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Viedma, 13 de mayo de 2004.
por Ernesto Núñez
Proyecto Calcatreu


Desde la década pasada hemos visto en Jacobacci a personal de geólogos efectuando exploraciones y cateos por la región. A fines de dicha década supimos que habían encontrado una veta con minerales cuya cantidad hace presumir que el proyecto, actualmente en etapa de exploración, se concretaría en mina. Esto nos preocupó, pues nos enteramos de que la explotación sería tipo "a cielo abierto", en cuyo proceso se utiliza el sistema de lixiviación con cianuro, con posibilidades contaminantes.

"Como el desconocimiento de un tema nos lleva a suposiciones de todo tipo, algunas disparatadas, muchos recabamos información. En mi caso me informé con datos de la empresa minera (Minera Aquiline Argentina SA); de funcionarios de la provincia (directora de Minería, subsecretario de Minería e Hidrocarburos y el titular del Consejo de Ecología y Medio Ambiente); de los "Vecinos Autoconvocados" (profesionales de Esquel) y otros como el "Río Negro" del domingo 18/4/04 y algo de Internet. De todo esto, mi conclusión es que la mina puede funcionar si se cumplen tres requisitos: control y monitoreo constante del proceso de lixiviación; garantías para el cierre y remediación y, tercero, de carácter impositivo.

Como modificadoras de la geomorfología y hábitat de la flora y fauna, no hay duda de que las represas hidroeléctricas lo hacen en una medida muchísimo mayor que nuestra mina. Y si se rompiera una represa, el daño que podría causar sería también considerablemente más grande que un derrame de cianuro. Pero, con los controles en la construcción de los materiales, mezclas, procesos y el monitoreo constante una vez construidas, hacen que este riesgo sea posible pero improbable: es como si dijéramos que nos puede caer un meteorito en la cabeza, posible, pero sin duda improbable. Entonces, en Calcatreu todo el circuito de lixiviación y manipulación del cianuro, desde el inicio hasta su total degradación, debe ser monitoreado constantemente.

Para este fin, los entes oficiales históricamente resultan ineficientes, negligentes y con alta probabilidad de coimas. Hoy tenemos un funcionario probo y responsable y mañana se jubila o es reemplazado políticamente por otro no tan apto. Además, semejante responsabilidad no puede quedar sólo en manos de uno o dos funcionarios. Entonces, la inspección y monitoreo deben ser efectuados por un equipo compuesto por los funcionarios oficiales que les competa; un funcionario municipal capacitado o a capacitarse; expertos de por lo menos dos universidades y un grupo de vecinos que recibirían asesoramiento y que en tandas de a dos acompañen al grupo inspector. La frecuencia de las inspecciones la determinarían los expertos y los gastos que demande todo este proceso serán a cargo de la empresa interesada, que los incluiría en sus costos de explotación.

Para el cierre y remediación, los expertos determinarán el costo del mejor sistema y el importe resultante, en dólares, deberá depositarlo la empresa minera en el Banco de la Nación Argentina y los intereses que generen ese depósito los iría cobrando la municipalidad local para sus arcas. Cuando la empresa decida cerrar la mina, la suma depositada se utilizará para tal destino.

Y en cuanto al asunto impositivo, ya que las actuales leyes de promoción minera prácticamente eximen de impuestos a estos emprendimientos, debe crearse uno adecuado que signifique ingresos directos a la provincia. Es razonable que quien invierte en técnica, material, equipos y personal, tenga su ganancia. Pero no es aceptable la desigualdad impositiva con otro tipo de producciones.

La provincia debe crear un impuesto al "derecho a la modificación de la geomorfología de determinado lugar del territorio provincial". Estos ingresos serían distribuidos con un pequeño porcentaje para el dueño del campo afectado, pues si bien no tiene derechos en sus subsuelos, sí es propietario de la superficie del mismo y si se la van a modificar, es justo que se lo compense. Otro porcentaje iría a la municipalidad y el resto la provincia lo destinaría a equipamiento hospitalario.

Además, la provincia debe considerar una adecuada compensación a los vecinos al emprendimiento minero que vean afectadas sus aguadas, campos de pastoreo, tránsito, etc.

Como se puede apreciar, la implementación de todo lo expuesto es tarea de la Legislatura, por lo que dejo la idea al legislador que quiera usarla, mejorándola para convertirla en recursos legales.

Con estos recaudos, creo que la apertura de la mina es perfectamente factible y conveniente por los puestos de trabajo que generará (aunque no todos serán de la localidad, por las especializaciones) y otros beneficios económicos.

Finalmente, recordemos el eslogan con que cerraba su programa radial en los '65/'70 el periodista Bernabó: "En las riquezas del suelo patagónico está la clave del porvenir argentino".

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