La Fuerza de la Razón
Coordinadora Nacional Indianista CONACIN
Mayo, 1999
Los argumentos y las cifras frente a las demandas territoriales mapuche
Los últimos conflictos en la VIII y IX región han provocado muchísima alarma, la prensa y los medios lo han tratado con un lenguaje bélico (Comandante, infiltrados, etc.-), se habla de un "estado amenazado" al sugerir aplicar la ley de seguridad Interior del Estado, se mencionan, incluso vinculaciones con movimientos guerrilleros extranjeros, etc.- , todo para referirse a unos cuantos atentados a especies materiales (Que además están asegurados) que arrojan perdidas inconmensurablemente menores, a bienes privados, que las catástrofes generadas por Las Empresas de Energía eléctrica, por ejemplo, que comprometen bienes y servicios públicos y privados con altísimas perdidas. Los protagonistas, son en realidad comunidades en estado desesperado de postración económica que tienen, sin duda alguna, sus razones, pero estas se presentan muy distorsionadas, por apasionamiento o por mezquinos intereses, es bueno, por tanto, recorrer algunas cifras para dimensionar correctamente las cosas:
l.- SOBRE EL PRECIO DE LA RESTITUCION
Sectores Empresariales se han quejado de las altas cifras que se han invertido en las comunidades, principalmente para la compra de tierras a los mapuche y argumenta que estas no han producido desarrollo sino mayor pobreza, y ven como culpable de todo esto al articulo 13 de la ley 19.253 que restringe la venta, impide el embargo y por lo tanto provoca que los propietarios indígenas no puedan conseguir prestamos porque no pueden usar la tierra como respaldo.
Año Fundo Familias Has 94 Fundo Quetrawe (Traiguen) 9 familias 112 95 Predio Pitril
y
El Llano181familias 59
339 96 La suerte 1 y 2 (Collipulli) 47 familias 205 96 Rupumeica y (Río Negro
y Lago Ranco)500 97 Avellano y catreñanco
(Collipulli)52 familias 200 98 Fundo Chilpaco (Lonquimay) 23 familias 3.800 No todo debe comprarse. Las tierras que son fiscales y que son reclamadas por comunidades pueden cederse en forma gratuita a los mapuche.
Es verdad que el gobierno ha pagado precios sobremercado para comprar tierras indígenas, el año 98 llego a pagarse 1,6 millones de pesos por hectárea, pero esto ocurre porque no se le ha asignado ningún elemento de control a CONADI en el momento de la transacción, en esto operan simplemente las leyes de mercado y para convencer a un particular de la venta solo tiene que elevarse la oferta económica. No es culpa de los mapuche que los últimos gobiernos, sea por razones ideológicas políticas o económicas, renunciaron a utilizar mecanismos legales sociales de coerción para recuperar la administración de tierras que cayeron en manos de particulares, ni siquiera han destacado, en el momento de la transacción, los argumentos de que la propiedad en juego surge de un despojo, de modo que la presión en este sentido solo la aportan las comunidades indígenas.
Lo que sí es claro es que El mapuche solo recibe la tierra, las cuestiones de precio no es problema indígena, si el Estado tiene que pagar los avalúos fiscales, los precios de mercado o elevarse a altos costos (se podría afirmar incluso, que son malos negociantes) es problema del propio gobierno y de CONADI.
II.- LAS RAICES DEL DESEQUILIBRIO.
Hablando en cifras, El territorio mapuche abarcaba en 1880 alrededor de 5 millones de hectáreas, según cálculos de Bengoa, y estas descendieron violentamente. Después que se decreto el territorio mapuche como fiscal y los mapuche fueron automáticamente convertidos de habitantes nativos en simples ocupantes. Una vez terminado el trabajo de la "Comisión Radicada de Indígenas" En 1890, se entregaron 3.078 títulos de merced con una extensión aproximada de 475.000 hectáreas que "favorecieron" a unas 78.000 personas (Se calcula, proyectando el Censo de 1907, que 40.000 mapuches no fueron radicados). Después por razones de despojo y usurpación (de las formas más burdas hasta las más sofisticadas) estas quinientas mil hectáreas de territorios mapuche fueron disminuyendo aun más. Durante el gobierno militar, (principalmente por medio del nefasto decreto 2.568 que divide las comunidades entregando titulo de dominio individual), fueron entregados a la voracidad del mercado los siguientes territorios:
Superficie de remensura (Has) de títulos obtenidos en Reservas Indígenas:
AÑO VIII IX X TOTAL 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 TOTAL Fuente Indap/Dasin Con estas cifras, las 20.000 hectáreas reclamadas hoy por comunidades mapuche, según consta en los registros de CONADI (47 comunidades que abarcan 600 familias aproximadamente) no parecen grandes pretensiones
Las cifras sociales
Es importante dimensionar bien a los sujetos protagonistas en estos asuntos, en términos de situación socio/económica:
Según la encuesta CASEN 96:
Población indígena % Población no indígena % Total del país % Indigente Pobre no indigente No pobre Total (Mideplan) Si nos restringimos a la situación mapuche las cifras son:
Indigente 11,7%
Pobre no indigente 26,7%
No pobre 61,6%
Total 100%Debemos destacar que estas cifras están enfocadas a la situación rural, lo que junto con el análisis regional hace afirmar al antropólogo Rodrigo Valenzuela que "Se hace evidente que la mayor pobreza se concentra en la Araucanía" (Situación de los Pueblos Indígenas de Chile, Análisis de la Encuesta CASEN 96, enero de 1998) Esta es la cruda realidad, demás esta decir que los empresarios Forestales quedan fuera de esta encuesta, la información acerca de su situación socio económica habría que buscarla en el "Mapa de la extrema Riqueza" de Fernando Dahse o los trabajos de Hugo Fazio, o quizás en la historia de la "Fronda Aristocrática", dejamos esto de tarea.
Tampoco queremos abordar aquí el tema de que sector debe apoyar el Gobierno a la hora de los conflictos ni cuestionar de donde surge su mandato ni para que.
Las madereras Importa saber, para tener una visión amplia, cuanto territorio manejan las empresas Forestales, la contraparte en este conflicto, para ello echaremos mano del articulo de Ricardo Carrere aparecido en el libro "La tragedia del Bosque Chileno" editado por los Defensores del Bosque nativo en 1998:
-El estado forestó 420.000 hectáreas entre 63 y el 73, que luego, en el momento de explotar fueron traspasadas a empresarios privados.
-Entre los años 73 al 79 la dictadura devolvió a sus anteriores dueños alrededor de 4.000 predios que habían sido expropiados por la Reforma Agraria. Se redistribuyó el 28% del total expropiado en el país lo que favoreció enormemente la actividad forestal.
-La actual empresa celulosa Arauco y Constitución cuyas dos plantas de pulpa (ARAUCO y CELCO) que estaban en manos del Estado, fueron vendidos en 1977 y 79 respectivamente, a COPEC la Empresa privada más grande del país.
-Forestal ARAUCO que en el año 64 era propietaria de 64.000 has de plantaciones, fue adquirida el 79 por COPEC -INFORSA, con una planta de Celulosa, una de papel y miles de has de plantaciones, fue adquirida en el 96 por el grupo VIAL. No contenta con estos traspasos a precios deteriorados, la empresa privada presiono y obtuvo otra serie de otros incentivos que luego veremos "La plantación forestal de 290 mil hectáreas en 1973 a 1.300.000 el presente año, significa haber plantado 1 millón de hectáreas durante este gobierno" Augusto Pinochet, 11 noviembre de 1986.
III.- LOS IMPRESCINDIBLES SUBSIDIOS
La Derecha tiene razón, territorios sin planes de ayuda y desarrollo para nuestras comunidades no sirven, pero la solución esta muy lejos de la derogación del articulo 13, pues la historia ha demostrado que cuando se liberan los territorios pequeños al mercado pasa muy poco tiempo para que engruesen las fincas de grandes latifundistas privados, con esto no se hace mas que favorecer la migración y transformar la pobreza rural en marginalidad urbana.
La tradición chilena ha sido entregar facilidades y/o subsidios a extranjeros o particulares: Mediante varias leyes entre 1870 y 1898 se favoreció la colonización en el sur en los siguientes términos:
-A los colonos extranjeros se les entrego 40 has por cada jefe de familia y 20 hectáreas mas por cada hijo varón, se les financiaban totalmente los pasajes y el viaje, mas una vaca parida, un caballo y herramientas, a esto se agrega la tierra que pudieron comprar con el dinero que traían en los remates de la tierra que el estado no redistribuyo.
-El botín de guerra para los sargentos fueron 51 hectáreas y cada Tte. coronel 220 has y como capital (a modo de subsidio) el equivalente a seis meses de sueldo.
-Para colonos chilenos fueron hasta 50 hectáreas por cada padre de familia y 20 por cada hijo legítimo mayor de 12 años.
Para los mapuche significo el origen de las "Reducciones" que actualmente, en promedio, no superan las 5 hectáreas por familia.
"Subsidios" a las grandes empresas: Además de comprar a precios "botados" de manos del Estado, la empresa privada obtiene otras ayudas: desde los subsidios directos a las plantaciones, (75% del Costo), al manejo (Subsidios de podas y raleos) y la administración (vigilancia, cercados), hasta asegurar mano de obra barata, mediante la prohibición de la actividad sindical y la represión del movimiento obrero y campesino. Sigamos a Carrere: "La actividad forestal chilena ha recibido apoyo de organismos internacionales de créditos, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otras agencias multilaterales. Por ejemplo, la investigación forestal ha sido promovida a través del programa Investigación y Desarrollo Forestal, financiado por CONAF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la FAO. En 1991, se inicio con un proyecto para desarrollar un Plan de Acción Forestal para Chile, una iniciativa apoyada por el Banco Mundial y la Fao, que promueve la inversión Forestal y vincula los intereses de los consultores y la industria forestal transnacional con los de las elites empresariales y los departamentos forestales del sur."
"Cabe mencionar la reciente ley que determino el aumento de la bonificación de los costos de forestación de un 75 a un
90%, lo que no dudo contribuirá a mantener el ritmo anual de las plantaciones forestales" Augusto Pinochet, 11 de septiembre de 1984.
IV.- LOS MOTIVOS DE LA URGENCIA
En los intentos de negociación algunas madereras están dispuestas a vender, con la condición de explotar antes la totalidad de las plantaciones y entregar un terreno deforestado, lo que ha entrampado las negociaciones, veamos porque:
La actividad forestal es básicamente la sustitución de bosque nativo. Unas 50 mil hectáreas de bosque nativo desaparecieron en la VII y VIII Región entre 1978 y 1987 y también han desaparecido los bosques de la costa en la VIII Región, para sustituirlos por plantaciones industriales de pino y eucaliptus. Esto ha afectado directamente la biodiversidad, la frondosidad vegetal es considerada maleza y se la elimina, junto con ello sufren directamente especies como el pudu, la guiña, el zorro chilote, la comadreja trompuda, el huemul, el monito del monte y la ranita de darwin y si pensamos que la mayor de las veces se deforesta la vegetación nativa con fuego la crueldad es mayor y es lo que casi ha extinguido el copihue en la región del Bio Bío.
Otra consecuencia directa es la transformación del paisaje, hermosos parajes son convertidos en monótonas alfombras de pinos que perjudican directamente el turismo (la industria sin humo), sobre todo el turismo aventura y no dejan posibilidad alguna para el etnoturismo.
El pino consume enormes cantidades de agua (evapora 60% mas de agua que un árbol nativo) modificando el ciclo hidrológico y los procesos industriales asociados generan contaminación.
Las vertientes se secan y el suelo se convierte en desierto, ya que no solo extraen del suelo muchos mas nutrientes de los que devuelven provocando una disminución paulatina de la fertilidad.
Una vez que se explota viene el proceso de la quema de residuos, que según estudios de conaf, en la VII región muestran que la practica de quema residual, tal como se realiza en la actualidad, genera una perdida de suelo que fluctúa en un rango que va de 35 a 566 ton/hectárea al año, en circunstancias que la perdida tolerable máxima para los suelos forestales no debiera ser superior a 4 ton/hectárea por año. Además que cuando un bosque se explota, los caminos de penetración y arrastre de los troncos cuesta abajo abren profundas huellas por los cuales las lluvias del siguiente invierno arrastran la capa superficial del suelo y las acículas no descompuestos.
A Quien se favorece:
Los censos de población prueban que las superficies cubiertas con mayor superficie cubierta por plantaciones son las que han expulsado una mayor proporción de campesinos, mientras que, en el extremo opuesto, las comunas agrícolas del valle central, dedicadas a los cultivos tradicionales, no expulsaron población agrícola. Incluso se reconoce oficialmente que la pobreza se ha visto agravada por fuertes migraciones producto del proceso expansivo de la silvicultura moderna y que las zonas con alta concentración de plantaciones registran los efectos de la migración forzada, con altos niveles de pobreza y marginación (PAF 1992, Informe síntesis) con el asociado incremento de índices de alcoholismo y prostitución. Incluso han surgido a la orilla de los caminos, de ríos o antiguas líneas férreas poblados que se han denominado "poblaciones callampas forestales".
Si la industria forestal no favorece a los campesinos ni mapuche, se podría creer que favorece al país, pero además de las cifras en cuanto a deterioro ambiental (Que nos afectan a todos) están las cifras de desigualdad de distribución de la riqueza: según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 40% del ingreso nacional queda en manos del 10% de la población más rica (Una parte de aquel la ocupara la mitad de ese grupo). Es decir, Chile ocupa entre el 5. y 6. lugar con la peor distribución del ingreso en América Latina (vía remuneración).
Conclusiones:
Las comunidades indígenas están en situación de pobreza, no cabe duda y los planes del gobierno no han sido muy efectivos, pero eso no implica retroceder, derogar artículos de ley (especialmente el art. 13 de la ley 19.253) que son muy recientes y que ni siquiera tienen casi jurisprudencia (y que han costado años del esfuerzo de muchos) no son solución, menos frente a una alternativa que si está demostrado que es un fracaso, desde O´Higgins, que con buena voluntad decretó que los mapuche eran iguales a cualquier chileno (y por lo tanto podían firmar documentos) hasta el decreto 2.568 del régimen militar, solo han significado para el indígena despojo, expropiación y empobrecimiento. Mas aun, la ley 19.253 es un avance en el sentido de que se ajustan a las modernas tendencias jurídico/sociales en el ámbito internacional. Tampoco se trata de involucrar comunidades en el negocio de la explotación Forestal. Para eso existe el etnodesarrollo en que se debe consultar a los implicados y preguntarles que tipo de desarrollo quieren, lo que sí queda claro que las acciones de restitución territorial deben ir complementados con planes de desarrollo con fondos importantes para su implementaron, de lo contrario serian inversiones truncas que seguirán motivando dolorosas fricciones.
Bibliografía (A modo de reconocimientos):
Importantes textos de este trabajo fueron extraídos del articulo de Fernando Carrere, incluido en el libro "LA TRAGEDIA DEL BOSQUE CHILENO" editado en 1998 por Los "Defensores del Bosque Chileno", otros del texto de José Bengoa "HISTORIA DEL PUEBLO MAPUCHE" y cifras del documento e Mideplan "SITUACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN CHILE" Análisis de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 1996), documento preparado por el antropólogo Rodrigo Valenzuela en enero de 1998, y otras fuentes
ANEXOS: ALGUNOS ARTICULOS LEY 19.253
LEY INDIGENA
Artículo 12: Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación.
......La propiedad de las tierras indígenas a que se refiere este articulo (art. 12), tendrá como titulares a las personas naturales indígenas o a la comunidad indígena definida por esta ley. Las tierras indígenas estarán exentas del pago de contribuciones territoriales.
Artículo 13.- Las tierras a que se refiere el articulo precedente (Tierras indígenas), por exigirlo el interés nacional, gozaran de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia.
Artículo 19.- Los indígenas gozaran del derecho a ejercer comunitariamente actividades en los sitios sagrados o ceremoniales, cementerios, canchas de nguillatun apachetas, campos deportivos y otros espacios territoriales de uso cultural o recreativo, que sean de propiedad fiscal.
La Comunidad Indígena interesada podrá solicitar la transferencia a titulo gratuito de los inmuebles referidos en el inciso anterior. Existiendo dos o más Comunidades interesadas, todas ellas tendrán derecho a solicitar la transferencia del inmueble.
Mediante resolución expedida a través del Organismo publico respectivo, se calificaran, determinaran y asignaran los bienes y derechos.
En el caso que no se cumpliere o existiere entorpecimiento en el ejercicio de los derechos reconocidos en los incisos anteriores, la Comunidad Indígena afectada tendrá acción de reclamación ante el Juez de Letras competente quien, en única instancia, sin forma de juicio, previa audiencia de los demás interesados, del organismo publico respectivo e informe de la Corporación, se pronunciara sobre la acción entablada.
Del Fondo para Tierras y Aguas Indígenas
Artículo 20.- Crease un Fondo para Tierras y Aguas Indígenas administrado por la Corporación. A través de este Fondo la Corporación podrá cumplir con los siguientes objetivos:
a) Otorgar subsidios para la adquisición de tierras por personas, Comunidades Indígenas o una parte de estas cuando la superficie de las tierras de la respectiva comunidad sea insuficiente, con aprobación de la Corporación.
b) Financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales, relativas a tierras indígenas en que existan soluciones sobre tierras indígenas o transferidas a los indígenas, provenientes de los títulos de merced o reconocidos por títulos de comisario u otras cesiones o asignaciones hechas por el Estado en favor de los indígenas.
c) Financiar la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso.
Artículo 22.- Las tierras no indígenas y los derechos de aguas para beneficio de tierras indígenas adquiridas con recursos de este Fondo, no podrán ser enajenados durante veinticinco años, contados desde el día de su inscripción. Los Conservadores de Bienes Raíces, conjuntamente con la inscripción de las tierras o derechos de aguas, procederán a inscribir esta prohibición por el solo ministerio de la ley En todo caso será aplicable el articulo 13
Del Fondo de Desarrollo Indígena
Artículo 23.- Crease un Fondo de Desarrollo Indígena cuyo objeto será financiar programas especiales dirigidos al desarrollo de las personas y comunidades indígenas, el que será administrado por la Corporación.
A través de él se podrán desarrollar planes especiales de crédito, sistemas de capitalización y otorgamiento de subsidios en beneficio de las Comunidades Indígenas e indígenas individuales. Le corresponderá, especialmente, el cumplimiento de los siguientes objetivos;
a) Facilitar y/o financiar el pago de las mejoras, prestaciones mutuas o restituciones a que sean obligadas personas indígenas naturales o Comunidades Indígenas que resulten del ejercicio de acciones civiles promovidas por o contra particulares, en que se litigue acerca del dominio, posesión, uso, goce, administración o mera tenencia de tierras indígenas.
b) Administrar líneas de crédito para el funcionamiento de programas de superación del minifundio, tales como planes de resignación, financiamiento especial para adquisición de derechos sucesorios y otros mecanismos necesarios para estos fines.
c) Financiar planes para la recuperación de la calidad de las tierras indígenas degradadas o diversificar su uso y producción.
d) Financiar la obtención de concesiones y autorizaciones de acuicultura y pesca, y la compra de utensilios de pesca artesanal.
De las Areas de Desarrollo Indígena
Artículo 26.- El Ministerio de Planificación y Cooperación, a propuesta de la Corporación, podrá establecer áreas de desarrollo indígena que serán espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades.
Artículo 27.- La Corporación, en beneficio de las áreas de desarrollo indígena, podrá estudiar, planificar coordinar y convenir planes, proyectos, trabajos y obras con ministerios y organismos públicos gobiernos regionales y municipalidades; universidades y otros establecimientos educacionales corporaciones y organismos no gubernamentales; organismos de cooperación y asistencia técnica internacional, y empresas públicas o privadas.
ABRUMADOR RESPALDO PARA DEMANDAS INDIGENAS
Estos son datos recopilados y procesados en la ultima encuesta del Centro de Estudios de la realidad ContemporáneaCERC entregados al público el lunes 19 de abril de 1999.
De la encuesta CERC se concluye, entre otras cosas, que la gran mayoría de los chilenos (el 80 por ciento) cree que en el conflicto que se desarrolla en la zona sur del país son los mapuches y no las empresas forestales quienes tiene la razón. El resultado se ve levemente matizado entre quienes adhieren a los partidos de oposición (UDI y RN). En ambos grupos, pese a ser minoritario, el respaldo a los mapuches decrece, alcanzando el 68 por ciento en los primeros y un 64 por ciento en los segundos.