La propia historia del fundo El Rincón o Loncoyán Grande está llena de referencias a la conflictiva historia social de la región y muestra la vigencia del secular conflicto entre las comunidades indígenas y la sociedad chilena. Juan Sharpe

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En la cara oriental de la cordillera de Nahuelbuta (Tigre grande, en lengua nativa), está El Rincón, un fundo de poco más de 600 hectáreas que ha protagonizado la crónica de las últimas dos semanas, desde que la comunidad mapuche Juan Maril volvió a ocuparlo por enésima vez en los últimos treinta años. La ocupación de los indígenas -que llegó al borde de un desalojo policial evitado por la mediación de Luis Risso, gobernador (s) de Malleco- fue calificada de muy inoportuna por las autoridades de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Esto, porque desde enero, El Rincón está en la lista prioritaria de esa corporación para ser comprado durante este año, dentro del programa de recuperación de tierras reclamadas por las comunidades mapuches.

Para los directivos de Conadi, la acción de los mapuches va a entorpecer la negociación con Forestal Mininco, la actual propietaria. La propia historia del predio está llena de referencias a la conflictiva historia social de la región y muestra la vigencia del secular conflicto entre las comunidades indígenas y la sociedad chilena.

El fundo perteneció desde 1954 a una familia de colonos suizo-alemanes que lo tuvieron durante 30 años. En el invierno de 1970, en el apogeo de la Reforma Agraria del mandato presidencial de Eduardo Frei Montalva, el propietario del fundo era Enrique Stappung Luchsinger, quien lo cedió voluntariamente a los comuneros indígenas que formaron el asentamiento Pelantaro y obtuvieron poco después el decreto de expropiación de la Corporación de la Reforma Agraria que les otorgaba esas tierras.

Pero la primavera de los mapuches duró hasta el gobierno militar del general Augusto Pinochet. A poco del golpe, el asentamiento fue allanado y sus dirigentes detenidos y torturados. Entre ellos figura Carlos Maril, padre de Juan Carlos Maril, de 23 años, actual líder de la comunidad. El desalojo de los asentados se completó en 1976 cuando el gobierno militar devolvió el campo a sus anteriores propietarios.

Derechos ancestrales
Para los mapuches de Purén, (un topónimo que significa "el lugar que se hunde" en lengua mapudungum), en ese momento comenzó una larga batalla por recuperar esas tierras que reclaman como suyas por derechos ancestrales. La primera lucha, según Maril, fue conseguir derrotar al gobierno militar. Y una vez conseguido ese objetivo "empezamos las acciones para recuperar las tierras. Hicimos ocupaciones pacíficas para recuperar el predio cada quince días y después cada tres meses. Nosotros no hacemos tomas en ese fundo porque la tierra es nuestra".

Nunca han ejercido violencia en sus acciones y Maril reconoce que no hay armas entre ellos, aunque la comunidad Loncoyán Grande tiene la determinación de recuperar el fundo y "si hay que derramar sangre mapuche, así se hará. Muchas veces ha corrido la sangre mapuche en estas tierras y estamos dispuestos a ello".

El jefe insiste en que ellos jamás han hecho acciones violentas porque "la violencia siempre ha sido contra nosotros, siempre ha sido cosa de los militares".

La retirada obtenida esta semana por las autoridades sólo ha postergado la resolución del conflicto. Los directivos de Forestal Mininco han endurecido su posición y ahora se niegan a cualquier transacción respecto de ese predio, puesto que su doctrina es no negociar ningún fundo bajo la presión de una toma.

Para Pedro Schlack, gerente de desarrollo de Mininco, su empresa tiene todos los títulos de dominio sobre las 600 hectáreas en litigio. Dice que nunca han visto algún documento que demuestre que los indígenas tienen algún derecho sobre ese predio y su empresa tiene la norma de no negociar sobre fundos que han sido ocupados.

La misma opinión expresó Fernando Raga, vicepresidente de la Corporación de la Madera (Corma): "Con la ley chilena, dentro del estado de derecho, estos señores no tienen nada que hacer en el fundo. Se negoció con ellos y firmaron un acuerdo en 1996". Raga explica que los mapuches objetan la legalidad chilena en su conjunto, y ése es otro tema: "Es un problema más profundo que va más allá de la devolución de las tierras".

Para Raga, "muchas tierras que ellos están pidiendo, las han arruinado con su agricultura tan antigua. Son tierras que van a plantar de trigo y que son antieconómicas para eso. En dos o tres años van a estar arruinados... No tienen recursos para la forestación porque esas personas no se pueden dar el lujo de plantar árboles y esperar 20 años que crezcan para cortarlos, porque primero tienen que comer".

Pequeño éxito
La explicación de Raga, que es coherente con la lógica del desarrollo, lo es también con una empresa como Forestal Mininco que tiene más de 350 mil hectáreas plantadas entre la Quinta y la Undécima Región. Las negociaciones que se avecinan serán duras, pero Domingo Namuncura, director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), está optimista a pesar del aparente fracaso de las primeras conversaciones mantenidas durante la semana en la Intendencia de Temuco y la Gobernación de Malleco, en Angol, donde estuvieron reunidos por más de tres horas representantes de la propiedad, de los indígenas y de Conadi, porque estima que la empresa ha aceptado que debe abrirse a la idea de negociar las tierras.

Namuncura, que es un hombre de talante conciliador, considera un pequeño éxito en los difíciles momentos actuales el que Forestal Mininco, a través de su gerente regional Andrés Ovalle, se haya comprometido a reestudiar la situación y a valorar la extrema sensibilidad del problema:"Este conflicto es una oportunidad para lanzar señales de consenso y creo que Mininco ha comprendido la lógica de la situación subjetiva indígena, que es muy complicada".

Sin embargo, algunos de los argumentos mencionados por Mininco escuecen a los mapuches. Es el caso del documento que firmaron en 1996 Andrés Ovalle por la empresa y nueve dirigentes mapuches de las diferentes comunidades implicadas en el conflicto. Ese papel contiene algunas muestras escogidas de la intrahistoria del problema

En el párrafo cuarto del texto, los firmantes "reconocen el derecho absoluto y perpetuo" de Mininco para "acceder al fundo a cualquier hora del día, en cualquier tipo de vehículos y en cualquier época del año, a través del camino de acceso que atraviesa los terrenos de las comunidades indígenas comparecientes". Este derecho absoluto y a perpetuidad se suma a un curioso pasaje en que Mininco hace prometer a los firmantes un "derecho a usar, gozar y disponer tranquilamente del fundo" en cuestión.

Un dirigente de una organización social de la zona vinculado a los indígenas (que prefirió no dar su nombre) hizo hincapié con tono humorístico en este párrafo: "parece que el gozo y tranquilidad de la Forestal dependiera de los vecinos: espero que no culpen a ellos si un día se ponen nerviosos en el fundo...". El compromiso incluye también la autorización para cortar un bosque de pinos de cinco hectáreas, cuya plantación datan en 1970, con "el fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades".

Pero este documento tiene una lectura totalmente opuesta por parte de Maril, para quien es un buen ejemplo de la mala fe con que ha actuado Mininco con ellos: "Fueron muy inteligentes. Ellos sabían que teníamos problemas internos con la comunidad Buchahueico y un día mandaron a buscar en su camioneta a Domingo Curil Pallalí, nuestro presidente. Le dijeron que querían hablar con él en Purén y cuando llegaron allí lo metieron preso y después se lo llevaron preso a Angol. Después nos reunieron a todos y nos hicieron firmar ese papelito. Firmamos bajo la presión de nuestro presidente preso y porque ellos necesitaban una autorización de nosotros para acceder a las plantaciones porque tienen que pasar por nuestras comunidades. Ese papel no vale nada, fue un engaño".

Juan Carlos Maril tampoco acepta las cuentas de Mininco acerca del volumen de bosque plantado por ellos durante los años que usufructuaron del fundo. Según él, sus familiares plantaron por lo menos tres y media hectáreas de eucaliptus, tres de encina, más de cinco y media de pino y menos de media hectárea de ciprés.

"Hemos esperado con mucha calma que nos devuelvan esos bosques y ahora hacen mal las cuentas. Es muy absurdo que no reconozcan las plantaciones porque están hechas a la ligera, sin regla ni compás. Se nota muy bien cuáles son las del asentamiento Pelantaro, porque no teníamos plantas de vivero sino que plantamos buchenes, que son renovales recogidas del mismo campo. En cambio sus bosques están muy bien plantados, tienen su buen plan de manejo", dice. Maril quiere dejar claro que no tienen ninguna reivindicación sobre las plantas de la forestal: "Pueden cortarlas, llevárselas cuando nos devuelvan el fundo".

El dirigente valora positivamente la aplicación de la Ley de Pueblos Indígenas dictada durante el mandato de Presidente Aylwin y la califica como "un pequeño amparo" para su situación, pero están cansados de las promesas y quieren que el gobierno dé más pasos en la dirección de devolver las tierras.

La historia
Desde el nombre del predio, El Rincón para los chilenos, Loncoyán Grande para los mapuches, está presente la dualidad que divide la sociedad de la región. En 1855, el Fisco chileno tomó la propiedad de todas las tierras que no tuvieran un propietario capaz de demostrar su título, con lo que se despojó de derechos a todas las comunidades que vivían en esas tierras desde hacía siglos y se instauró el imperio de la ley chilena.

Fue en la época en que el río Bío Bío era la temida frontera y se dio paso libre a los colonos llegados de Europa para poblar las tierras. En la región de Purén se establecieron varias familias alemanas y suizas y en la cercana Capitán Pastene se quedaron un grupo de emigrantes italianos. Desde que don José Ramírez se hizo con el fundo comprándolo al Fisco, ha estado en manos de esas familias. El desarrollo de la industria forestal de los años ochenta dio paso al crecimiento de las empresas madereras de las que Forestal Mininco es una de las más representativas.

Enrique Stappung Schwarzlose es el último eslabón de la cadena familiar de colonos propietarios de esas tierras pero no es el único caso porque uno de los fundos vecinos de la familia Yacomuzzi de Capitán Pastene está en la misma situación. Yacomuzzi explicó a este diario que comprende las razones de los mapuches y que justificaba sus acciones porque "usted sabe que guagua que no llora, no mama. Y si no reclamaran nunca les darían nada". El agricultor dice que no tiene conflictos con los mapuches porque les ha prometido que cuando el gobierno tenga el dinero les venderá las tierras.

Stappung, actual consejero por Malleco en el gobierno de la Novena Región, tiene otro punto de vista y opina que nunca estas tierras han sido de los mapuches. Advierte que estas tomas son el resultado de la "irresponsabilidad de los legisladores" que dictaron la Ley Indígena bajo el gobierno de Patricio Aylwin en el año 1993, porque "concedieron derechos fuera de la normativa de la legislación chilena a quienes no los tienen y crearon expectativas desproporcionadas a los mapuches que creen que con esa ley van a tener una solución a todo sus problemas". Para este abogado, que tenía diez años cuando el campo de su padre "fue tomado", la ley se trata de "una bomba de tiempo" que no va parar de "generar conflictos en la zona".

Y, en un razonamiento recurrente de todas las partes implicadas en el conflicto, culpan a los santiaguinos que tienen estos problemas tan lejos, que no necesitan preocuparse de sus efectos, pero que debieran tener cuidado porque según esa ley "cualquier día van a aparecer los descendientes de Michimalonko, que era el cacique de Santiago, reclamando los terrenos de La Moneda y el Presidente Frei va a tener que irse a gobernar desde un barco... La Moneda, según esos principios, también perteneció a los mapuches. Cuatrocientos años es lo mismo que 120 si aplicamos esos principios".

Esta reflexión de Stappung es calificada por Domingo Namuncura como una señal de que todavía hay bandos y que hay sectores que continúan sin entender que la historia debe unirse y debe consensuarse la evolución del asunto mapuche entre todas la partes.

"Stappung tiene la visión tradicional de la derecha agraria chilena y no debe olvidar que esta ley de Pueblos Indígenas que nos manda, es una decisión soberana del Parlamento, discutida y aprobada en democracia. Es hora de darle a esa ley la posibilidad de restablecer las tierras a las comunidades indígenas y esa es nuestra tarea", puntualiza.

Namuncura hace un llamamiento a la empresa privada a integrarse activamente a la discusión y a buscar fórmulas de consenso que permitan avanzar en la desesperada situación mapuche. En sus reuniones con Andrés Ovalle, representante de Forestal Mininco, le explicó que sería mucho menos difícil la convivencia si hubiera más indígenas trabajando en las plantaciones o en la Forestal Mininco: "sería un primer paso para la integración y mejorar la convivencia".