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CRONICA  
26 de Febrero de 2000

Pablo Iturriaga presentó una querella por injurias y calumnias por acusaciones que lo vinculan con atentados a forestales 
Ex jefe de seguridad de Mininco denunció montaje en su contra 

Empresario aseguró que su relación contractual con Mininco terminó en agosto de 1999, tras perder una licitación que se adjudicó la empresa de seguridad ASS, con la cual niega tener alguna relación. 
Fredy Palomera, Temuco 




En contraste con las declaraciones de Iturriaga, ayer los parlamentarios Guido Girardi y Eugenio Tuma reiteraron su tesis de los autoatentados y su vinculación con la empresa Osepar. 

(Foto: ALEJANDRA DE LUCCA)


Rechazan vínculo
Su total rechazo a la posibilidad de que los hechos de violencia ocurridos en predios forestales sean "autoatentados" expresó ayer el gerente de Asuntos Públicos de Forestal Mininco, Rodrigo Hermosilla, interpretando aquello como "una maquinación de los que lideran a las personas, en su mayoría mapuches, que están declarados reos y a punto de ser condenados por otros hechos y que, viéndose encerrados por la Justicia, ocupan cualquier artificio para salir de ello". Agregó que le parecía insólito que se piense que los trabajadores heridos por el último ataque pudieran haber atentado contra sí mismos, "o que el carabinero que resultó herido con un hacha en su espalda en mayo del año pasado se hubiera atacado a sí mismo". Respecto de las compañías de seguridad que les proveen guardias, señaló que han sido investigadas sin detectarse anomalías. Recalcó además que Mininco nunca ha trabajado directamente con Osepar, sino con una firma relacionada durante el primer semestre de 1999. Por último, recordó que la confesión de los ex guardias no se refería a ningún hecho que hubiera ocurrido en algún predio de Mininco. 

Diputados 
El vicepresidente del PPD, diputado Guido Girardi, y su homólogo Eugenio Tuma, solicitaron al Gobierno la presentación de una querella y requerimientos por asociación ilícita terrorista en contra de quienes resulten responsables de los hechos denunciados el jueves por ex trabajadores de empresas de seguridad que prestan servicios a empresas forestales de la Región de la Araucanía. 

Ello, luego que dos personas que se identificaron sólo como ex guardias forestales declararon a la prensa que por orden del dueño de la empresa Osepar, Pablo Iturriaga, tres de sus jefes de terreno -Cristián Gañán, Adrián Lavín y Alvaro Villagrán- los obligaban a hostigar a los mapuches y dañar los bienes de las empresas forestales con el fin que éstas siguieran contratando sus servicios. 

Girardi y Tuma señalaron que los hechos denunciados son "verdaderos actos de terrorismo que deben ser investigados por los tribunales de justicia" y agregaron que es necesario que se aplique la Ley Antiterrorista "no sólo por la gravedad de los hechos", sino porque "entrega instrumentos jurídicos como la delación compensada, que permite desarticular grupos terroristas". 

Los parlamentarios afirmaron que la próxima semana se reunirán con el ministro del Interior, Raúl Troncoso, y el subsecretario Guillermo Pickering, para entregarles los nuevos antecedentes y solicitarles que "pidan a la Corte de Apelaciones de Temuco que designe un ministro en visita para investigar los hechos denunciados". 

En cuanto a la veracidad de las denuncias, Tuma dijo que "es lo que deben investigar los tribunales de justicia" y agregó que las declaraciones de los ex guardias "coinciden con los partes de Carabineros y con los antecedentes que se manejan en tribunales". Añadió que la versión de los autoatentados es verosímil, porque "tiene detalles que sólo puede saber alguien que estuvo en el momento de los hechos". 

Una querella por injurias y calumnias presentó ayer ante la Corte de Apelaciones de Temuco el empresario y ex oficial de Ejército Pablo Iturriaga, dueño de la empresa de seguridad Osepar, debido a las acusaciones que se le han hecho de ser quien daba las órdenes de atentar contra intereses de empresas forestales para culpar a los mapuches, mientras prestaba servicios para Forestal Mininco. 

El libelo acusatorio es en contra de Leticia Fonseca Araneda y Gerson Espinoza, madre y hermano de Leonardo Espinoza -ex brigadista que se suicidó el año pasado supuestamente afectado por haber cometido tales actos-, a quienes imputa haber iniciado una serie de acusaciones en su contra por la muerte de este último. 

Respecto a los encapuchados que el jueves lo acusaron de incitar los autoatentados contra Mininco para justificar la presencia de brigadistas en la zona, aseguró que por el momento no podía hacer nada. "Que entren a mi oficina y lo digan en mi cara", afirmó, sin descartar que éstos podrían estar siendo utilizados. Así, denunció un manejo comunicacional "amarrado a una madre que está sola por el suicidio de su hijo, de lo cual algunas otras personas han hecho causa común. Esto lo toman políticos y con su trabajo, que también es comunicacional, lo tratan de explotar y desvirtuar el problema real". 

DEFENSA

El ejecutivo desmintió categóricamente las acusaciones, indicando que proveyó a Mininco de personal brigadista para el combate y prevención de incendios forestales en un número de trabajadores que iba desde los 10 a los 30, y que las motivación de quienes le acusan sería desvirtuar lo que está ocurriendo hoy en los sitios conflictivos, cuando ya no trabaja con su gente en la zona. 

Aseguró que su relación contractual con Mininco se inició en enero de 1998 y terminó en agosto del año pasado, tras perder en julio una licitación privada, que fue adjudicada a la actual empresa que trabaja para Mininco -ASS- con la cual asegura no tener relación alguna, ni siquiera a través de algún familiar. 

Iturriaga posee tres empresas -Osepar, Esedpa y una tercera sin nombre de fantasía- cuyos funcionarios desempeñan labores como telefonistas, aseo, capacitación, guardias y brigadistas forestales para la prevención y combate de incendios. A ello se suma un restorán, una empresa de aseo, otra de recarga de extintores, una de recursos humanos, una de seguridad y una de alarmas. 

En cuanto a las acusaciones que se le hicieron de que era él quien daba las órdenes para realizar autoatentados, utilizando el nombre de "Alfa Uno", las calificó de "telenovelas y circo", enfatizando que "no me comunicaba por radio con la gente, porque no tenía nada que ver con los operativos, por lo tanto, cuando me comunicaba con ellos era por teléfono". 

Agregó que "jamás he dado una orden, jamás he dispuesto algo que no tenga que ver con temas administrativos. Las personas eran entregadas a las forestales con disposiciones absolutamente administrativas y su trabajo lo regulaba la empresa". 

Reiteró que "llegué a los predios forestales no para formar violencia, sino que llegué porque ya había violencia" y que sus trabajadores jamás usaron armas. 

Respecto de su relación con Alvaro Villagrán, Adrián Lavín y Cristián Gañán, reconoció que le prestaron servicios como brigadistas y que tuvieron a su cargo grupos determinados de personas, pero sin ningún rango especial. Hoy, ninguno de ellos tiene relación contractual con su empresa

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