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viernes 25 de febrero de 2000

Pedro Schlack, presidente regional Corma
Antecedentes anteriores no respaldan los autoatentados

Las graves acusaciones en relación a que empresas de servicios de vigilancia habrían protagonizado autoatentados responsabilizando después a grupos indígenas con el propósito de justificar sus puestos, no tienen fundamento alguno y sólo podrían corresponder a una persona que carece de razonamiento.

Así lo manifestó el presidente de la Corporación Chilena de la Madera, VIII Región, Pedro Schlack Harnecker.

-¿Qué les hace pensar que un autoatentado no sea una posibilidad?

-Hay más de 50 personas sometidas a proceso, todas provenientes de comunidades mapuches. Si se analizan los antecedentes de la persona que ha sido más radicalizada en el tema, Víctor Ancalaf, se trata de un hombre que fue sometido a proceso por la juez de Collipulli, resolución confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco, por el delito de robo en lugar no habitado. Además fue procesado y declarado reo por hurto de madera por la misma juez, fallo que también confirmó la Corte de Temuco. No hay que olvidar, tampoco, que fue sentenciado por el delito de quema ilegal hace 12 años, en 1988, sentencia que cumplió y que ya no aparece dentro de sus antecedentes penales.

-¿No consideran que las empresas de vigilancia usarían autoatentados para obtener más trabajo?

-A estas empresas se ha recurrido desde 1998 cuando se inició el conflicto mapuche. Diría que su función de vigilancia la cumplen normalmente y que no tienen razón alguna -ni por seguros ni por permanencia en las forestales- para estar protagonizando autoatentados, ni menos de quemarse ellos mismos.

-¿De qué forma afectan a la actividad forestal estos ataques?

-Además de Mininco, muchos de nuestros asociados y particulares han sido atacados. Es una espiral de violencia que hoy se traduce en que, muchos caminos ya simplemente no se pueden transitar, y predios a los cuales es imposible acceder si no es con protección policial.

- ¿La relación de las forestales con las comunidades indígenas continúa siendo delicada y conflictiva?

-El 97% de nuestros asociados mantiene una excelente relación con ellos. El problema está reducido a un pequeño número de personas violentas que entre la Octava y la Novena regiones no superan 250.

- ¿Qué esperan de las autoridades?

- En realidad del próximo gobierno, porque éste ya está terminando y poco hemos conseguido. Pedimos que se respete el Estado de Derecho, elemento básico para la convivencia nacional.

Por su parte, el presidente de Corma IX Región, Emilio Guerra, indicó que las empresas forestales no están realizando ninguna investigación interna y que, todas las diligencias para esclarecer los hechos acaecidos en Collipulli, están circunscritas a las diligencias que emprenda la juez Georgina Solís.

Acusaciones sólo buscan beneficios políticos

Pablo Iturriaga, propietario de la empresa de seguridad Osepar Ltda., dijo que su institución sólo es prestadora de servicios en recursos humanos a diversas entidades y que, por lo tanto, no tienen ninguna responsabilidad sobre el comportamiento que puedan tener éstos en aspectos ajenos a su trabajo.

La empresa Osepar es una de las entidades que aparece implicada en provocar a las comunidades indígenas desde 1998 en un conjunto de declaraciones formuladas por ex guardias de ella, informe que el diputado Eugenio Tuma entregó a la Corte de Apelaciones de Temuco hace un par de meses.

Al respecto, Iturriaga señaló que las acusaciones no le merecen ningún comentario, puesto que, a su juicio, sólo están vinculadas a un tema político que surge con el propósito de crear una nebulosa en torno a un tema que se quiere eludir y que es la gravedad de los últimos hechos de violencia.

Asimismo, el dueño de Osepar negó que mantengan vigentes contratos con Forestal Mininco. De hecho, recordó, el último vínculo laboral fue en agosto de 1999 cuando otra empresa de seguridad se adjudicó la licitación. Iturriaga dijo que su empresa posee 700 trabajadores con 12 años de experiencia, que no existe necesidad de recurrir a mecanismos tan grotescos como un atentado para obtener empleo y que son constantemente fiscalizados por la Inspección del Trabajo.


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