Con Aporte de Conadi: Oferta de Compra de Fundo Puso Fin a 'Toma' Mapuche
El Mercurio en Internet Miércoles 8, de Abril de 1998 Comunidad indígena desalojó voluntariamente anoche el predio en Loncoche, resolviéndose así el nuevo litigio de tierras.LONCOCHE (María Angélica Venegas).- Unos 300 millones de pesos destinaría la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, para resolver el litigio de tierras que mapuches de esta comuna mantienen con un particular y que motivó una "toma" ilegal durante 48 horas como medida de presión para acelerar el proceso de compra.
La presidenta de la comunidad José Antillanca de Loncoche, María Carrillo, señaló que anoche los ocupantes del predio lo abandonaron e iniciaron el regreso a sus casas, dando por resuelto el conflicto.
Según señalaron altas fuentes de Conadi, ello fue producto de negociaciones que se extienden desde el año pasado y que en nada se relacionan con las movilizaciones iniciadas el lunes último por una veintena de indígenas y que culminaron hoy, tal como lo acordaron representantes del Gobierno y de la comunidad.
Si bien ayer los directivos de la Conadi declinaron pronunciarse públicamente sobre el posible efecto multiplicador de este conflicto, se enfatizó que la acción de fuerza no alterará los planes de compra de predios en litigio para este año.
Ello significa que se materializarán las soluciones conforme se llegue acuerdo con los propietarios y si ello no sucede, se avanzará en la medida que las comunidades acepten predios distintos a los que reclaman, como ocurrió en el caso de Purén el mes pasado.
Este año el Fondo de Tierras y Aguas, instrumento de que dispone la Corporación de Desarrollo Indígena para aumentar los territorios habitados por las étnias originarias, cuenta con un presupuesto de $ 5.800 millones.
Se estima que este año se alcanzarían a resolver unos 50 conflictos a lo largo del país, lo que representa alrededor del 30 % de la demanda real en materia de tierras.
NIEGAN QUE SEA TOMA
En Loncoche, en tanto, dirigentes de la comunidad José Antillanca explicaron que más que pretender acelerar el proceso establecido por el Fondo de Tierras y Aguas, la "recuperación de las tierras" obedece a la inquietud derivada por el perjuicio ecológico y cultural que significa para ellos el hecho que el municipio local realice trabajos de extracción de áridos -en un predio de su propiedad- que también será adquirido por el organismo indígena.
"Lo que reclamanos es que una vez que los particulares saben que existen los recursos para comprar, se dedican aceleradamente a extraer todas las riquezas antes de irse, lo que no nos parece justo", criticó Edith Carileo, presidenta de las organizaciones mapuches de Loncoche.
Ayer los ex ocupantes del predio alcanzaban a las 50 personas, la mayoría niños de corta edad y adultos mayores. Insistieron que para ellos no se trató de una "toma", sino del ingreso a territorios que en el pasado les fueron "usurpados" por agricultores en 1949.
Carabineros del sector había realizado discretos patrullajes por las cercanías, sin que se registraran incidentes.
A diferencia de los dos más graves conflictos territoriales registrados en los últimos meses en Purén y Lumaco, aquí los afectados por la acción de fuerza sí están dispuestos a vender, pero advierten que podrían suspender las negociaciones con el gobierno de repetirse futuras "tomas".
El agricultor Roberto Spuler confirmó que el espera vender en $ 2,5 millones cada una de las 93 hectáreas de su propiedad, con la condición -dijo- que le sea comprado todo el terreno y no una porción de él. Por su parte, el alcalde Arturo Pineda no entregó un valor por la hectárea que posee el municipio y que también reclaman los mapuches.
REUNIONES EN TEMUCO
Durante la jornada, asesores y jefes de programa de la Conadi se mantuvieron reunidos en la dirección nacional con sede en Temuco, evaluando la situación registrada en Loncoche y los posibles nuevos conflictos. Si bien se excusaron de entregar detalles, se conoció que el organismo estatal se mantendrá firme en la decisión de no ceder a presiones para alterar el orden ya establecido en la adquisición de predios en litigio.
En Concepción, en tanto, el gerente regional de la Corporación Chilena de la Madera, Emilio Uribe, calificó de "gravísima" esta nueva medida de violencia en contra de la propiedad privada.