ROCINANTE Arte Cultura Sociedad    Año IV No. 30 Abril 2001

Si se observa las fotos de prensa de la década del ochenta se puede apreciar que en los actos políticos de la entonces coalición opositora al régimen militar contó con la presencia de los representantes de la nación mapuche. Durante ese periodo, junto a las más destacadas personalidades políticas chilenas se podía ver a José Santos Millao y Lucy Traipe, entonces máximos representantes de la organización mapuche, Ad-Mapu que nucleaba a los representantes políticos mapuche más connotados.

La presencia de los indómitos Mapuche junto a los más connotados políticos chilenos claramente ilustraba la indeclinable decisión de la oposición política de luchar hasta el final por las revindicaciones democráticas. La imagen Mapuche como símbolo de resistencia fue aprovechada magistralmente por los expertos en propaganda de la entonces oposición a la dictadura.

La victoria en las elecciones convocadas por la dictadura en 1989, implicó un cambio de imagen. La coalición de partidos en el gobierno no podía seguir presentando una imagen de confrontación. Sutilmente los Mapuche fueron desplazados de la iconografía política chilena.

De acuerdo con el análisis de Gacitúa que publica en 1992 (Hacia un marco interpretativo de las movilizaciones mapuche en los últimos 17 años. Nütram N^o 28) fueron los mapuches el primer grupo social que en Chile que se atrevió a enfrentar a la dictadura. A esto es posible agregar que este desafío fue un importante estimulo moral para el sector mayoritario de la sociedad chilena que se oponía a la dictadura. Es decir, la alianza de los partidos de la oposición a la dictadura con los mapuches, no correspondía tan sólo a razones de cosmética publicitaria.

No es vano que una de las primeras tareas que emprendió el gobierno de Patricio Aylwin fue la de preparar un proyecto de ley que restituyera los derechos legales de los Mapuche abolidos por la dictadura. La nueva ley indígena No. 19.253 dictada el 5 de octubre de 1993; al igual que en oportunidades anteriores promovió la creación de un organismo responsable de coordinar y ejecutar las directrices enunciadas en el cuerpo legal que se pasó a llamar Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

Aún no ha transcurrido una década desde la promulgación de la ley que iba a velar por la "protección, fomento y desarrollo de las etnias indígenas de Chile" y en el curso de tan corto tiempo se puede constatar que pocas veces en la historia legal se ha testimoniado una tan flagrante violación de los principios enunciados en un texto legal.

En el año 1979 la dictadura militar promulgó la ley No. 2.568 que reglamentó los procedimientos legales que facilitaron la división de las reservas indígenas en propiedad individual privada. Bien se podía esperar que la nueva ley indígena de 1993 enmendara esta situación. Sin embargo no fue así; un parágrafo especial se destaca que no es intención de la nueva legislación modificar el status de propiedad heredado de la aplicación de la ley de Pinochet.

No dejan de ser menos dramáticas las consecuencias de la construcción de la Carretera de la Costa a través de territorio mapuche. El efecto directo es la desarticulación social que se opera en extensas microregiones de comunidades mapuche. Hasta el momento el avance de las obras de construcción ha ocasionado la destrucción de canchas de nguillatún, espacios sagrados y la segmentación del tejido de relaciones sociales establecidos entre comunidades mapuches a lo largo de siglos.

Hoy en día, se puede constatar la presencia de alrededor de unas 20 compañías forestales operando en territorio ancestral mapuche. Las plantaciones del área forestal casi en su totalidad datan entre 1974 y 1980. Cuando se llevó a cabo la adquisición del actual territorio forestal a través de remates fraudulentos o simple traspasos de empresas forestales estatales al sector privado, es decir a un reducido sector financiero. El año 1974 el Decreto Ley 701 promulgado por el gobierno militar, aseguró un generoso subsidio para la plantación de especies forestales; llegando a cubrir el 75% del valor invertido.

La comuna de Tirúa, de diez mil habitantes (70% de origen mapuche), una de las comunas más pobres del país, es un ejemplo de como las empresas forestales han despojado de la tierra y en la practica arruinado a la población indígena. La empresa forestal Mininco del grupo Matte-Larrain, es propietaria del 60% de las tierras de la comuna, en las que explotan pino y eucalipto. Dentro de los muchos privilegios que el Estado a concedido a las forestales se cuenta el que éstas están exentas del pago de todo tipo de impuestos. Por ende, no es difícil de deducir la secuela de consecuencias que implica la presencia y vecindad de las forestales para las comunidades mapuches de la VIII, IX y X Región. Mas que un beneficio, la vecindad con las forestales se percibe como una maldición.

El organismo estatal chileno con más autoridad en la materia; la CONADI, cuando le correspondió evaluar el proyecto hidroeléctrico Ralco, determinó que ejecutar un proyecto de esta naturaleza era proceder en una práctica etnocida. Es sorprendente e inusual que una acusación tan grave se dirija en contra de Estado democrático, y que a su vez un organismo estatal acuse a su propio Estado de un delito tan aberrante. No en vano dos directores mapuches nominados por el Gobierno de Chile han sido obligados a renunciar de sus cargos.

La razón que motivó los planes del dictador Augusto Pinochet para terminar definitivamente con lo que el dictador denominó "la cuestión indígena" fue ideológica. La gestión política del gobierno militar se fundamentó en la implementación de un proyecto político y económico inspirado en la ideología ultraliberal. Consecuencia lógica de la implementación de tal principio conlleva la explícita exclusión constitucional y física de los indígenas.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, todo indica que el "terminar con la cuestión indígena" sigue siendo un punto vigente en la agenda política actual. Cada vez que se inquiere sobre las razones que motivan la ejecución de los megaproyectos en territorio mapuche; es común que los funcionarios y políticos del actual Gobierno reincidan en la declamación del tenebroso mantra "es necesario por que así lo demanda el interés nacional". Pero aparte de constatar el sutil uso de esta inflexión retórica; cabe preguntarse ¿que es lo que motiva a la elite política a seguir avalando -usando las palabras de la CONADI- el etnocidio mapuche?

El Presidente de Chile Sr. Ricardo Lagos declara en 1998 respecto la "necesidad" de construir la represa Ralco; "Es doloroso el desarraigo que se produce. Es necesario reflexionar cómo se compatibiliza la necesidad de electricidad para 14 millones de chilenos y el desarraigo de un grupo de familias" No es muy difícil deducir que en el mes de octubre del 2000 dicha línea de reflexión es la que justifica y explica la ausencia los diputados oficialistas, para que no concurrieran a votar por la reforma a la Carta Fundamental que buscaba otorgar reconocimiento, a nivel constitucional, a los pueblos indígenas.

No es casualidad que los mas connotados políticos de la entonces oposición política a la dictadura militar "posaran para la foto" con los líderes políticos mapuches. Las medidas legales implementadas al comienzo del periodo de Gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia en favor de la población indígena de Chile no corresponden a lo que se pueda denominar acto de buena voluntad o acción de beneficencia política. Basta la lectura de las actas del denominado Pacto de Nueva Imperial, para entender que en 1989 los representantes de la Concertación asumieron un compromiso político con los indígenas de Chile. Compromiso que no han cumplido; es más, del que totalmente se han desentendido. Basta una mirada retrospectiva para constatar que la clase política en el poder ha traicionado al movimiento político mapuche.

Es hora de asumir responsabilidades políticas frente -a los que muchos creen un eufemismo- "la historia"; que en este caso se manifiesta en la evidencia de los testimonios. A las clases políticas, desde una situación de poder muchas veces se les hace difícil entender que el protagonismo esta en directa relación con la necesidad de asumir la responsabilidad por sus actos. Vale la pena recordar que;

El Departamento de Estado norteamericano en su Informe Anual sobre Derechos Humanos correspondiente a 1999 llama la atención sobre las irregularidades en torno a la situación legal de los detenidos mapuche y los abusos de que han sido objeto mujeres y niños (febrero, 2000). A situaciones similares alude la condena al Estado Chileno por las violaciones de los Derechos Humanos de los Mapuche presentada (Agosto, 1999) por la Fundación Danielle Mitterrand, France Libertés, ante Subcomisión de Lucha Contra las Medidas Discriminatorias y por la Protección de las Minorías de las Naciones Unidas. Sobre lo mismo refiere La Propuesta de Resolución por la violación de los derechos humanos de la población mapuche de Chile del Parlamento Europeo (marzo de 1999) y la condena al Gobierno de Chile del Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas por discriminación que se ejerce contra la población indígena (agosto, 1999).

Las evidencias que fundamentan las denuncias de estos organismos internacionales (si sumamos la denuncias de otros "organismos menores", la lista pasa a ser tres veces mas larga) reflejan el carácter y envergadura de la traición en que han incurrido los políticos en la década de gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia.

Es muy probable que la justificación de tal proceder lo avale el enuncio del dilema del "doloroso el desarraigo histórico". Siguiendo el razonamiento expuesto por el Primer Mandatario se puede deducir que la clase política chilena de tanto en tanto se confronta con un dilema ético y moral donde se impone "la necesaria reflexión sobre cómo se compatibiliza el bienestar de millones de chilenos y el desarraigo de un grupo de indígenas".

Este dilema en tanto precepto ético y moral tiene tristes antecedentes. En tanto antecedente histórico la evidencia es siempre la misma; el bienestar material no siempre es compatible con el progreso humano. El uno tiene precio y el otro es un valor en sí.