Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

DIARIO AUSTRAL DE OSORNO

 Año XX - Nro. 6.972 - Martes 11 de diciembre de 2001
Indígenas denunciaron atropello
 

"Por ningún motivo aceptaremos el desalojo. Hoy estamos dispuestos a todo;
nos pondremos en la lucha por impedir que continúen los atropellos", indicó
el dirigente Oscar Huilitraro.

Parlamentario calificó decreto de desalojo como una "presión inconveniente"
de parte de propietarios de Monte Verde.

Un treintena de familias indígenas de San Juan de La Costa serán desalojadas
por la fuerza pública de los terrenos que ocupan desde hace 30 años, de
hacerse efectiva la notificación judicial hecha llegar recientemente a sus
dirigentes a solicitud de la Sociedad Agrícola Monte Verde Limitada,
propietaria del predio de 2 mil hectáreas que compró al Estado en 1980, y
por el cual se mantuvo un juicio desde 1997.

La comunidad indígena "Monte Verde" llegó ayer a esta ciudad para denunciar
que dicha notificación es "un atropello a sus derechos", y junto con pedir
una urgente intervención de autoridades en su favor, indicaron que no se
moverán del lugar, aunque esto genere un enfrentamiento con Carabineros, o
quien quiera despojarlos de las tierras que consideran como "históricamente
propias".

En noviembre, y luego de un prolongado juicio que se extendió por casi 4
años, la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó el fallo del Cuarto
Juzgado de Letras de Osorno que había dictaminado que esta sociedad es la
única dueña del predio El Potrero de Cuinco y Monteverde, ubicado a 32
kilómetros de esta ciudad, por lo que a través de su representante, el
abogado Mauricio Fehrmann Miranda, la entidad otorgó en esa fecha a los
comuneros un plazo perentorio de 15 días para hacer efectivo el desalojo.

CONADI

Posterior a ello, y en gestiones que pretendieron evitar que las familias
huilliches tengan que abandonar sus casas, la Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena (Conadi), planteó la posibilidad de adquirir los
terrenos, no obstante, y según lo señalado por Fehrmann en noviembre, el
precio ofrecido por hectárea fue "irrisorio".

En la oportunidad, el abogado de la sociedad indicó que la Conadi se
desentendió del tema, y que por el predio, tienen una oferta "muy superior"
de parte de una forestal. Según indicó, el organismo estatal habría ofrecido
pagar 150 mil pesos por hectárea, mientras que la empresa particular
comprometió alrededor de 550 mil.

El abogado calificó el conflicto como "un problema de Estado", y a través de
este Diario realizó un llamado a las autoridades a tomar cartas en el
asunto, "porque nos están obligando a tomar un camino que no queremos".
 
 

NOTIFICACION

La notificación, recibida el jueves por los comuneros, indica que "habiendo
transcurrido el plazo legal de citación sin que los demandados hayan hecho
entrega del inmueble reivindicado, solicito a S.S., conforme al artículo 235
Nº1 del Código de Procedimiento Civil, decretar el uso de la fuerza pública
para proceder a la entrega o restitución del bien raíz reivindicado, libre
de todo ocupante, bienes muebles, animales y enseres".

El documento judicial expresa el timbraje del Cuarto Juzgado de Letras, y
oficia a Carabineros de Chile a cumplir la orden de desalojo.

Al respecto, el dirigente de la comunidad indígena Monteverde, Oscar
Huilitraro (58) señaló ayer en Osorno que "nosotros nos quedaremos en
nuestra tierra, y por ningún motivo aceptaremos el desalojo. Hoy estamos
dispuestos a todo; nos "pondremos en la lucha" para impedir que continúen
los atropellos".
 
 

¿ARMA DE PRESION?

El diputado Sergio Ojeda, que recibió en su oficina a los comuneros,
calificó la orden de desalojo solicitada por Agrícola Monteverde Limitada
como una presión inconveniente y un "aprovechamiento del poder judicial",
agregando luego que la Conadi ha intentado solucionar el problema
adquiriendo las tierras en conflicto "no obstante, hay ciertas dificultades
por la deuda que dicha empresa tiene con el Fisco, y cuya suma supera los
300 millones de pesos".

"En este caso no concibo el lanzamiento (desalojo). Cuando hay un proceso de
negociación, voluntad de las partes para arreglar el problema, y de Conadi
por adquirir las tierras y entregárselas saneadas a los comuneros, aparece
una medida de fuerza que no se entiende", dijo.

"Esta es una verdadera arma de presión (la notificación de desalojo) que se
utiliza para atemorizar a la comunidad. Las conversaciones para llegar a un
buen término están dadas, por lo que una orden de lanzamiento está
absolutamente fuera de lugar. Lamentablemente está ocurriendo lo que en
todas partes; se utiliza el poder judicial para presionar y lograr
propósitos y eso no puede ser", sentenció.
 
 

Dijo abogado de la sociedad agrícola : "Estamos ejerciendo un derecho"

"Lo único que estoy haciendo es ejercer un derecho al cumplimiento de una
sentencia. Y esto lo he dilatado por varios meses, a la espera de que la
Conadi me reciba y llegar a un acuerdo definitivo en la compra del fundo.
Pero ellos no me devuelven los llamados ni me atienden, y yo no puedo seguir
esperando eternamente", indicó ayer el abogado de la Sociedad Agrícola Monte
Verde Limitada, Mauricio Fehrmann, saliendo al paso de las críticas vertidas
por los comuneros indígenas y el diputado Sergio Ojeda.

Fehrmann agregó que "jamás hemos querido hacer efectivo este fallo (del
desalojo) por el problema social que se produce, y a mediados de noviembre
les dimos un plazo de 15 días. Pero hasta el momento, la Conadi ni siquiera
me ha llamado".

Respecto a la deuda que según Sergio Ojeda tendría la sociedad por concepto
de contribuciones, el abogado de la sociedad indicó que "aún existiendo
deudas pendientes, esto no es obstáculo para efectuar una compraventa. Yo me
senté con la Conadi hace varios meses y conversamos un precio que fue
rechazado por mi parte porque era irrisorio y vil".
 
 

PRECIO

Aclaró que "aquí lo que obstaculiza el negocio es que ofrecieron por la
venta del fundo un precio vil, tal como lo define el Código Civil",
descartando que la notificación de desalojo a la comunidad indígena Monte
Verde sea una medida de presión indebida, como lo señaló el parlamentario
osornino.

"Aquí lo único que estamos haciendo es ejercer un derecho, y el ejercicio de
un derecho jamás constituye abuso, y él (Sergio Ojeda) lo sabe porque es
abogado", dijo, agregando luego que "estamos entrampados con el problema, y
con el precio vil que ellos pagan (la Conadi) no podemos pagar deudas".

Este Diario intentó contactar a la directora regional de Conadi, Marianela
Huenchor, no obstante la personera se encontraba en Santiago, siendo
imposible ubicarla.
 
 

Por Francisco Reyes