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El Mercurio Electrónico
Santiago de Chile, Domingo 20 de Febrero de 2000
POLEMICA POR DECISION DE ENDESA:
 
Pehuenches Discrepan por Paralización de Ralco
 

Mientras indígenas a favor de la obra advirtieron sobre el impacto que tendrá en la absorción de la mano de obra, quienes rechazan la central esperan la suspención definitiva.
 

CONCEPCION (Patricio Gómez).- Encontradas opiniones en la Octava Región generó la resolución de Endesa de suspender la ejecución de la central hidroeléctrica de Ralco. Mientras el alcalde de Santa Bárbara, René Correa Hermosilla, y los representantes de los pehuenches que están a favor de la obra advirtieron sobre el impacto social que tiene esa resolución y señalaron que pedirán la reanudación de los trabajos, pehuenches en contra de la central y ecologistas que rechazan la construcción expresaron su satisfacción por la determinación de Endesa, dado que ese proyecto no sólo se estaba ejecutando contra la voluntad de una etnia, sino que en forma ilegal al no contar con las autorizaciones necesarias, como las concesiones de los derechos de agua.

El alcalde de Santa Bárbara, René Correa (RN), dijo que la situación es gravísima para una comuna de 18 mil habitantes que tiene un 60 % de cesantía y un alto nivel de extrema pobreza, ya que las obras garantizaban empleo para 1.300 personas, por cuatro años.

Acusó al diputado de la Bancada Verde, Alejandro Navarro, (PS), los ecologistas y las hermanas Quintremán, de desarrollar una campaña política en contra de Ralco, desconociendo la voluntad mayoritaria de los pehuenches que están a favor. "Yo los desafío a reunirse con la mayoría de las comunidades pehuenches. Hago un llamado al Presidente Eduardo Frei para que ponga orden y entregue las autorizaciones que permiten continuar con Ralco, que no sólo beneficia al país, sino a que esta comuna y a los pehuenches", precisó.

Otros partidarios de Ralco, liderados por Ricardo Gallinao, el cacique José Levi y Fernando Curriao, criticaron duramente a las hermanas Quintremán. Estiman que con su actitud están perjudicando a la mayoría de los pehuenches, especialmente a los más de 360 contratados en la construcción de esa central y a 84 de las 91 familias que han aceptado el plan de permutas de Endesa.

Anticiparon que pedirán a Endesa continuar con las obras y una clarificación de qué pasará si se desisten de esa iniciativa con las 50 familias que ya se encuentran radicadas en los fundos El Huachi y El Barco.

En tanto, Agustín Correa Naupa, werquén o vocero de las ocho familias que rechazan las permutas de sus tierras, incluyendo las emblemáticas hermanas Nicolasa y Berta Quintremán, dijo que esperan una paralización definitiva de ese proyecto, porque ya ni siquiera tiene el sustento legal para poder continuarlo.

Advirtió que está claro que esas ocho familias no saldrán de sus tierras ancestrales ni aceptarán las permutas de tierras que les ofrecen sino que tampoco contarán con los derechos de agua que actualmente tiene Nicolasa Quintremán. Agregó que llama la atención que esa determinación se produzca luego que estuviera bastante avanzada la construcción de la caverna subterránea de máquinas con tres túneles y cuando se aprestaban a materializar el muro de hormigón de la represa, que deberá contener los 1.200 millones de metros cúbicos de agua. "Eso implica que no podían continuar trabajando en forma ilegal. Además saben que no saldremos de nuestras tierras, porque no permitiremos el genocidio de la cultura y las tradiciones del pueblo pehuenche", dijo.

Correa estimó que en esa determinación deben haber tenido una participación destacada los ejecutivos españoles de Endesa, que siempre han estado más abiertos a escucharlos. "Ellos saben además que se exponen a una acusación de genocidio en contra de los pehuenches, dado que esa figura legal es considerada por la legislación española, siendo una alternativa que estamos evaluando", advirtió.

Admitió que en ello también pudo incidir la acogida que han tenido en España las hermanas Quintremán y el lonco Antolín Curriao en los dos viajes realizados a esa nación europea para explicar la posición de las familias que rechazan el proyecto.

Correa Naupa indicó que se encuentran en estado de alerta y dispuestos a movilizarse si Endesa, más adelante, persiste en continuar con las obras, ya que anteriormente también hubo un anuncio similar y no fue más que engaño.

Cristián Opazo, del Grupo de Acción por el Biobío, dijo que lo ocurrido es lo más sensato que puede hacer Endesa, dado que es un proyecto inviable legal y políticamente. "Ojalá que ello no responda a nueva presión para obtener la concesión eléctrica definitiva para ese proyecto. Es de esperar que el Presidente Frei cumpla con la ley y no siga actuando como un empresario del sector eléctrico", precisó.

Dijo que para evitar un clima de tensión en el Alto del Biobío de ser definitiva la paralización del proyecto, el Gobierno debe implementar planes de empleo de emergencia para absorber la mano de obra pehuenche (360 personas) de 1.300 que trabajaban en las obras de construcción de la central.

No se descarta que partidarios y detractores realicen manifestaciones públicas. Ello, repetiría el clima de tensión que se vivió con la anterior suspensión de las obras por una resolución judicial favorable a las hermanas Quintremán, en septiembre del año pasado. La vigilancia policial dispuesta evitó graves enfrentamientos en una comunidad pehuenche profundamente dividida, incluso a nivel de las familias.

La central hidroeléctrica tiene un costo total de 540 millones de dólares, y debe estar operando el 2002 con una potencia de 570 megawatts. Hasta la fecha, las obras ejecutadas implican una inversión de 154 millones de dólares.
 


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