Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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Opinión
viernes 25 de febrero de 2000

Nuevos antecedentes

El diputado Eugenio Tuma efectuó una denuncia en el sentido que poseería antecedentes que determinados hechos de violencia atribuidos a mapuches y que han golpeado a la opinión pública en el último tiempo, serían en realidad atentados auto infligidos por personas o entidades que prestan servicios de vigilancia y seguridad a las empresas forestales, con el fin evidente de inculpar a la etnia y asegurar sus servicios. Como se sabe, sectores mapuches organizados en coordinadoras desde hace un tiempo iniciaron un proceso destinado a recuperar tierras denominadas ancestrales y que ha significado amenazas, agresiones, enfrentamientos, heridos y destrucción de bienes.

En la misma línea argumental del parlamentario, la madre de un brigadista forestal denunció el suicidio de su hijo como resultado de la situación de agobio que habría sufrido luego de ser despedido de la empresa de seguridad en que laboraba tras participar en un auto atentado, que habría incluido incendio y corte de camino. Tras ser encarcelado, y al recuperar la libertad, el malogrado brigadista no siguió firmando en el patronato de reos y terminó con su vida mientras era buscado por la policía.

El país ha sido espectador durante un largo tiempo de acciones de violencia perpetradas contra empresas forestales, al punto de imponerse la percepción de que se está ante un proceso en marcha cuyas dimensiones y proyección ponen en peligro la seguridad de algunas zonas del país. En efecto, dirigentes gremiales del sector maderero, a propósito de reuniones con autoridades gubernamentales, han demandado firmeza en la actitud del Estado, imputando al gobierno cierta debilidad en el actuar contra grupos mapuches organizados.

Sin embargo, estos últimos antecedentes denunciados y puestos en conocimiento del ministro Secretario General de la Presidencia, revisten gravedad, pues dejarían al descubierto, si fueran efectivos, una verdadera guerra sucia al interior del conflicto mapuche, en el cual grupos organizados estarían manipulando delictualmente la información con el fin de generar un estado de inseguridad cercano a las conductas terroristas.

Por tal motivo, el diputado Tuma solicitó del gobierno un requerimiento por ley antiterrorista para que un grupo de ex brigadistas que estarían dispuestos a evidenciar tales prácticas puedan ser protegidos a la hora de prestar testimonio. Y el cuerpo legal es aplicable, porque la situación generada en torno al conflicto ha creado un estado de alarma en la colectividad mediante la ejecución repetida de acciones y delitos tendientes a alterar el orden público al servicio de intereses particulares.

Resulta de interés y urgente un pronunciamiento preciso de las empresas forestales frente a la acusación del parlamentario, como también una evaluación serena por parte del gobierno de un conflicto que requiere pronta solución, para evitar que el país viva procesos como los que han tenido lugar en otros lugares de América y que han desatado la insurgencia, con un alto costo de bienes y vidas humanas. En todo caso, no se puede perder de vista que mientras se producen las denuncias del diputado Tuma, líderes de la Coordinadora Arauco Malleco anuncian acciones de mayor fuerza para obtener respuesta a demandas reivindicatorias, señalando que contarían con capacidad de movilizar a diez mil personas como herramienta de presión para conseguir se establezca una mesa resolutiva que entregue tierras e impulse una ley de expropiación de los predios en conflicto.


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