Exigimos, al mismo tiempo, a las autoridades políticas y judiciales del país la inmediata revisión y revocación del proceso que los ha condenado a 10 años y un día de prisión, proceso que ha tenido escandalosas irregularidades, tales como el uso de testigos sin rostro y el pago a los mismos de veinte millones de pesos  por sus declaraciones.

Patricia Troncoso, Juan Marileo, Jaime Marileo,  Juan Carlos Huenulao  y sus familiares, todos campesinos mapuches que viven en comunidades indígenas acorraladas por empresas forestales y haciendas privadas, han visto atropellados sus más elementales derechos humanos, sufriendo persecuciones, torturas, allanamientos y vejaciones por parte de las fuerzas especiales de la policía y por el sistema judicial imperante.
La Ley Antiterrorista, herencia de la dictadura militar, se ha aplicado con especial saña a los mapuches durante los últimos gobiernos de la Concertación, situación que ha tenido como consecuencia el uso desproporcionado de la fuerza policial, la que ha violentado regularmente a ancianos, niños y mujeres mapuches, hechos que han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación y denunciados por  el Dr. Rodolfo Stavengahen, Relator Especial de las Naciones Unidas.

Creemos que un gobierno democrático debe proteger los derechos de quienes han sufrido durante más de un siglo la discriminación, la violencia  y la reducción de sus tierras, así como la negación de su cultura y forma de vida.

Exigimos, por lo mismo, consecuencia con las mesas de diálogo intercultural promovidas por los  mismos gobiernos de la Concertación, como aquella que fuera denominada  “Nuevo Trato y Verdad Histórica”, instancia  relacionada con el respeto, tolerancia y reconocimiento de los pueblos indígenas y sus aspiraciones.

Estimamos que el Estado a través de todos sus órganos - de manera particular sus tribunales y el ejecutivo- debe asumir los acuerdos internacionales respecto al derecho de estos pueblos, no criminalizando sus justas y legítimas demandas y respetando sus derechos humanos.
Creemos, por último, que sólo el reconocimiento real y concreto de la diversidad de etnias presente en nuestro país puede permitir avanzar en la reivindicación plena de nuestros pueblos originarios.

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