DIRECTOR DE LA CONADI:
Gobierno Insta a Aclarar Atentados Forestales
La Corporación de la Madera exigió también el máximo celo en la investigación. Corte de Apelaciones de Temuco postergó decisión de nombrar ministro en visita.
Diputados Tuma y Navarro solicitaron al Ejecutivo aplicar la Ley Antiterrorista en la zona para facilitar la acción de los tribunales de justicia y definir los autores de los recientes hechos de violencia.
El director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Rodrigo González, dijo ayer que el gobierno espera un pronto esclarecimiento de los atentados ocurridos en el sector forestal.
Tras un breve encuentro con el Ministro Secretario General de la Presidencia, José Miguel Insulza, González aseveró que más importante que configurar hipótesis sobre los autores de los recientes hechos de violencia, la misión del Gobierno es garantizar que la Justicia pueda operar para que sea ella la que ubique a los responsables de estos hechos.
González recalcó que cualquier atentado es sumamente condenable, por lo que toda la gente que dispone de antecedentes debe hacerlos llegar a los tribunales porque este tipo de hechos no pueden seguir ocurriendo, ya que lo único que hacen es perjudicar la causa mapuche.
El personero se refirió así a los antecedentes entregados ayer al Ministro Insulza por los diputados Alejandro Navarro (PS) y Eugenio Tuma (PPD) que inculpan a la empresa de seguridad OSEPAR que opera en el sur del país y que habría generado en forma artificial ataques a los guardias de las madereras a fin de provocar un clima de inestabilidad y vender sus servicios a dichas empresas.
Ambos parlamentarios solicitaron al Ejecutivo aplicar la Ley Antiterrorista a fin de utilizar la delación compensada y la colaboración eficaz, sistemas que permitirían que los implicados puedan presentar sus testimonios sin el temor a represalias.
El titular de la Conadi dijo que la tesis de los autoatentados o la participación de terceros no son tesis nuevas dentro del conflicto, reiterando que no le corresponde al Gobierno analizarlas sino que a los tribunales de Justicia.
Los diputados Tuma y Navarro, en tanto, manifestaron la necesidad de que se aplique la Ley Antiterrorista para evitar que se genere una escalada de violencia y para que se aíslen los sectores que se niegan a buscar soluciones por medio del diálogo con el gobierno.
Sostuvieron que, además, existen severas dudas sobre la autoría de los recientes atentados a las empresas forestales por lo que es necesario investigar la posibilidad de que una empresa de seguridad esté generando "autoatentados" para incrementar sus ingresos.
"Nos hemos encontrados con declaraciones en que brigadistas forestales se autoinculpan de hechos que atentan contra la propiedad de las forestales, contra la propiedad y las personas de los indígenas, de vecinos de las propiedades y también contra la propiedad de los propios bienes de las empresas de seguridad", explicó el diputado Tuma.
El parlamentario agregó que aunque la labor del ministro en visita Leopoldo Llano ha sido eficaz, lo sería aún más si dispusiera de los instrumentos jurídicos de resguardo a los informantes que entrega la Ley Antiterrorista.
Respecto a la empresa responsable de estos actos, Tuma sostuvo que ella es OSEPAR, que ha conformado varias sociedades con los mismos dueños a fin de eludir la ley laboral y cuyos trabajadores han reconocido que han sido inducidos a generar incidentes para lograr contratos y mejores sueldos.
Indicó que el Ministro Insulza estudiará la situación y que responderá en el corto plazo a sus demandas.
Corma Exige una
Acuciosa InvestigaciónEn Temuco, la Corporación Chilena de la Madera (Corma) estimó necesario que los tribunales de justicia desarrollen una acuciosa investigación, con el objetivo de aclarar quiénes están detrás de los atentados incendiarios que en los últimos dos años han afectado a las empresas forestales. La agrupación de empresas forestales se mostró abierta a que se investiguen las empresas de seguridad que prestan servicios a las madereras, especialmente a aquellas que han sido objeto de cuestionamientos por parte de ex trabajadores, que aseguran fueron en algún momento obligados a perpetrar atentados para inculpar a mapuches, aunque estimó poco probable que dichas afirmaciones pudiesen ser verídicas.
El gerente regional de Corma, Emilio Guerra, dijo que sin embargo no deben confundirse las denuncias con el hecho ocurrido el sábado pasado en la comuna de Collipulli, en que tres guardias forestales resultaron gravemente quemados luego de ser emboscados por supuestos grupos mapuches de la zona, que reclaman como propios predios de la empresa Mininco.
En este mismo sentido el Intendente (s) de la Región de la Araucanía, Alberto Espinoza, llamó a confiar en la investigación de los tribunales. Frente a la posibilidad de que el incidente del fin de semana pasado haya sido un "atentado" la autoridad regional calificó de "demencial" tal supuesto y sostuvo que "no puede concebir que haya tanta maldad como para que estos trabajadores se hayan prendido fuego ellos mismos para inculpar a mapuches".
Una opinión en el mismo sentido expresó ayer el gerente de asuntos públicos de forestal Mininco, Rodrigo Hermosilla, criticando que se le dé tribuna a un dirigente como Víctor Ancalaf, que hace seis años fue condenado por provocar incendios forestales.
Señaló que la empresa ha sido históricamente muy cuidadosa en la selección de las empresas de servicios que contrata, explicando que sólo desde agosto pasado y con motivo del atentado incendiario que destruyó dos casas patronales en Rucañanco, también en Collipulli, se contrataron por primera vez guardias de seguridad. Recordó, además, que personal de Mininco supervisa en terreno que los contratistas se apeguen a los contratos y por sobre todo a la ley.
Postergan Ministro En Visita
En medio de estas denuncias, la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió postergar la decisión de designar un ministro en visita para que investigue el atentado incendiario que dejó gravemente heridos a tres guardias de Mininco. El presidente del tribunal de alzada, Julio César Grandón, señaló que los integrantes de la sala de verano acordaron solicitar a la jueza de Collipulli, Georgina Solis, que remita los antecedentes reunidos hasta el momento para resolver posteriormente. De esta forma se prevé que no antes de este viernes se resolvería la petición del Gobierno.
En tanto, Pablo Iturriaga, gerente de la empresa Osepar, cuyos ex trabajadores declararon haber sido obligados a cometer autoatentados para inculpar a mapuches, con el supuesto objetivo de subir los honorarios a las forestales que los contratan argumentando un alto riesgo en la función, calificó de "ridículas" las afirmaciones, acusando al diputado Eugenio Tuma de amparar a violentistasque comunicacionalmente intentan exculparse de responsabilidades cuando se cometen actos tan brutales como los el sábado pasado.
Alcalde Mapuche
En Tirúa, provincia de Arauco, el único alcalde mapuche del país, Adolfo Millabur, solicitó ayer la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de empresas de seguridad y forestales que han sido denunciadas de realizar montajes para incriminar a mapuches en incendios intencionales y atentados. "Esto demuestra que la violencia no viene del pueblo mapuche", precisó. Ello, tras conocerse de una serie de testimonios de guardias y ex funcionarios que dicen haber sido presionados para realizar ese tipo de acciones para poder mantener sus fuentes laborales.El edil llamó a los trabajadores forestales a no involucrarse en hechos delictuales en contra de los mapuches y los instó a denunciar esas situaciones y los responsables de instigarlas. Millabur acompaña a la ex Primera Dama de Francia, Danielle Mitterrand, que desde el lunes y hasta hoy visita comunidades mapuches de la Octava Región, en la provincia de Arauco. Ayer se reunió con representantes mapuches de la Novena Región y de pehuenches del Alto del Biobío, entre ellas las hermanas Nicolasa y Berta Quintremán, las más acérrimas opositoras al proyecto de la central Ralco.