Argentina Indymedia, 25 de agosto de 2004.
por Mariano Nagy - Agencia Rodolfo Walsh

Conquista del desierto: ¿exterminio indígena?

No son pocos los supuestos equívocos que encierran muchos procesos históricos en el imaginario colectivo, incluso entre quienes poseen posturas ideológicas opuestas. El caso de los pueblos originarios del actual territorio argentino es emblemático.


Es habitual observar en los actos escolares del 12 de octubre, entre quienes defienden los derechos de estas comunidades, considerar a la conquista española como la artífice del exterminio de estas agrupaciones en la Argentina. En tal sentido, esto puede ser relativamente cierto en el noroeste, por ejemplo, donde en 1665 la rebelión de los Quilmes (diaguitas y calchaquíes) en la región de Tucumán, terminó con la derrota de estos y el posterior traslado a pie hasta la localidad que tomaría el nombre de esas agrupaciones, en Buenos Aires, donde los pocos que sobrevivieron al viaje fueron pereciendo, principalmente, por las enfermedades contraídas.

Sin embargo, el sometimiento de las poblaciones del sur y del Chaco, no fue obra de los españoles, ya que las poblaciones mapuches, por ejemplo, resistieron y rechazaron con éxito los intentos colonizadores europeos, sino de una estado nacional argentino en pleno proceso de consolidación y organización de relaciones capitalistas. En ese marco hay que entender la realización de la “conquista del desierto”, comandada por Julio A. Roca, como un avance de la soberanía territorial y cultural de esa autoridad nacional, que no podía permitir la existencia de otras soberanías como la de los grupos originarios, ni los intentos de la iglesia, sobre todo de la orden salesiana, por llevar adelante una política evangelizadora que intentaba crear “feligreses” antes que “ciudadanos”. En una época anticlerical muy fuerte, ese proyecto eclesiástico era inaceptable para la elite y la sociedad entera.

Es entonces urgente la necesidad de avanzar sobre pampa y patagonia, incorporar tierras al mercado, y “civilizar” al “desierto”, “desierto” en términos de “barbarie” y salvajismo y no en referencia a lugar vacío sin población. No se negaba la existencia de esas poblaciones, pero sí, no se reconocía su condición de personas civilizadas.

Estos conceptos, surgidos en el auge de las ideas positivistas, evolucionistas y pinceladas por el darwinismo social de Herbert Spencer, dieron lugar a una serie de campañas militares, que para los defensores era vital y que para los detractores significó el exterminio de las comunidades nativas. Algo así como una “leyenda rosa” en el primer caso, que resaltaba el rol de los militares como civilizadores y fundadores de la patria, y una “leyenda negra” que hablaba de genocidio a partir del enfrentamiento bélico.

Según la antropóloga Ana Ramos, quien realizó sus investigaciones en la colonia mapuche “Cushamen”, ubicada en el noroeste de Chubut, existe la idea de que los aborígenes están “extintos”, son “pocos” o “descendientes” es decir “impuros”, como si se tratara de hijos de inmigrantes nacidos aquí. En la misma línea, Mónica Quijada, quien estudia el proceso de homogenización que significa la organización nacional, y la negación de otras identidades, sostiene que la llegada masiva de inmigrantes ayudó a fomentar la noción de que la Argentina es un país de raza blanca y cultura europea. Ambas parecen confirmar el refrán popular que asegura que los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos.

El problema de estas consideraciones es que cuando se revisan las cifras, no se pueden encontrar pruebas de una matanza que significara la desaparición física de las comunidades nativas. El historiador Enrique Mases, investigador de las políticas estatales implementadas para el destino final de los indios sometidos, afirma que de la campaña de Roca, realizada entre agosto de 1878 y mayo de 1879, los indígenas muertos en combate habían sido 1300, pero entre los indios de lanza (guerreros) y los no combatientes apresados quedaron a disposición del estado 13000 nativos. Es decir, que alrededor del diez por ciento fue muerto en combate. Para el resto el estado implementó una serie de políticas ni unívocas ni homogéneas, que significaron peores consecuencias aún para estos grupos.

Las mismas estuvieron signadas por un perfil militar hasta 1885, cuando finalizaron las campañas de “pacificación”. Fue el turno del sistema de distribución, que consistió en separar a las familias indígenas y enviarlas a Buenos Aires u otras capitales provinciales, con el fin de que no mantuvieran sus tradiciones comunales. La mayoría era confinada en la isla Martín García y debido al incremento de indios sometidos, también en cuarteles de Retiro y Palermo y hasta en galpones en Once. Desde allí, las mujeres y niños eran repartidos entre los miembros de las clases altas para ocuparlos como servicio doméstico, previo aviso en la prensa, y los adultos eran enrolados en el ejército o en la marina o entregados como mano de obra en los ingenios azucareros de Tucumán (en plena expansión), en los viñedos mendocinos o en las estancias ganaderas de Entre Ríos.

Cabe aclarar que muchos de ellos murieron como consecuencia de la epidemia de viruela desatada en Martín García debido al duro traslado, el hacinamiento, la mala alimentación y a la falta de higiene.

Las nefastas consecuencias de este sistema de distribución y el fin de las campañas militares, dieron lugar a intensos debates en la prensa y en el parlamento en lo que se denominó la “cuestión indígena”. Sin embargo, esto no dio lugar a políticas favorables a las comunidades, sino a concesiones puntuales y esporádicas de tierras en colonias, a caciques y sus “tribus”, basadas en distintas leyes de colonización de tierras, que derivó en “reservas de tenencia precaria” en muchos casos, con la interminable disputa por el reconocimiento definitivo de los lotes, en radicaciones en lugares marginales y no aptos para el cultivo, en otros, con la consiguiente despoblación por ventas de las posesiones.

Tampoco faltaron los métodos coercitivos de latifundistas, especuladores y “mercachifles”, ni los nuevos traslados debido al otorgamiento de esas tierras a agentes privados.

Por todo esto, la situación fue claramente heterogénea según la situación de la parcialidad, de las posibilidades de peticionar ante el estado, y de numerosos factores que no permitieron las instalaciones comunitarias en masa. Por el contrario, se dio un proceso de “invisibilizaciòn”, esto es la incorporación de los nativos en forma individual como peones o trabajadores rurales, y la consiguiente pérdida de reconocimiento como miembro de una comunidad. De hecho, pocos años después de la “conquista del desierto”, la visión acerca de los grupos originarios ya no era la de un “indio salvaje” sino la de un habitante de la campaña. A partir de 1890, la preocupación ya no era el indígena sino el aluvión inmigrante y su poca disposición a integrarse a la nación. Existía la percepción de que la “cuestión indígena” ya estaba solucionada y así se iniciaba una historia de negación del aporte de estos grupos a la formación de la identidad nacional. Como afirma el antropólogo Carlos Martínez Sarasola, estas ideas son la expresión de la negación de parte de nosotros mismos, y por lo tanto, eso habla de una automutilaciòn como pueblo.
 
 

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