TEMUCO (María Angélica Venegas).- La decisión de excluir de los listados de soluciones en materia de compra de tierras a las comunidades indígenas que protagonicen futuras tomas en predios particulares, anunció ayer el director nacional de la Corporación de Desarrollo Indígena, Domingo Namuncura.

Dijo que ésta es la única forma de evitar que las situaciones de presión registradas en la Araucanía se extiendan a otras regiones y se tornen incontrolables para el Gobierno.

Además, informó que se iniciará una investigación para esclarecer las presuntas instigaciones a ocupaciones ilegales que elementos foráneos estarían realizando al interior de las comunidades mapuches, situación considerada por las autoridades como absolutamente ajena a la forma cómo esta etnia ha expresado históricamente sus demandas.

Namuncura declinó confirmar si la entidad posee antecedentes específicos sobre este punto, y si los presuntos agitadores serían elementos del Partido Comunista -como denunció el alcalde de Loncoche, Arturo Pineda- o bien los propios particulares con el objeto de crear un clima artifical del problema, de modo de especular con el precio de los fundos que adquirirá la Conadi para resolver los conflictos.

Ello, porque en las últimas dos ocupaciones registradas en Purén y Loncoche fue la organización comunista Ad Mapu la que apareció como vocera de las demandas de tierras de las mapuches. Además, coincidentemente, en ambos casos la Conadi estaba en conversaciones con los propietarios de los predios para alcanzar un acuerdo comercial de compra.

Sin embargo, el vicepresidente de Ad Mapu , Mario Mila, aclaró que ellos sólo han apoyado a las comunidades en su "lucha". Consideró como un elemento distractivo del problema real -la falta de tierras- el que algunas autoridades políticas hablen de infiltraciones en el movimiento de recuperación de territorios ancestrales.

REUNION EN TEMUCO

La decisión de eliminar de los listados de espera a aquellos grupos que se vean involucrados en situaciones reñidas con la legalidad fue comunicada ayer a los directivos de la Conadi zona sur en el marco de una reunión convocada por Namuncura en Temuco, sede de la dirección nacional de organismo estatal.

Ya en 1996, el consejo de la Conadi -integrado por representantes del Gobierno y dirigentes indígenas elegidos por las propias comunidades- había resuelto no modificar el orden de importancia establecido en los listados de espera pese a que las comunidades presionaran para ello a través de tomas.

Luego de los graves incidentes de Lumaco, ocurridos en diciembre del año pasado, cuando mapuches incendiaron una caravana de camiones forestales como parte de acciones reivindicativas de un predio, la entidad afirmó que no negociaría soluciones para los demandantes cuando se registraran situaciones que amenzaran el estado de Derecho.

Pese a esas advertencias, en febrero pasado otro grupo de mapuches protagonizó incidentes en Purén, los que culminaron con el acuerdo que el gobierno adquiriría otras tierras para ellos ante la negativa de la forestal Mininco a vender. A ello se sumó esta semana el ingreso ilegal a otro predio en Loncoche por parte de la comunidad José Antillanca, el que culminó con el compromiso de venta alcanzado entre la Conadi y sus dueños.

Para detener una posible escalada de futuras tomas - aunque no reconocido directamente por el Gobierno- Namuncura enfatizó ayer que en adelante aquellas comunidades que han sido priorizadas en sus demandas territoriales y que se involucren en esos hechos perderán el cupo y éste les será otorgado a otros grupos.

"No se trata de sancionarlos ni de reprimir sus demandas, sino de privilegiar el diálogo y mantener los conductos establecidos para resolver problemas que sabemos son reales", afirmó el personero.

Para que una comunidad alcance el beneficio de compra de predios en litigios transcurren en promedio tres años, período que demoran los estudios legales e históricos que acrediten que en el pasado les pertenecieron, además del posible acuerdo con sus actuales dueños.

Para 1998 se estima que los $ 5.800 millones asignados al Fondo de Tierras y Aguas, instrumento mediante el cual la Conadi da curso a la compra de tierras en conflicto, así como también a derechos de agua, permitirá resolver unos 59 litigios en todo el país, el 30 por ciento de la demanda total.

Dicha cifra de solución podría sufrir modificaciones dependiendo del acuerdo final a que se llegue en materia de precios. Para evitar alzas desmedidas, la autoridad ha optado por mantener en reserva cuáles serán los beneficiados durante este año, limitándose sólo a informar a los respectivos favorecidos.

DEMANDA HUILLICHE

Asimismo, en la Décima Región, la Conadi anunció que está dispuesta a adquirir una parte del predio de 120 mil hectáreas que el empresario estadounidense Jeremia Henderson compró en la comuna de Quellón, isla de Chiloé, para asegurar la permanencia de 70 familias huilliches que viven en ese sector sin títulos de dominio legalmente extendidos.

De esta forma el organismo gubernamental espera facilitar las negociaciones iniciadas en julio de 1997, luego que el propio ciudadano extranjero ofreciera donar mil 500 hectáreas a la comunidad indígena de Piedra Blanca y permutar o vender una superficie similar al Ministerio de Bienes Nacionales.

Sin embargo, debido a que los representantes huilliches reivindican un total de cinco mil hectáreas, argumentado títulos de propiedad extendidos por España en 1825, las partes aún no llegan a un acuerdo.

José Luis Queipul, director de Conadi X Región, explicó que la corporación está dispuesta a usar recursos de su fondo de tierras y aguas para solucionar el problema, del mismo modo que este año ocurrirá con la comunidad Antiñir-Ormero de Osorno, a la cual traspasará tres predios que previamente comprará en $ 500 millones.

Detalló que en la negociación trabajan coordinadamente Bienes Nacionales, Conadi, la comunidad de Piedra Blanca y el consejo de caciques de Buta Huapi Chilhue (isla de Chiloé), instancias que han mantenido un contacto permanente con Henderson.

De este modo, si el estadounidense mantiene su oferta, en cuanto a donar y vender aproximadamente 2 mil 500 hectáreas en total, Conadi podría asumir la compra de otras 2 mil 500, las cuales serían tasadas por peritos del Banco del Estado.

"Para que la solución se concrete no sólo tiene que concurrir la voluntad del Gobierno, sino también del particular. Todo pasa por esa negociación, pues no existe la posibilidad de expropiar o algo similar", planteó Queipul.

Los caciques huilliches reclaman la propiedad de los terrenos en virtud de títulos de dominio concedidos en 1825 por la corona española -antes de la anexión de Chiloé al país, concretada al año siguiente- y amparados en la Ley Indígena promulgada durante el Gobierno del ex mandatario Patricio Aylwin.

Si bien en un principio el extranjero pensaba impulsar un proyecto forestal en la zona -aprovechando los cerca de 10 millones de metros cúbicos de madera nativa allí existentes, suficientes para abastecer con leña al millón de habitantes de la X Región durante seis años-, ahora ha derivado sus planes hacia iniciativas de tipo turístico.

El predio corresponde a un paño que va de costa a costa, rico en bosques de coigue y tepa. Incluye los lagos Chaiguata, Yaldad y Chaiguapo. Es de muy difícil acceso, al punto que hasta Inío y Piedra Blanca, en donde se concentran mayoritariamente las familias huilliches, sólo se puede acceder por vía marítima.