Quisiera comenzar mi intervención despejando equívocos: la supuesta nacionalidad única del Estado chileno no existe. Es una farsa inventada por aquellos sectores de la sociedad chilena interesados en seguir dominando, explotando y oprimiendo a las naciones originarias sobre las cuales se fundó la República de Chile hace ya casi dos siglos. Hoy, los Estados uninacionales puros constituyen en la sociedad internacional una rara excepción (Portugal, Irlanda e Islandia, por ejemplo). Por el contrario, más del 90% de los Estados que existen son multinacionales, ya que están compuestos de una diversidad de naciones a las cuales éstos les niegan el derecho de disfrutar de su libertad e igualdad libremente. Tal es el caso del Estado chileno y no otro.

De ahí que sea más apropiado utilizar el concepto de "nación" para referirse a las agrupaciones sociales y culturales existentes con anterioridad a la llegada de los conquistadores ibéricos, dejando de lado otros conceptos que sólo vienen a perpetuar la dominación que los poderosos y explotadores ejercen sobre nosotros desde hace ya más de 500 años.

1. El Derecho Indígena:

En los últimos años, diversos movimientos indígenas de Latinoamérica vienen planteando de manera creciente el reconocimiento, la vigencia y el privilegio de un derecho propio de regule la vida de nuestros pueblos. Esta activa reivindicación del derecho indígena no es gratuita, sino que representa un claro enfrentamiento con un orden jurídico que aún no reconoce la diversidad cultural de los países que componen nuestra América morena.

En el caso chileno, históricamente no ha existido una correlación entre el ámbito jurídico y la diversidad cultural que caracteriza al país. Por el contrario, lo jurídico ha consolidado la existencia de un modelo de sociedad y de una forma de Estado hegemónica, homogénea y uniforme, generando entre la nación dominante y las naciones indígenas oprimidas una relación político jurídica de similares características. En el orden jurídico, el derecho (como sistema de normas) impuesto por la nación dominante, ha consagrado a través de la historia la injusticia como forma normal de las relaciones entre los débiles y los poderosos.

En tiempos de la ocupación de nuestro territorio, el avance militar y el derecho transitaban en líneas paralelas. Avanzaba la frontera el ejército y de inmediato se creaban nuevas provincias, departamentos y ordenanzas para legitimar el dominio sobre lo despojado. En los hechos, el esfuerzo legislador de aquellos años estaba orientado, por un lado, a legitimar la ocupación del territorio, y por otro, a solucionar el problema de radicar a una gran cantidad de mapuches en reducidos espacios de terreno. Todo enmarcado, por supuesto, en la negación sistemática de los derechos fundamentales de nuestro pueblo.

Una de las principales consecuencias derivadas de dicha negación fue el surgimiento desde el Estado de una legislación indigenista cuyo objetivo principal era propender a la integración y asimilación cultural de nuestro pueblo dentro de la sociedad dominante. Cabe destacar que dicho objetivo se ha mantenido intacto a través del tiempo, no escapando de el ni siquiera la ley indígena 19.253 promulgada el año 1993 por el gobierno de Patricio Aylwin.

Creo pertinente hacer algunas reflexiones en torno al objetivo de asimilar forzadamente a nuestro pueblo que persigue la legislación indigenista. En primer lugar, dicho objetivo, por cuanto significa la imposición de una cultura extraña por parte de un poder político exterior y contra la voluntad de nuestro pueblo, implica una grave violación de diversos pactos internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, la justificación que las autoridades chilenas dan en torno a dicho objetivo y que dice relación con la necesidad que tiene el Estado de fomentar su "unidad nacional", carece completamente de fundamento.

A nadie le cabe la menor duda de que el Estado chileno tiene el derecho de fomentar su unidad, pero esta en ningún caso puede ser llamada "nacional", ya que la unidad propia de los Estados es la unidad política y no la unidad cultural. Por otro lado, este derecho lo debe ejercer de manera que, por un lado, no viole los derechos de las personas y de los pueblos que lo constituyen y, por otro, se mantenga siempre dentro de los fines para los que ha sido establecido. El Estado no se ha creado para hacer desaparecer a los pueblos que lo preexistían y constituir un nuevo pueblo. El Estado no se ha establecido con el fin de que se desarrolle a si mismo violando los derechos humanos de quienes lo componen. La idea de que el Estado existe por si y para si, a costa del sacrificio de personas y pueblos, pudo tal vez aceptarse en la época del Rey Sol, pero hoy no puede compaginarse de ninguna manera con el respeto a los derechos humanos. Esa idea es puro totalitarismo e imperialismo. ¿O acaso no era aquello lo que predicaba la doctrina del fascismo italiano?. El Estado se establece para proteger y desarrollar los derechos humanos de todos sus miembros sin excepción. Mantener y desarrollar pacífica y equitativamente las culturas de los diversos pueblos en su interior y defender a éstos contra una posible amenaza exterior es el fin principal para el que se establecen los Estados, sin duda, algo muy alejado de la opinión fascista de la clase política chilena.

La presencia de dos concepciones jurídicas y la superposición de dos estructuras de derecho, con predominio del derecho oficial chileno (que se distingue por ser esencialmente escrito, codificado, occidental y básicamente urbano), junto a otro derecho objetivo de profundas raíces ancestrales (que se destaca por estar sustentado en otros valores y en una cosmovisión diferente), es un factor más del fortalecimiento de los mecanismos de dominación que el Estado aplica en contra de las naciones originarias que habitamos dentro de sus fronteras.

Pese a ello, resurge y prospera hoy en Latinoamérica la reivindicación del derecho indígena, es decir, del convencimiento de que los pueblos olvidados tenemos nuestros propios sistemas jurídicos, los cuales de ser reconocidos y respetados pueden hacer sin duda un gran aporte al fortalecimiento mismo de la democracia.
 
 
 
 

2. Movimiento Mapuche actual y demandas de autodeterminación:

Aunque la tendencia general de la legislación indigenista estuvo, está y seguirá estando basada en una política de asimilación forzada y paulatina de nuestra cultura al ambiente nacional, ya que responde a un sistema histórico de dominación y de negación de nuestros derechos sociales, económicos, políticos y culturales, esta no ha podido mermar la firme conciencia de nuestras comunidades de saberse parte de un pueblo con un pasado, un presente y un destino común. Prueba de ello son las últimas movilizaciones que un sector de nuestro pueblo, las comunidades en conflicto, hemos venido desarrollando desde el año pasado en pos de recuperar nuestras tierras y detener el proceso de inversión neoliberal impuesto por la dictadura sobre nuestro territorio. Dichas movilizaciones no son simbólicas, no se sujetan a la institucionalidad del mismo Estado que hoy nos oprime, ni menos responden a intereses caudillistas y personales de determinados dirigentes. Por el contrario, se enmarcan en un proceso de creación de un referente político ideológico autónomo para la lucha de liberación de nuestra nación. Un referente que a diferencia de experiencias pasadas surge hoy desde las propias comunidades, es dirigido por sus autoridades tradicionales y se plantea en directa confrontación con el Estado y su política económica neoliberal.

Esto significa un salto cualitativo en el proceso de liberación de nuestro pueblo, pues significa dejar de lado la vieja estrategia de buscar acuerdos políticos que parchan los efectos, pero mantienen intactas las causas del conflicto y que a la larga terminan beneficiando sólo a las organizaciones mapuches que se prestan para dicho juego. Las mismas que hoy vemos enfrascadas en discusiones absurdas como las futuras modificaciones a la Ley indígena o sentadas en mesas de diálogo inoperantes como los impulsadas por el gobierno a través del ministro de MIDEPLAN Germán Quintana, cuyo único objetivo es detener las movilizaciones y aislar al sector más radical y autónomo del movimiento mapuche, perpetuando así la miseria, la opresión y la negación de los derechos fundamentales de nuestra nación.

Los intentos desesperados por parte del gobierno de bajarle el perfil al conflicto, ya sea a través de la represión policial o la instalación de mesas de diálogos comunales, están condenados al fracaso. Las comunidades herederas de la rebeldía histórica de nuestro pueblo continúan levantadas y su newen (fuerza) pareciera iluminar el camino de otras que van prefiriendo la lucha a la sumisión. Prueba de aquello es la incapacidad demostrada por el gobierno empresarial de Frei para frenar las movilizaciones que distintas comunidades han desarrollado, ya sea a través de la Coordinadora o de otras instancias de organización, en los últimos días. En Traiguén las comunidades de Temulemu, Pantano y Didaico siguen levantándose ante la soberbia de la Forestal Mininco. En Collipulli, las comunidades de Colihuincatori, Catrioñancul, Choin Lafkenche y Caillin siguen luchando por recuperar lo despojado, esto a pesar del hostigamiento y la represión estatal que tiene como resultado tres hermanos encarcelados y sometidos a proceso por la justicia militar. En Nueva Imperial, Loncoche, Lumaco, Ercilla, Lleu-Lleu, Cuyinco, Tirua, Contulmo y Purén la historia se repite. Los mapuches por más de un siglo no sólo acumulamos rabia, sino que también organización. Hoy los jóvenes decimos con orgullo que la lucha de nuestros ancestros no ha terminado. Las ideas libertarias de nuestro pueblo no han muerto, al contrario, han germinado y hoy son parte de la memoria de una generación joven cansada de abusos y atropellos, así como de dirigentes cobardes y traicioneros.

Dentro del movimiento mapuche actual, todavía no existe un consenso en la necesidad de construir un país donde quepamos todos, en la necesidad de terminar con la farsa de un Estado chileno uninacional que niega la diversidad de culturas y pueblos que habitan dentro de sus fronteras. En otras partes del mundo, muchos pueblos sometidos por la fuerza de las armas y de las leyes hoy luchan por reivindicar su legítimo derecho a la autodeterminación. Tal es el caso de los pueblos que integran la guerrilla zapatista en México, el de los vascos en España, los corsos y bretones en Francia, los palestinos en Israel, los tibetanos en China y los kurdos en Turquía. Es de esperar que más temprano que tarde nuestro pueblo, como una sola voz, como una sola fuerza, se sume a esta lista de pueblos que hoy enarbolan orgullosos las banderas de la dignidad y la memoria. Por el momento, esto pareciera no ser posible. Las diferencias, tanto en el pensamiento político como en la acción, dentro del movimiento mapuche nos impiden encontrarnos y unir esfuerzos en torno a dicho objetivo común. Dichas diferencias, siempre lamentables por cierto, se hacen evidentes cuando se trata de elegir un camino a transitar para solucionar los problemas que aquejan a nuestras comunidades. Hoy, algunos hermanos eligen el camino del paternalismo estatal buscando dentro de la institucionalidad opresora los espacios de participación que les permitan hacer escuchar sus demandas y canalizar las posibles soluciones, castrando con ello el potencial político autónomo de nuestro movimiento. Otros, eligen el camino de la figuración dentro de las esferas internacionales, con el consiguiente riesgo de desvincularse de las demandas y necesidades locales de las comunidades, perdiendo fácilmente el horizonte al estar inmersos en un ambiente propicio para la cooptación y el surgimiento de intereses caudillistas y personales. Otros, los menos por suerte, eligen el viejo camino del paternalismo político, sumando nuestra lucha a proyectos políticos importados desde otras realidades y para los cuales sólo representamos "un sector más" dentro de sus estrategias de acumulación de fuerzas.

Sin embargo, existe otro sector del movimiento mapuche que ha optado por el camino de la autonomía, es decir, por el camino del duro trabajo en terreno y de la rebeldía. Ese es el camino por el que hemos optado las comunidades y dirigentes pertenecientes a la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco. Nuestra visión es que los graves problemas que sufren las comunidades y aun los mapuches asentados en zonas urbanas, no se deben solamente a la falta de educación, a la falta de trabajo o a la falta de oportunidades como pretende hacernos creer el mal gobierno. La causa principal de nuestra postración como personas y como colectividad se debe a la dominación que el Estado ejerce sobre nosotros, negándonos el legítimo derecho a habitar un territorio, a practicar y desarrollar nuestra cultura y a decidir por nosotros mismos el tipo de gobierno que rija nuestro destino. Es decir, la negación de nuestro derecho a la autodeterminación como pueblo.

En torno a este derecho, dentro de las organizaciones mapuches urbanas que lo reivindican tampoco existe un consenso. La ausencia de debate y de un trabajo de base les impide avanzar y socializar el concepto. Hasta ahora, las propuestas de autonomía que de ellos se desprenden están restringidas a un pequeño círculo de intelectuales mapuches urbanos y difieren sustancialmente entre si. Mientras para unos la autodeterminación de nuestro pueblo pasa por un Estatuto de Autonomía para la IX región, para otros se trata del Bio Bio al sur y a través de un Parlamento Mapuche. ¿Cómo pretenden lograr dichas aspiraciones?. De los primeros la verdad es que no se sabe mucho. De los segundos, por lo visto en los últimos días, pareciera que a través de titánicas marchas por la carretera y la posterior entrega de lastimeras cartas al Presidente, al Congreso y a todos aquellos que se hacen ricos a costa de la explotación y el sufrimiento de nuestra gente.

Ante lo anteriormente descrito, la Coordinadora no puede sino proponer algo distinto: basta de teoría entre cuatro paredes, basta de dirigentes seudoiluminados hambrientos de poder y figuración y basta de humillación ante los que condenan a nuestra gente al hambre y la miseria. Es hora de trabajar en las comunidades rurales y urbanas, y entre todos aquellos sectores mapuches dispuestos a luchar ir elaborando en el camino las propuestas de desarrollo y autonomía pertinentes. Teoría y práctica. ¿Como se concreta esto?. Creemos que sólo a través de un proceso de lucha y de acumulación de fuerzas que tenga como ejes centrales la consolidación de nuestras comunidades en las zonas de conflicto, la defensa de nuestro territorio de la nefasta expansión capitalista, la construcción de un poder alternativo al de la institucionalidad opresora y la confrontación directa con el sistema de dominación impuesto por el Estado chileno. En resumen, a través de un proceso de lucha y discusión política que nos permita ir transitando desde las demandas concretas al nivel de base, hasta la formulación de una futura plataforma de lucha ideológica de liberación.

Después de un siglo de explotación, avasallamiento, opresión e ignorancia que hacia nuestra cultura por la fuerza han ejercido los poderosos, nosotros reafirmamos lo que somos: no una minoría étnica, ni menos un sector más de los postergados y olvidados de la sociedad chilena, somos una Nación con características bien definidas y derechos que están garantizados en los instrumentos jurídicos internacionales, que reconocen nuestro derecho a la autodeterminación en el ámbito democrático del Estado chileno. La autonomía o el derecho a la autodeterminación debe ser la demanda principal que rija el actuar del movimiento mapuche en el próximo milenio, ya que ésta implica el reconocimiento político, jurídico y práctico del derecho de nuestra nación a establecer libremente su condición política y de proseguir su desarrollo económico, social y cultural. La autodeterminación, que aparece incluida como derecho en dos Pactos de Derechos Humanos de la ONU en sus artículos 1º, nos permitirá gozar del derecho a nuestro territorio, al autogobierno, al ejercicio de nuestros sistemas jurídicos y al control de nuestra seguridad interna.

¿Nos garantiza la actual estructura político-jurídica del Estado chileno el respeto por nuestro legítimo derecho a la autodeterminación?. ¿Nos garantiza el actual marco de conversaciones impulsado por el gobierno una solución al estado de dominación en que nos encontramos?. Por supuesto que no y quienes crean lo contrario muy poco parecen conocer de la difícil realidad en que nos encontramos inmersos.

Para el Estado chileno, el derecho de autodeterminación aplicado a su territorio ha llegado a convertirse en la práctica en un tema tabú que intentan resolver rechazando de raíz el derecho mismo como incompatible con el concepto de Estado heredado de la doctrina de la seguridad nacional. Esta doctrina, clasifica a los movimientos indígenas como enemigos de los gobiernos de turno, por considerarlos una amenaza a la seguridad interior de los Estados. De ahí el temor expresado por diversos sectores políticos al escuchar a nuestros dirigentes hablar de la autodeterminación mapuche. Lo único cierto es que dicho temor proviene con frecuencia de un desconocimiento de lo que significa la autodeterminación en si misma. En la práctica, la autodeterminación no tiene por que llevar a la secesión o la creación de un Estado independiente, sino que puede ejercitarse dentro del marco del propio Estado a través de un plebiscito o referéndum y realizarse plenamente por medio de una reforma de su estructura política fundamental. Eso algunos políticos chilenos no lo saben. Otros, la mayoría para ser sinceros, prefieren hacer como si no lo supieran.

Sabemos que el camino de la rebeldía no es un camino fácil, pero creemos que es el único que se puede transitar con dignidad. Nos enfrentamos a poderosos sectores económicos que controlan gobiernos y voluntades. Hoy, la política neoliberal impuesta por la dictadura a sangre y fuego en el país significa el exterminio de nuestra cultura y de nuestra existencia como pueblo. Nos condena a la miseria y a la muerte para privilegiar la riqueza y el poder de unos pocos. Ante esto sólo nos queda resistir, luchar para reconstruir, como lo hicieron nuestros antepasados en defensa del territorio y la libertad.

Aun falta mucho camino que recorrer para llegar a la construcción de un país donde no sólo los mapuches, sino que todas las naciones indígenas tengan un lugar digno. Falta, por ejemplo, la democratización de la vida política chilena, el fin de los enclaves autoritarios heredados de la dictadura militar y una nueva Carta Fundamental emanada del pueblo y que represente el sentir de todos los sectores democráticos que integran el país. En un Chile de injusticia, nuestro pueblo puede y debe contribuir a dicha transformación estructural del Estado a través de la unidad, el apoyo y la coordinación de nuestra lucha con la que desarrollen los sectores oprimidos y explotados de la sociedad civil chilena. Los wincas deben entender que nuestra lucha no es contra ellos, sino contra un sistema económico, político, social y cultural de dominación que nos oprime a todos sin distinción. Estamos conscientes que nuestros hermanos no mapuches no son culpables de nuestras diferencias: es el sistema dominante el que nos ha colocado en desventaja y al que todos debemos combatir desde nuestras propias realidades y trincheras.

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* Dirigente de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco.