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En este último tiempo, diversas han sido las posiciones del modo en que ha operado en la Región el Nuevo Sistema procesal penal, principalmente ante su accionar con la realidad Mapuche.
Si bien el marketing utilizado por el Gobierno ante la Reforma procesal ha sido el de proyectar un sistema más ágil, dinámico y viable, que permita resoluciones más oportunas y transparentes, pero sin embargo no es coincidencia que este nuevo modelo se aplique casi exclusivamente (junto con la IV Región) en este territorio en medio de movilizaciones Mapuches por la recuperación de tierras y reivindicaciones de Derechos como Pueblo.
Tampoco es coincidencia, que su implementación conducido por Fiscales haya provocado una directa represión en Comunidades y organizaciones ocasionando el sometimiento a proceso de numerosos dirigentes y comuneros Mapuches, como asimismo la utilización de violentos operativos policiales que en variadas ocasiones han dejado a heridos y masivos daños.
Por estas coincidencias, cabe cuestionarse entonces ¿quién
está detrás de este nuevo frente judicial y cuál es
su finalidad al aplicarlo en esta zona?. Es evidente que la política
estatal busca reprimir y opacar en el centro de su medula las acciones
de comunidades reivindicativas, utilizando una institucionalidad como la
Judicial para, según se aprecia, obtener el imperio de la ley y
establecer un estado de derecho rígido, pero a costa de una conducta
prácticamente terrorista y que ha violado los Derechos Humanos más
esenciales del Pueblo Mapuche, con graves consecuencias violentitas. No
sería de extrañarse que se haya implementado esta Reforma
Penal bajo la presión e intervencionismo de intereses económicos
de minorías que lo único que buscan un proteccionismo simulado
y conseguir el sosiego e integracionismo Mapuche para seguir ampliando
su mega-productividad (agrícolas y forestales) a costa del deterioro
y exterminio de las entidades territoriales Mapuches.
EL ORIGEN DE LA VIOLENCIA ¿De quién es el conflicto?
En las comunicaciones públicas, insistentemente se ha vociferado
un "Conflicto Mapuche", fuerza-idea utilizada por diversos medios de prensa,
personeros empresariales (Forestales y Agrícolas) y representantes
de la clase política partidista, sin embargo consideramos que éste
no es un conflicto Mapuche, por el contrario, es un conflicto generado
históricamente por el Estado chileno en contra del Pueblo Mapuche.
En el devenir de la historia ha sido el propio Estado quién
arremetió bélicamente con casi un exterminio; enajenó
el territorio del Pueblo Mapuche provocando el acorralamiento, el deterioro
cultural y la instalación de huéspedes afuerinos, como es
el ejemplo actual (entre otros) de las empresas forestales, quienes
ocupan miles de hectáreas que han causado irreparables daños
a las Comunidades y el medio ambiente.
Por otro lado, la practica colonialista Estatal está absolutamente
vigente, como es el caso del empleo de instituciones judiciales que
posibilitan constantes ofensivas procesales, acompañadas de violentitas
acciones policiales en contra de quienes reclaman sus Derechos. El origen
de la violencia no es Mapuche, las comunidades Mapuches sólo han
obedecido a una reacción defensiva para detener los atropellos
e intentos de exterminio territorial, social y cultural del Pueblo.
El mantener leyes abusivas, con contenidos que desconocen la existencia
de una diversidad poblacional en la región, en nada ayudará
a solucionar un conflicto que es originado por el propio Estado chileno
y que además es histórico, por el contrario, creemos que
de mantenerse la actual Fuente jurídica dominante y represiva
en la IX Región, sólo ocasionará progresivas reacciones
y mayores brotes de violencia por la auto-defensa.
REPLANTEAR EL SISTEMA PROCESAL ACTUAL
Ante el indiscutible fracaso que ha tenido la Reforma Procesal
Penal por su falta de realidad y conciencia territorial
hace que se proyecte sólo una virtualidad en su aplicación
con la realidad Mapuche y permita constantes hostilidades por las discordias
que existen y seguramente seguirán en aumento.
El hecho de que se imponga un sistema judicial dominante y formal por parte del Estado, esto no significa que a lo largo de la historia haya existido y exista en la actualidad una relación jurídica Mapuche propia, Derechos que son preexistentes a la institucionalidad chilena y que en teoría se denominan "consuetudinarios". Ésta relación jurídica propia se mantiene vigente y está vinculada estrechamente con la cosmología y cosmovisión a pesar de la negación que hace el sistema positivista jurídico-chileno utilizado como instrumento de dominación y dependencia.
Urge en este sentido, replantear el actual Sistema Procesal Penal en la Región, que incorpore una pluridiversidad jurídica y que permita la aceptación y validez de un Derecho alternativo con componentes consuetudinarios Mapuche, en caso contrario será el propio Estado y del Gobierno en particular por su autoría y complicidad, en seguir manteniendo un clima de permanente conflictividad y confrontación ante nueva careta de colonialismo.
Del mismo modo, el hecho de incorporar a Funcionarios en este nuevo sistema, como es el caso de los Fiscales, quienes en la práctica actúan como los únicos operadores del conocimiento jurídico procesal-penal, pero con un absoluto desconocimiento e ignorancia, seguramente, como ya ha ocurrido, dará a lugar para cometer arbitrariedades y discriminaciones en contra de Mapuches, como efecto de un poder asentado en la inexperiencia y formación limitada del Derecho.
Tampoco es concebible, que en medio de una zona con el más alto porcentaje de demografía Mapuche, existan Fiscales a quienes se les vincula con personas y familiares acusadas de usurpaciones de Tierras Mapuches. Simplemente, estos funcionarios deben inhabilitarse inmediatamente.
En conclusión, el replantear el actual sistema procesal con la incorporación de un Derecho alternativo local, sería sin lugar a dudas un aporte a la cultura jurídica alternativa y una actitud respetuosa a la cultura diferente del Pueblo Mapuche, lo que permitiría una convivencia más sana.