Acusan de favorecer a violentistas

La comunidad mapuche Antonio Melinao se siente desplazada y postergada por mapuches que han optado por la vía violenta y que han sido favorecidas con la entrega de tierras.

Dirigentes de la comunidad mapuche Antonio Melinao, ubicada en el sector de Huapitrío -distante a 18 kilómetros al Este de Collipulli- sostienen que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) favorece con la compra de tierras a los indígenas de la IX Región que están por la vía violenta.

Los mapuches argumentan que se encuentran en el listado de las comunidades aprobadas por el Consejo Nacional del 8 de enero de 1998 para la compra de un predio agrícola y si bien esto fue ratificado por el consejo del año 2000, no han logrado adquirir terreno alguno. A fines del '99 la comunidad inició conversaciones con el propietario del fundo Santo Domingo Sur, ubicado en la citada comuna y pese a ello, aún no se ha concretado la compra.

La presidenta de la comunidad, Clorinda Prado Melinao y su secretario, Eduardo Prado, sostienen que "tal aprobación se realizó al cabo de exhaustivos estudios y tasaciones que concluyeron que el predio reunía los requisitos para comprarlo y asignarlo a la comunidad Melinao conforme a un precio que satisfacía al vendedor y a la Conadi".

Los mapuches se sienten postergados, porque pese a las diversas diligencias realizadas por el representante de la comunidad y por el corredor de propiedades, Jorge Tirapegui, no hay avances en las negociaciones.

"Lo que es más irritante y desalentador, es que durante todo este largo período se han concretado compras por montos muy superiores y en algunos casos en precios por hectáreas altísimo asignándolos a comunidades que han recurrido a tomas y despojos por vía violenta", aseveran.

Entre el listado de los predios entregados por esta comunidad, figuran: "un fundo de 707 hectáreas, adquirido en 1999 por la Conadi en mil 363 millones de pesos y entregado a la comunidad de Temulemu; el año 2000 el organismo indigenista compró 760 hectáreas en mil 57 millones, que luego fue entregado a la comunidad Antonio Ñirripil; a esto se suma el terreno de 430 hectáreas adquirido el 2001 en 765 millones de pesos y entregado a la comunidad Juan Aillavarela y el fundo de 350 hectáreas, comprado el mismo año por el organismo estatal en 690 millones y entregado a la comunidad de Trapilhue, entre otros.

Los indígenas aseveran que han sido respetuosos de la ley y la paz social, pero han sido postergados, mientras los que infringen la legalidad resultan premiados o favorecidos.

"... En el caso específico de las comunidades mapuches, desde el propio Presidente de la República, pasando por los ministros y jefes de la Conadi, se ha reiterado no asignar terrenos a las comunidades indígenas que hayan recurrido a la violencia física y usurpación de terrenos", afirman.