“Tenemos un parlamento conservador”

En medio del temporal que azota a la Araucanía, la titular del Mideplan desmenuza la “deuda histórica” con el pueblo mapuche, y aunque reconoce la responsabilidad del Estado, emplaza puntualmente a los congresistas por no aprobar el reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.

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Proyectos de ley que dan más participación política a los indígenas son parte de los ajustes que anuncia la ministra de Mideplan por la ratificación del convenio 169 de la OIT. Foto: Leandro Chávez

Una denuncia pública de funcionarios de la Conadi sobre la restitución de hectáreas sin concursos ni sorteos a mapuches de la Concertación, fue la guinda de la torta; un balde agua fría para el ministerio a cargo del tema indígena y la Conadi.

El jueves, la ministra Paula Quintana partió a la Araucanía a raíz del temporal, pero antes de tomar el avión conversó con LND sobre los problemas de corrupción en la Conadi, el conservadurismo de los parlamentarios que impiden avanzar en el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, las reformas que vienen por la aprobación del Convenio 169 de la OIT y la violencia que después de 500 años sigue dominando la Araucanía.

Funcionarios de la Conadi denunciaron la entrega de un 45% de subsidio de tierras sin concurso y la mayoría habría sido entregada a comunidades ligadas a mapuches de la Concertación. ¿Ustedes tenían antecedentes de esto?
El sistema de subsidios para la restitución de tierras implica un proceso de postulación, pero también deja abierto un procedimiento para casos excepcionales. El director nacional de la Conadi, cuando asumió, revisó este proceso y los acuerdos que había tomado el Consejo de la Conadi en la administración anterior.

¿Qué medidas han tomado?
El domingo pasado pedimos un informe que el director de la Conadi respondió inmediatamente. Además, solicitamos un informe de procedimiento jurídico para aclarar qué porcentaje se entregó como caso especial, y yo voy a solicitar al Consejo de la Conadi que delimite los casos especiales para que no superen un 15%. De todas maneras, estos casos se refieren a familias que habían concursado anteriormente y habían optado al subsidio, pero las tierras adquiridas fueron insuficientes para su subsistencia. No es que arbitrariamente se haya entregado el beneficio a una familia que no haya estado en ningún concurso.

Pero esas familias podrían haber vuelto a concursar.
Esa es la explicación que estamos solicitando. Los casos especiales deben ser una cantidad razonable de acuerdo al sentido común, que implica la excepcionalidad y que la mayoría tiene que ser por concursabilidad.

¿Habrá sanciones si se demuestran irregularidades?
De acuerdo al informe del director de la Conadi, vamos a iniciar o no algún proceso administrativo. El estatuto administrativo establece cuáles son los procedimientos a seguir cuando hay una situación irregular.

Un Parlamento conservador

Se han incrementado los operativos en la zona. Organismos de derechos humanos han manifestado su preocupación por la violencia que aplica Carabineros en estos operativos y que han terminado incluso con niños baleados y golpeados. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Creo que el tema no se trata de más o menos carabineros. El enfoque correcto no es en el sentido del conflicto, sino de abordar integralmente el tema de la inclusión de los pueblos indígenas. Así como tenemos aún una deuda histórica con ellos, hemos avanzado en construir una institucionalidad en conjunto y hay que respetarla. Para acceder a la compra de tierras es necesario hacerlo por los caminos institucionales. La violencia le hace daño a la causa indígena.

Las comunidades han perdido la confianza en los caminos institucionales y alegan que la ley no es igual para todos. Por ejemplo, todavía no hay un responsable por la muerte de Matías Catrileo; sin embargo, cuando se incendia un fundo las comunidades indígenas son allanadas. ¿Cómo puede convencer a estas comunidades para que no utilicen la violencia?
El Estado tiene el deber de garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, por eso la violencia es sancionable y no es el camino para resolver la deuda histórica que tenemos. Nosotros planteamos el respeto al camino institucional, el reconocimiento de los derechos políticos y la necesidad de mejorar la gestión de los programas para los pueblos indígenas. Tenemos el deber y la obligación moral de hacer un llamado a todos los actores a respetar las vías institucionales que contemplan el respeto de los derechos humanos de los indígenas.

El Parlamento aprobó el Convenio 169 de la OIT con una declaración interpretativa que impide tomar en cuenta los avances del derecho internacional en el tema indígena. ¿Qué opina de esta declaración?
Lo sustancial es que el Convenio 169, en la medida en que lo suscribe el Estado chileno y la OIT lo acepta en los términos que lo plantea nuestro país, tiene que ser asumido en su integridad. No se trata de si hay o no declaración interpretativa.

Para cumplir el convenio se tendrán que adecuar políticas públicas con respecto a derechos políticos, territoriales y culturales. ¿Hay nuevos proyectos en esta dirección?
Lo importante del 169 es que tiene que haber un ajuste institucional para que se puedan ejercer esos derechos y contamos con programas que van en esa dirección. Tenemos treinta proyectos habitacionales orientados hacia familias indígenas. En salud contamos con centros y hospitales interculturales, y hoy se discute en el Parlamento la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, donde se establece el derecho de los indígenas a ser atendidos de acuerdo a sus costumbres en la atención pública. En educación, la Junji-Integra está estableciendo jardines interculturales y ha habido un incremento en becas indígenas de 30 mil el año 2000 a 43 mil este año. Respecto a tierras, se han entregado más de 500 mil hectáreas. De esas, casi 90 mil se han canalizado por la Ley Indígena. También estamos trabajando en un sistema para que las comunidades participen de las utilidades que generan proyectos de inversión que se desarrollan en tierras de propiedad o de desarrollo indígena, que va a ser obligatorio para el sector público como primer paso. Además, estamos trabajando en la formulación de proyectos de ley que permitan una mayor representación y participación política.

Desde el Gobierno de Aylwin se está prometiendo una Subsecretaría de Asuntos Indígenas, ¿cuándo se concretará eso?
El martes ingresamos el proyecto de ley que crea la subsecretaría a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados. Esta subsecretaría dependería del Mideplan y tendría por rol la articulación y coordinación de la política indígena.

Desde 1990 se han presentado cinco proyectos para reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas. ¿Qué pasa con el último proyecto que envió la Presidenta el año pasado al Parlamento?
Ese proyecto plantea el reconocimiento de los pueblos indígenas, con el derecho a vivir con sus costumbres. Un factor fundamental es la relación que establece con los recursos naturales, y particularmente con el derecho a la tierra y al agua. Yo le recordaría a los parlamentarios, sobre todo a quienes cuestionan la política de tierras, que la Ley Indígena se aprobó en 1993 por unanimidad y en ella se establecen los procedimientos institucionales para restituir las tierras indígenas.

¿Cree que las leyes no se han aprobado porque tenemos un Parlamento conservador?
Sí, eso se demuestra todos los días. Hay que ver quiénes están por avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas indígenas, para incluirlos como ciudadanos plenos, reconociendo su cultura y sus costumbres.

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“HAY QUE TOMAR MEDIDAS MÁS SUSTENTABLES QUE UN BONO”

El domingo pasado, Joaquín Lavín, en su papel de presidente del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, comenzó una polémica con la ministra Paula Quintana por la estimación del número de pobres y el alza de los alimentos. Para producir acercamientos, en la misma línea del bacheletismo-aliancismo, la ministra recibió el jueves al ex abanderado presidencial y llegaron a un acuerdo: lo importante es encontrar soluciones para las familias vulnerables ante el alza de precios. La ministra tiene clara la apuesta del Gobierno: sistema de protección social.

–El alza del precio de los alimentos está golpeando duramente a las familias chilenas. Hay expertos que han propuesto un IVA diferenciado para una canasta básica. ¿Qué opina de esta idea?

–En Chile estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El Banco Central ya tomó medidas respecto a política monetaria y el Gobierno se pronunció respecto a las medidas de austeridad en política fiscal: evitar los gastos que son prescindibles, sin que ello implique disminuir el gasto social. En esa perspectiva, lo sustancial para enfrentar la inflación son medidas de protección social. Estamos orientando nuestros programas específicos y los subsidios al 40% de la población con más riesgo a caer en pobreza.

–¿Aumentarán algunos bonos u otras medidas paliativas?

–En el primer semestre se contó con un bono para contribuir a las familias con el alza de los alimentos, pero creemos que hay que tomar medidas más sustentables. Es lo que estamos haciendo con la reforma previsional y la pensión básica solidaria, que hoy recibe el 40% de los hogares más vulnerables. Esos mismos hogares también reciben subsidios únicos familiares. También es importante contar con trabajo protegido y decente. Por eso, el martes se inició la discusión en el Parlamento de las modificaciones al seguro de cesantía. También estamos trabajando en un proyecto de ley de subsidio al trabajo, que va a mejorar el sueldo de los trabajadores con menores ingresos e incentivará la contratación para incorporar personas cesantes y formalizar trabajos informales.

–Según un estudio de Joaquín Lavín, los precios de la canasta básica han aumentado en un 25,8% y hay un millón más de pobres. ¿Hay alguna propuesta, en lo inmediato, para garantizar el acceso de esas familias a los alimentos básicos?

–La inflación afecta hoy día especialmente a la población más vulnerable. Con respecto al primer quintil de ingresos, el 43% de su ingreso familiar está orientado a alimentación, por lo que tiene un impacto significativo. Nuestra respuesta frente a eso es un sistema de protección social. Que el Estado cumpla el rol de contener a las familias para que no caigan en la pobreza. Estas medidas son las que tienen el mayor impacto: la mejor orientación y focalización a los que más lo necesitan. Esto se verá en el corto plazo. Las familias chilenas tendrán mayor tranquilidad de contar con una protección desde el Estado.