domingo 13 de enero de 2002

Violencia en Tirúa

La destrucción de un camión maderero a 12 kilómetros de Tirúa vuelve a encender los ánimos en la Provincia de Arauco. El lunes último, a las 12:15 horas en el camino a Trobolhue -sector Primer Agua- el chofer de una máquina de la empresa contratista Leoval, cargada con 35 metros cúbicos de madera aserrable en trozos de propiedad de la Forestal Valdivia, fue interceptado por una turba iracunda que le obligó a abandonar el vehículo bajo amenaza de muerte.

Tras recibir una feroz golpiza de palos, pies y puños, el infortunado conductor logró huir del lugar, mientras los cerca de 60 delincuentes encapuchados y a rostro descubierto prendieron fuego al móvil avaluado en más de 50 millones de pesos. Más tarde los antisociales, que formaron barricadas con pinos en diversos puntos de la ruta, fueron repelidos por efectivos de Carabineros con bombas lacrimógenas y balines de goma; pese a que el operativo se prolongó hasta el atardecer, la jornada acabó sin detenidos.

Los acontecimientos que hoy infunde temor en los alrededores de Tirúa no son puntuales ni aislados. Hace apenas un mes la hacienda Lleu-Lleu, propiedad del empresario turístico Osvaldo Carvajal y distante a escasos kilómetros de este nuevo siniestro, fue quemada por octava vez en solo cuatro años. Por lo tanto, a la luz de lo ocurrido el lunes, es evidente que hay derechos que se están vulnerando con demasiada frecuencia, como el de propiedad, el de emprender, y acaso el mismo Estado de Derecho. Este último no se respeta en este sector de la provincia de Arauco, pese a que las dotaciones de Carabineros que patrullan intentan estoicamente mantener el orden en la zona, se ven sobrepasadas por bandas de comuneros lafquenches que actúan a faz descubierta y permanecen en la más completa impunidad, pese a ser reconocidos por sus víctimas.

Las talas ilegales de bosques, los asaltos a camiones y bodegas con madera, junto a las tristemente masificadas tomas de terreno, son factores que incuban un proceso insurreccional que hace un lustro era completamente desconocido para los habitantes de la Octava Región y el país. Tanto en el secano costero sur como en el Alto Biobío, grupos organizados de lafquenches y pehuenches empobrecidos están desencadenando situaciones de grave ingobernabilidad que desde la autoridad central son percibidas como hechos menores, pero que para quienes sufren sus consecuencias en terreno se han convertido en verdaderas pesadillas. Mientras la autoridad no asuma que en el conflicto mapuche se entrecruzan variables policiales, políticas y sociales, cuya incidencia es creciente producto del activismo de las nuevas generaciones de indígenas, la llamada ''deuda histórica'' con los pueblos originarios crecerá como una bola de nieve girando por la pendiente. En esto hay un enorme desafío para la nueva ministra de Planificación y Coordinación, Cecilia Pérez, de cuya cartera dependen organismos vinculados a la promoción de las etnias, pero sobre todo, pare el ministro del Interior, interesado en un nuevo impulso que el Presidente Lagos intenta imprimir a su gestión gubernamental, en cuanto a garantizar la seguridad interior y ordenamiento jurídico del Estado. Sin este, cualquier esfuerzo será vano.


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