consternación se vive hoy en la zona de Arauco tras los actos de violencia del pasado domingo en la hacienda Lleu Lleu cuya gravedad fue la razón para que se nombrara una ministra en visita para dirigir la investigación.

Según análisis de las autoridades policiales y civiles de la región, pronto debieran producirse nuevos hechos de violencia, posiblemente en Arauco otra vez.

Daniel Ramos Fuentes

Sorprendiendo a quienes creían que el diálogo primaría en los conflictos indígenas por tierras al sur del Biobío, los inusitados hechos de violencia ocurridos hace una semana en la hacienda Lleu Lleu -saqueada por un numeroso grupo de mapuches luego de realizarse una rogativa- han puesto en nueva alerta a los efectivos policiales de la región pues, según el análisis de las autoridades, debieran producirse nuevos actos de violencia en las próximas semanas, en un intento por crear la imagen de ingobernabilidad del territorio mapuche.

Uno de los puntos más probables para futuros incidentes es el fundo Cuyinco, en la localidad de Los Alamos, donde existe una reivindicación por tierras que actualmente están en posesión de la empresa Bosques Arauco, pero no hay litigio judicial.

De todas formas, lo más probable es que la policía controle en forma especial cualquier manifestación masiva hecha por indígenas, sobre todo si viajan mapuches de otros sectores, pues se han endurecido las posiciones de quienes propician la violencia, a la vez que -según algunos, a consecuencia de que- llegaran a buen término las conversaciones entre otra comunidad de Arauco, Lautaro Antiquina, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y Forestal Mininco, que venderá 590 hectáreas de terreno al gobierno para ser entregada a esta comunidad.

La situación ha desembocado en un ambiente de temor reconocido por los trabajadores y vecinos de la hacienda Lleu Lleu, cuyo propietario prefiere detener sus inversiones, vender e irse ante la posibilidad de nuevos ataques, tal como ya lo hiciera el anterior dueño de este fundo.

Todos están de acuerdo en que las personas que instigaron a la violencia el pasado domingo en el lago Lleu Lleu no pertenecían a las comunidades del lugar. Las características del ataque fueron muy peculiares, sobre todo considerando que fueron destruidas obras de arte, esculturas, mesas de billar y un yate, todos ellos bienes imposibles de adquirir por los indígenas y que, de alguna forma, constituyen símbolos de la burguesía en una nueva lucha de clases cuyo fin no se vislumbra.

El propietario de la hacienda, Osvaldo Carvajal Rondanelli, había tenido un trato de amistad con muchos mapuches del sector, pero evidentemente también tenía enemigos entre las comunidades, principalmente porque una parte sus terrenos (70 hectáreas de 222) son reclamadas como propiedad ancestral de la comunidad Pascual Coña.

Se trata de tierras fértiles que contrastan con las 70 hectáreas, en gran parte erosionadas, que ocupa la comunidad de aproximadamente 100 personas.

Ese juicio por tierras no prosperó, generando una frustración en la comunidad, por lo que ahora apuestan a que se les compren tierras a través del Fondo de Tierras en conflicto de la Conadi, lo que tampoco parece muy fácil en el actual contexto.

Despojo masivo

En la provincia de Arauco, los mapuches están agrupados en diversas comunidades en Tirúa, Contulmo, Cañete, Arauco, Los Alamos y Lebu. En el lago Lleu Lleu, situado 32 kilómetros al sur de Cañete, existen numerosas comunidades aparte de la Pascual Coña. Muchas de ellas tienen reivindicaciones de tierras cuyo origen se encuentra en el proceso de la contrareforma agraria, según el asesor jurídico de la Conadi, Alfredo Grandón, quien asumió funcionalmente la defensa de los indígenas detenidos tras los hechos de violencia.

El abogado explica que entre 1967 y 1973 esos predios fueron expropiados por la Cora (Corporación de la Reforma Agraria), la que posteriormente, entre 1978 y 1982, parceló y entregó a los indígenas y no indígenas parceleros de la reforma agraria el 25% de los predios. "El resto quedó en poder de la Cora que los pasó a título gratuito a la Conaf y ésta, para aplicar la ley forestal, lo traspasó prácticamente como un regalo a las empresas forestales. Se puede decir que aprovecharon las leyes expropiatorias dictadas bajo los gobiernos de Frei Montalva y de Allende para apoderarse de un inmenso capital forestal, incluidos los árboles que fueron plantados por los mapuches con créditos Corfo durante la época de la Unidad Popular. Estamos hablando de comunas como Curanilahue, donde el 80% de toda la superficie pertenece a las forestales, y resulta que ahora vemos a comunidades cada vez más pobres con una muy baja calidad de vida, con terrenos sin agua porque las napas de agua fueron consumidas por los eucaliptus y los pinos. El Estado de Chile debiera tener una política general de reconocimiento de un despojo masivo", apunta Grandón.

"Los predios no fueron adquiridos a través de la política de mercado -continúa el abogado-, sino a través de normas expropiatorias y de subsidios estatales. Prácticamente se los regalaron, o se los vendieron a un poco más del precio del valor de la expropiación de 1967".

En el caso específico de la hacienda Lleu Lleu, Alfredo Grandón explica que Osvaldo Carvajal tiene títulos de dominio que datan de comienzos de siglo, mientras los indígenas tienen títulos de merced de 1905, pero lo que sucede, asegura, es que la jurisprudencia de los tribunales siempre ha favorecido el título de dominio inscrito por sobre el título de merced.

División en la comunidad

Los hechos de violencia del pasado domingo ahondaron la división ya existente desde hace algún tiempo en la comunidad de Pascual Coña, lo que ha dificultado asimismo la búsqueda de una solución al problema de las tierras, porque es política de la Conadi negociar sólo con las comunidades donde hay unidad.

Los que optan por la vía pacífica son reconocidos por las autoridades como interlocutores válidos, en tanto que los que prefieren recurrir a la violencia aseguran que ya intentaron todas las formas sin obtener respuesta ni solución. Entre estos últimos destaca Avelino Meñaco Lincopi, quien durante la semana amenazó con nuevos desmánes si no liberaban a los cuatro detenidos en Cañete, y resultó finalmente detenido también la tarde del jueves, junto a su hijo y otra persona.

"Nosotros hemos hablado con todas las autoridades de la región, el gobernador, el intendente, hasta senadores y diputados -dijo Meñaco dos días antes de ser detenido-. Ahora actuamos con violencia porque ellos no han solucionado nuestro problema, y esto va a empeorar. Vamos a seguir actuando con violencia".

"Nosotros queremos todo el fundo Lleu Lleu, y sabemos que cuando le pedimos soluciones al gobierno, él manda las fuerzas policiales, pero estamos preparados para eso".

"El propietario anterior del fundo, Eduardo Matamala, se fue hace unos tres años porque sabía que los mapuches no lo dejaríamos tranquilo".

"Hemos hecho presentaciones judiciales por las tierras, pero ya no vamos a pelear por la vía judicial, eso terminó. Para qué vamos a decir que tenemos títulos si eso las autoridades no lo hacen valer", concluyó Meñaco, quien, según sus detractores, suplanta la dirigencia legítima de la comunidad al llamarse a sí mismo lonco.

José Huenchunao, del mismo grupo, reconoce que no tienen muchas posibilidades de recuperar las tierras a través de los títulos de merced, porque según la legislación chilena los últimos títulos son los que valen y los anteriores caducan. "Ahora lo que reclama la comunidad es lo que corresponde a los primeros títulos que se le dieron a los caciques, antes de los títulos de merced, porque estos fueron reducidos a su mínima expresión. Hoy hay títulos individuales de 0,33 hectáreas de tierra, lo que es una injusticia", señala Huenchunao.

Por otro lado, quienes optan por la vía pacífica, como los loncos Franklin Millanao Meriñan y Juan Francisco Loncopi, no se mostraron sorprendidos por lo ocurrido en la hacienda Lleu Lleu. "Es malo que haya disturbios como los del domingo -opina Millanao-, pero no hay otra forma de que se agilicen los procesos. Esto tenía que ocurrir. Por la vía pacífica las autoridades no escuchan, aunque no nos gustaría que esto volviera a suceder".

Según Franklin Millanao, la idea de la Conadi es comprar 70 hectáreas, lo que a su parecer no es suficiente. "Tendrían que ser como mínimo 200 hectáreas. Los títulos de merced nuestros son de 120 hectáreas. Creo que no aceptaríamos tan fácilmente que nos den un terreno en otro sector, pero si no hay otra alternativa tendríamos que aceptar".

Difícil solución

El director regional de la Conadi, Luis Huincache, señala que desde hace seis meses se venían reuniendo con los miembros de la comunidad Pascual Coña haciéndoles ver la necesidad de que ellos tengan una sola directiva.

"No ha habido conversaciones con miembros de esa comunidad luego de los incidentes del pasado domingo y tampoco ha habido un acercamiento de ellos hacia la Conadi. Nosotros estamos en este momento viendo la posibilidad de que ellos calmen su actitud para poder seguir conversando" indica el representante de la entidad gubernamental.

El asesor jurídico de la Conadi, Alfredo Grandón, agrega que hasta ahora se ha podido evitar enfrentamientos con la policía a través del diálogo. "Yo creo que aquí hay gente externa. Nosotros conocemos a los mapuches de la provincia de Arauco y siempre hemos tenido un trato muy cordial y siempre nos hemos entendido muy bien con las comunidades. Yo no puedo asegurar que hubo infiltrados porque no estuve en los hechos, pero sí me llama la atención el nivel de violencia, que no es propia de la gente de la provincia de Arauco".

Actualmente la Conadi está en proceso de establecimiento del área de desarrollo indígena para el lago Lleu Lleu y pronto comenzarán un trabajo de conversación con las comunidades que viven en la ribera del lago para ver qué tipo de proyectos se pueden poner en práctica, siendo uno de los principales el proyecto turístico en esa zona. Sin embargo, el reciente ataque al fundo Lleu Lleu puede frenar definitivamente cualquier iniciativa de tipo turístico en el sector, al no darse las condiciones de seguridad mínimas para que tales proyectos puedan tener buenos resultados.

Más aún cuando el jefe regional de Conadi advierte que aún hay varios conflictos pendientes por tierras en la zona de Arauco, como el de la comunidad Juana Millahual de Rucañanco, con la que están en conversaciones, a la vez que con la Forestal Mininco donde existe la posibilidad de una negociación por 180 hectáreas. "En el caso de la comunidad Pascual Coña debe haber unidad primero ya que nosotros, por norma general, a las comunidades divididas no les compramos terrenos, porque no podemos discriminar. De acuerdo a la ley todos los indígenas del país son iguales para nosotros", aclara Huincache.

Leyes sin representación

Por su parte, el abogado que patrocinó las acciones judiciales de las comunidades en conflicto, José Lincoqueo Huenuman, asegura que las reivindicación de la hacienda Lleu Lleu es similar a las de Traiguén. "La única diferencia es que en el Lleu Lleu no hay grandes plantaciones de pino, pero legalmente corresponde a usurpación de tierras".

"En el caso de la hacienda Lleu Lleu, existen dos demandas civiles y una querella criminal -indica Lincoqueo-. Ese predio está en litigio desde diciembre pasado en el Segundo Juzgado Civil de Concepción, a través de una querella posesoria y la demanda aún no ha sido notificada. Ese juicio debiera ganarse porque la pretensión de propiedad de Osvaldo Carvajal se basa en las leyes de propiedad austral o leyes de indios que, según mi teoría del derecho, no son leyes válidas, porque el Estado de Chile no tenía representación parlamentaria al sur del Biobío cuando fueron dictadas".

El abogado, que también lleva adelante en el plano judicial las reivindicaciones de las comunidades de Traiguén, está en desacuerdo con las acciones de violencia producidas en la hacienda Lleu Lleu, y también con que se haya hecho un nguillatún en un fundo usurpado. "A los miembros de la comunidad yo les he hecho jurar que no van a cometer actos vandálicos como condición para que sus causas sean patrocinadas por mí. Que no causen ningún tipo de destrucción, aunque sí pueden realizar protestas pacíficas. Son elementos externos los que producen esta violencia, elementos vandálicos que están al margen del sistema que yo propicio", asegura Lincoqueo.

Otros casos que patrocina José Lincoqueo son la reivindicación de 42.000 hectáreas por parte de la comunidad Colcuma, en Tirúa, contra la Forestal Mininco. Otro juicio por 16.000 hectáreas al sur de Tirúa, en Lonco Tripai, además de las reivindicaciones de la comunidad Rucañanco, al otro lado del lago Lleu Lleu, y la comunidad de Lleu Lleu grande contra Jacinto Galilea, notificada en el 22º Juzgado Civil de Santiago.

Martín Zilic, intendente
"Habrá nuevos casos de violencia"

Diez días antes de los incidentes, los miembros de la comunidad Pascual Coña habían estado reunidas con la primera autoridad regional, y se habían mostrado abiertos a tratar la compra de tierras en el lago para desarrollar allí un proyecto mapuche turístico, por lo que no se esperaba que fuera precisamente allí donde ocurrieran desmánes. De todas formas, las autoridades policiales y civiles sabían desde hacía años que había cierta intencionalidad violentista de introducirse en el mundo indígena para usarlo. "Nosotros sospechamos y sabemos que aquí hay un gran cuadrante de acción que se va a desarrollar entre las regiones Octava y Novena, y que irá saltando de un punto de conflicto a otro -indica el intendente Martín Zilic-. Por ejemplo, uno de los temas que está pendiente es el de Cuyinco, que es un tema de particulares contra particulares y donde no ha habido un litigio real por las tierras. A nosotros no nos cabe duda de que va a ser usado para causar enfrentamientos, así también como Tirúa. Lo que tenemos que hacer es reforzar el control en esos lugares, pero la solución no es policial, sino que hará falta una solución global, lo que pasa por una mesa de diálogo superior al tema de los conflictos individuales de las comunidades, a ver como país el tema de las etnias, fundamentalmente mapuches y pehuenches".

Según Zilic, el acto de violencia del domingo fue muy bien coordinado y no duró más de 5 a 10 minutos, por lo que no duda en calificarlo como una acción programada, premeditada y ejecutada por gente que estaba entrenada para ello.

"Vino gente incluso de Santiago que fue trasladada en buses. Yo creo que hubo una exacerbación de estos grupos violentistas por el acuerdo Antiquina-Bosques Arauco, por otra parte había una mesa de diálogo que estaba teniendo algún grado de éxito en la Novena Región, por tanto había que buscar en algún lugar una explosión de violencia para decir que la situación no estaba tan claramente controlada. Fueron elementos extraños que llegaron a la comunidad, armaron el lío y se fueron. Prueba de ello es que de 18 detenidos no había nadie de la comunidad".

El intendente explica que se solicitó un ministro en visita porque se piensa que este va a poder abocarse no sólo al tema puntual del incendio y la destrucción de la casa patronal en la hacienda Lleu Lleu, sino que va a poder analizar una serie de otros hechos y antecedentes que el gobierno y la policía tiene con respecto a la gente que estuvo presente allí.

"El gobierno está interesado en crear la instancia de diálogo y, para ello, hay que buscar quienes son los referentes de esta mesa de diálogo. Aquí radica la primera gran dificultad, porque las comunidades quieren resolver cada una sus problemas, pero dentro de la gente que hoy está llevando adelante las peticiones del pueblo mapuche hay muchísima gente que no son loncos ni han sido ratificadas por las comunidades, sino que están fuera de las estructuras de las comunidades, y que se abogan una representatividad que nadie les ha dado", asegura Zilic.