Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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Nº 970 - Del 11 al 17 de febrero del 2000
Crónica

Otra querella en España
Etnocidio en el Alto Bío-Bío

Durante fines de febrero y principios de marzo de 1999, estuvo en el tapete de la prensa nacional la detención de la joven española de 19 años Patricia Ballestero y el estadounidense Lee Pope, quienes vinieron a solidarizar con el pueblo mapuche.
Incluso, el intendente de la Octava Región, Martín Zilic,dispuso su expulsión del país, acusándolos de actuar como agitadores en el conflicto entre los indígenas del Alto BíoBío y la central hidroeléctrica Ralco, y de participar enlos incidentes ocurridos entre carabineros y mapuche-pehuenches.
Finalmente, y después de un mes de tramitación, quedó en evidencia la inocencia de los acusados, y la Corte Suprema acogió el recurso de amparo que interpuso el abogado Roberto Celedón.
Es que rganismos que solidarizan con el pueblo mapuche y se oponen a la instalación de la Central Ralco, no existen sólo en Chile. De hecho, en España, el gobierno de las islas Baleares distribuye periódicamente un boletín informativo en donde se rechaza terminantemente las políticas que justifiquen la exterminación,directa o indirecta, de los pueblos indígenas, y específicamente del pueblo mapuche.
Muchas han sido las cartas enviadas a Endesa España, solicitando terminar con este proyecto. Una de éstas la envió desde Ecuador el Coordinador Latinoamericano de Pastoral Indígena, Xavier Albó,quien destaca que "el convenio 169 de la OIT subraya el derecho de los pueblos indígenas a las tierras y territorios que ocupan, incluida la utilización, administración y conservación de los recursos naturales ahí existentes. Para el caso de los grandes proyectos,se enfatiza ahí la necesidad de consultas y acuerdos "antes de emprendero autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos", y cualquier reubicación debe ser muy excepcional y efectuarse en forma libre, consensuada y con pleno conocimiento de causa. Sólo tal vez en caso de guerra y desastre natural podría explicarse un traslado forzoso, siempre dentro de las leyes y con indemnizaciones y con nuevas ubicaciones equivalentes. Pero en este caso se trata de un proyecto que tiene, además, serias objeciones sociales e incluso ecológicas y económicas, por mucho que pueda resultar lucrativa para los accionistas".
La comunidad pehuenche también ha enviado cartas a Endesa España,señalando que no se retirarán de sus tierras y tampoco las permutarán, debido a que para ellos es parte integral de su identidad y fundamento de su cultura.
Añaden que, con la ayuda de sus abogados, iniciarán acciones legales en las Cortes de España para defender sus territorios.
En estas acciones legales se encuentra el abogado representante del pueblo mapuche, Roberto Celedón, quien estudia, junto a un equipo jurídico español y otro estadounidense, una demanda por etnocidio.La querella se iniciará durante el segundo semestre de este año y, como será presentada en España se basa principalmenteen la ley española sobre genocidio y en la ley internacional indígena.
De hecho, la ley española señala, entre otros puntos,que:
- "Se impondrá la pena de prisión de 15 a 20 años,si se agredieran sexualmente a alguno de sus miembros (de comunidades indígenas)o produjeran alguna de las lesiones prevista en el artículo 149".En este artículo se hace referencia a lesiones físicas y síquicas, por lo que Endesa podría ser sancionada debido a que en más de una ocasión personas contratadas por la empresa han agredido a miembros de la comunidad pehuenche.
-"Se sancionará con prisión de 8 a 15 años, si sometieran al grupo o a cualquiera de sus individuos a condiciones de existencia que pongan en peligro su vida o perturben gravemente su salud, o cuando les produjeran algunas de las lesiones previstas en el artículo150". Con este artículo, Endesa también podría ser sancionada por el hecho de pretender quitarles las tierras, engañarlosy presionarlos en las supuestas permutas, y además porque los territorios que les ofrecen a cambio son inhabitables. En este punto se agrega el incisoque señala que:
- "Con la misma pena, si se llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o sus miembros, adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro".
Y finalmente, se señala que "La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en este artículo, o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos,se castigará con la pena de prisión de uno a dos años".
Este es un punto que podría afectar incluso al gobierno de Frei, ya que él impulsó este proyecto, violando la ley indígena,destituyó a directores de la Conadi que se oponían a la construcción de la hidroeléctrica, como Domingo Namuncura y Mauricio Huenchulaf,e incluso destituyó por lo mismo a dos de sus representantes legales.
Al respecto, el abogado señaló que la querella en estudio tiene solidos fundamentos jurídicos basados en la legislación internacional y española: "Sería la primera vez que se presente una querella por etnocidio, cuando se encuentra en un estado de tentativa o conspiración para la comisión de este delito. En ese sentido no hay precedentes a nivel internacional. Por eso, aquí está trabajando un equipo de abogados de distintos países: España,Estados Unidos y Chile. Se trata de perseguir la responsabilidad penal de los que dirigen actualmente la empresa Endesa, y de quienes han sido co-partícipes en la toma de decisión. En España hay preocupación de cómo podría perseguirse la responsabilidad de aquellos que aquí en Chile han permitido, por acción u omisión, el delito de etnocidio, atendido el hecho de que hay dos documentos oficiales de organismos públicos chilenos que denuncian que la realización de este proyecto implicaría un etnocidio.Por lo tanto, el Estado chileno no podría alegar desconocimiento.Este es un tema sumamente delicado porque afectaría a personeros del actual gobierno. Requiere un estudio muy acucioso, pero en definitiva será la justicia española la que determine quiénes son los responsables de la comisión  de este delito, aunque sea en grado de tentativa o conspiración".


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