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de la República Argentina
    Télam
Buenos Aires, 29 de julio de 2003.
 

Pueblos originarios y organismos de derechos humanos

Los Pueblos Originarios y Organismos de Derechos Humanos, que defienden derechos económicos, sociales y culturales, acompañan varias causas, entre las que se destaca un reclamo a nivel internacional por mas 500 mil hectáreas para chorotes, wichi, qom (tobas) y guaraníes en la provincia de Salta.



Esteban Miguez, del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH), Hilario Moreyra, Miguel Morínigo, cacique mayá, y Germán Bournissen, del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), presentaron el Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Estado argentino a las obligaciones asumidas por la ratificación del Convenio 169 de la OIT relativo a pueblos indígenas. Foto: Daniel Darras

Foto: Télam
La defensa de los derechos de los indígenas, vulnerados a nivel de los estados nacional y provincial, fueron recientemente incorporados a la agenda de los organismos de derechos humanos los que en forma incipiente y silenciosa acompañan los reclamos de los pueblos originarios.

En ese marco, el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos (MEDH), junto al Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), presentaron el Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Estado argentino a las obligaciones asumidas por la ratificacióndel Convenio 169 de la OIT relativo a pueblos indígenas.

El coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del MEDH, Esteban Míguez, sostuvo que desde los organismos de DDHH "se está tomando la causa de los indígenas como un lugar en el que hay que trabajar" al fundamentar  el trabajo realizado para conformar el informe de 105 páginas con denuncias de casos concretos.

También el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pionero porque desde 1997 tiene un programa específico que defiende derechos económicos, sociales y culturales, acompaña varias causas, entre las que se destaca un reclamo a nivel internacional por mas 500 mil hectáreas en Salta para chorotes, wichí, qom (tobas) y guaraníes en Salta.

"El Estado argentino viola por acción y por omisión. No hacer nada para que el convenio se ponga en vigencia, se instrumente, es una violación", destacó, en tanto, el coordinador nacional de ENDEPA, Germán Bournissen, en referencia a la falta de aplicación en el cuerpo legal del país del convenio 169 ratificado por la ley 24071 en 1992.

Ese convenio entró en vigencia en Argentina recién hace dos años, cuando el Estado hizo el depósito correspondiente ante la OIT el 3 de julio del 2001, tras la visita de la Premio Nobel de la Paz, la indígena Rigoberta Menchú, durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

El Informe Alternativo, entregado a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, contiene un detalle de "las obligaciones contraídas" por el país tras esa ratificación, que en la práctica significa adecuar la legislación interna a los términos del tratado internacional a través de leyes y decretos.

Es decir, políticas estatales de "reconocimiento de derechos colectivos, económicos, políticos, sociales y culturales de los pueblos indígenas como una aplicación ineludible" del convenio por parte de las autoridades, pero, remarca el informe, "no ha existido ninguna reforma legal".

Por ejemplo, la legislación referida a los derechos a la participación y a los recursos naturales que consagra el artículo 15 del convenio internacional y las leyes vigentes en el país: Código de Minería, la Ley de Actividad Minera, la Construcción de Represas Hidroeléctricas, las leyes de Bosques, Hidrocarburos y de Privatizaciones.

Todas estas leyes "omiten la participación de los pueblos indígenas y su consulta, previa a los emprendimientos referidos a la explotación de los recursos naturales en sus tierras", remarca el documento al agregar que se respeta "solo a los que son propietarios de la tierra en los términos del Código Civil".

Tampoco existe normativa que, en sintonía con el tratado internacional, reconozca "como territorio de un pueblo indígena a la totalidad del hábitat que ocupan y utilizan y sus derechos de propiedad y posesión sobre los mismos", entre otras carencias e indiferencias.

Al final de las 105 páginas, se recomienda a los estados nacional y provincial que "existan políticas de Estado" para los pueblos indígenas porque la que hay "es abiertamente nociva y contradictoria" a la vez que hace recomendaciones a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Bournissen detalló que "primero hay que adecuar la legislación en la Nación y en las provincias y empezar a trabajar fuertemente en el tema tierras, personería jurídica y educación bilingüe intercultural". Mas allá de esas recomendaciones y pedidos, un beneficiario del Convenio 169, Ignacio Prafil, de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, se preguntó "de que vale el derecho vigente si sigue el despojo y la entrega de las tierras".

Que dice el convenio 169 de la OIT

El convenio 169 de la OIT ampara derechos de pueblos indígenas y tribales en países independientes, los que libremente suscriben el tratado internacional y por tanto están obligados a cumplirlo y enviar periódicamente informes a Ginebra, en Suiza.

La Argentina, a través del Congreso Nacional, adhirió a la norma con la aprobación de la ley 24071 en 1992, pero recién entró en vigencia el 3 de julio del 2001, cuando el país hizo el depósito correspondiente en la OIT.
La OIT está obligada a realizar un seguimiento de la situación en cada país y "asesorar" a los gobiernos para que den cumplimiento al convenio, mientras que los pueblos indígenas pueden reclamar a nivel internacional por sus derechos.

El convenio 169 es el "único instrumento" internacional que defiende en forma especial a los pueblos indígenas de todo el mundo basado en cuatro principios: los pueblos indígenas y tribales (PIT) son sociedades permanentes.

En primer término, utiliza el concepto de pueblos como sujeto colectivo; en segundo, los señala como titular de derechos colectivos; y en tercer lugar establece una nueva relación entre los PIT y los Estados nacionales al reconocer la diversidad cultural y étnica.

En cuarto lugar, la norma reconoce a los PIT y los anima a tener un desarrollo propio, según se detalla en uno de los cuadernos con que Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) realiza talleres con las comunidades indígenas de todo el país.

El artículo sexto del convenio establece que los PIT deben ser consultados de buena fe (forma clara y honesta) a través de procedimientos adecuados (por ejemplo, consultas populares) y en especial a través de sus instituciones representativas (por ejemplo, la asamblea) en todos los asuntos que los puedan afectar directamente.

El punto siguiente dice claramente que se deben realizar "estudios apropiados en colaboración con los PIT para revisar efectos sociales, espirituales, culturales y ambientales que las actividades de desarrollo puedan producir en ellos. Los resultados serán el criterio básico para la realización de las actividades".

Los artículos 8 y 9 establecen que "pueden conservar costumbres e instituciones y métodos tradicionales para castigar delitos siempre que no sean contrarios a la ley del país y a derechos humanos internacionalmente reconocidos".

El artículo 14 se refiere a los derechos de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan y el derecho al uso de las que utilizan para sus actividades tradicionales, como caza, pesca, recolección y otros.

El convenio sigue legislando sobre otros ítems como educación, contratacion y condiciones de empleo, formación profesional, artesanía e industrias rurales, seguridad social, salud, contactos y cooperación a través de las fronteras, entre otros puntos.

Indígenas no quieren una cancha de golf en tierras ancestrales

Durante la presentación del Informe Alternativo sobre el cumplimiento del Estado a las obligaciones del Convenio 169, el MEDH Y ENDEPA pusieron como ejemplo de la vulneración del derecho al territorio el caso de la aldea Yriapú, en Misiones, con la presencia del cacique Miguel Morínigo.

Los mbya guaraní denunciaron intentos de desalojo violentos de las 620 hectáreas que ocupan, con la intención de imponer en el lugar un complejo hotelero que prevé, entre otras atracciones turísticas, la construcción de un campo de golf en esa parte de la selva paranaense en la que habitan.
 

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