Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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El Mercurio Electrónico
Santiago de Chile, Jueves 30 de Marzo de 2000
TEMUCO:
Designado Ministro por Agresión Mapuche
 

Decisión la adoptó pleno extraordinario de la Corte de Apelaciones de Temuco ante grave hecho de violencia.

Juez deberá investigar si hubo delitos de secuestro, desacato, desórdenes y daños provocados por 35 indígenas que ocuparon juzgado de letras de Collipulli.
 

TEMUCO/CONCEPCION (Iván Fredes y Patricio Gómez).- El pleno extraordinario de la Corte de Apelaciones de Temuco designó como Ministro en Visita al magistrado Julio César Grandón para que se aboque al conocimiento e investigación de los presuntos delitos de secuestro, desacato, desórdenes y daños, perpetrados durante la violenta ocupación indígena del Juzgado de Letras de Collipulli.

Los ministros del tribunal de alzada, reunidos en pleno, atendida la gravedad de los hechos ocurridos el martes último, adoptaron la decisión luego que el ministro, Lenín Lillo, expusiera detalladamente las circunstancias en que se produjo la ocupación por un grupo de 35 mapuches, encabezado por el vocero de la radicalizada Coordinadora Arauco-Malleco, Víctor Ancalaf.

El presidente de ese tribunal de alzada, Leopoldo Llanos, sostuvo que podía constituirse en un hecho gravísimo e inédito en la historia del Poder Judicial si se acredita la comisión del delito de secuestro del ministro Lillo, la jueza Georgina Solís y los restantes siete funcionarios judiciales.

Al mismo tiempo, calificó la ocupación del tribunal como una maniobra para presionar a la au-
toridad judicial y a sus órganos jurisdiccionales.

Durante la ocupación, los indígenas retuvieron por diez minutos al ministro Lillo y por dos horas a la jueza Solís y a los siete funcionarios judiciales, todos los cuales no sufrieron agresiones físicas, pero sí verbales, según declaró Lillo en su informe ante el pleno.

Los manifestantes mapuches, después de irrumpir en el inmueble, agredieron y expulsaron a un carabinero que cumplía funciones de protección y control, luego pusieron gruesas cadenas y candados para cerrar la puerta de acceso y prohibieron la entrada y salida de los funcionarios del Poder Judicial.

Los indígenas, antes de abandonar voluntaria y pacíficamente el local, provocaron daños en puertas y ventanas del edificio.

Ancalaf dijo que su propósito fue exigir la inmediata libertad de los mapuches procesados "injustamente" por la comisión de diversos delitos perpetrados por comuneros pertenecientes a la agrupación que representa.

El ministro Grandón, quien se constituirá en el mencionado tribunal en las primeras horas de hoy, según anticipó tras su nombramiento, también instruye otras dos investigaciones en su calidad de juez especial por requerimiento de la Ley Interior del Estado.

Grandón mantiene procesados a 16 personas, todas de ascendencia indígena, por existir presunciones fundadas de su participación en atentados incendiarios contra una vivienda de la hacienda Rucañanco (Collipulli) y dos retroexcavadoras (Ercilla).

Atribuciones
Asumidas

El presidente del tribunal, Leopoldo Llanos, precisó que la designación de un juez especial obedece a las atribuciones establecidas en los incisos segundos de los artículos 50 y 560 del Código Orgánico de Tribunales.

El primero faculta a los ministros para constituir tribunales unipersonales en las causas civiles y de las criminales en que sean parte o tengan interés.

El segundo establece su designación cuando se trate de investigación y juzgamiento de crímenes o simples delitos que produzcan alarma pública y exijan pronta represión por su gravedad y perjudiciales consecuencias.

Se Debe Investigar
Eventual Secuestro

Leopoldo Llanos subrayó que el ministro Grandón debe investigar todos los delitos denunciados, "como la posible comisión de un secuestro de un ministro, una jueza y funcionarios del Poder Judicial, a quienes se les privó de libertad, además de desacato, daños y desórdenes".

El presidente del tribunal manifestó que por ahora no está contemplada la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Explicó que, en términos generales, se entendía como secuestro cuando a las personas se les priva de su libertad en un espacio determinado.

Llanos dijo que el ministro Grandón no tiene un plazo predeterminado para su investigación porque son delitos comunes y como cualquier proceso criminal simplemente tienen que cumplirse los objetivos de la misma, que es establecer el cuerpo de los delitos y los responsables de ellos.

Los 14 detenidos, puestos ayer a disposición de la jueza de Collipulli, Georgina Solís, fueron trasladados a las 16 horas a la cárcel de Temuco desde el penal de esa ciudad.

El presidente del tribunal de alzada hizo presente la preocupación existente entre los miembros de los tribunales de la región por el hecho de que se está incurriendo en maniobras que significan algún tipo de presión para incidir en las decisiones de los tribunales.

Aumentan Procesados
El magistrado Llanos, quien también instruye una investigación por dos atentados incendiarios en Collipulli y Ercilla, registrados en los últimos días de febrero pasado, declaró que aumentaron a cuatro los procesados en su causa.

Estos son José Merinao, Enrique Millalén, Daniel Tori y Pedro Maldonado Urra, yerno del lonco de la comunidad de Catriñancul.

Están procesados por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, por existir pre-sunciones fundadas de haber participado directamente en la emboscada y atentado con bombas incendiarias contra una camioneta ocupada por tres brigadistas forestales.

Libre Vocero
En tanto, en la Región del Biobío, en libertad bajo fianza quedó ayer el otro vocero de la radicalizada Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, José Huenchunao.

Este había sido detenido luego del desalojo por carabineros de una treintena de indígenas que ocuparon la semana pasada la hacienda Lleu-Lleu, en la comuna de Tirúa, de propiedad del empresario Osvaldo Carvajal.

La determinación la tomó el titular del Juzgado de Crimen de Cañete, Jaime Alvarez, tras someter a proceso a Huenchunao por el delito de daños a la propiedad privada. Anteriormente había sido procesado por un atentado incendiario a un campamento forestal de Bosques Arauco, en la comuna de Los Alamos.
 
 


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