Santiago de Chile, Sábado 2 de Febrero de 2002
DE ALTA.-
En el Hospital de Osorno fueron dados de alta los huilliches heridos.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS:
Críticas a Conadi tras matanza huilliche

Arturo Zúñiga, Soledad Neira

ARTURO ZÚÑIGA/SOLEDAD NEIRA

TEMUCO/OSORNO.- Mientras las familias huilliches protagonistas de la matanza de Choroy Traiguén culpan de ello a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), el consejero nacional de la entidad, Hilario Huirilef, atribuyó la responsabilidad tanto a la Conadi como al Ministerio de Bienes Nacionales y a la lentitud de los tribunales de justicia.

La disputa por tierras costó la vida a cinco integrantes de familias rivales, en una localidad rural de San Juan de la Costa.

A las críticas formuladas a la Conadi se sumaron las del senador Roberto Muñoz Barra y del diputado Sergio Ojeda, referidas a los procedimientos de la entidad en la entrega de tierras. Para este caso, habría considerado sólo los derechos de un grupo interesado, en desmedro de los del otro.

Ayer, la Policía de Investigaciones hizo entrega a la justicia de otros cuatro indígenas, por su presunta participación en la matanza.

Huirilef dijo que la responsabilidad de la Conadi aparecía como más grave por no haber advertido a Bienes Nacionales de la posible ocurrencia de nuevos conflictos en el predio en disputa, luego de incidentes ocurridos el 2 de enero pasado.

Según Huirilef, después de que no prosperara la conciliación entre ambos grupos, iniciada en 1999, la Conadi debió buscar soluciones alternativas, y no trasladar su solución exclusivamente a la justicia.

El senador Roberto Muñoz Barra, que ayer se reunió con el director de la Conadi, Edgardo Lienlaf, dijo que esta entidad había sido sobrepasada, al verse incapacitada de neutralizar la acción de los grupos violentistas mapuches.

Lienlaf refutó las críticas señalando que su entidad actuó conforme a la Ley Indígena, solicitando en 1996 al Ministerio de Bienes Nacionales la entrega del predio fiscal de 5.107 hectáreas en disputa, para su traspaso a la comunidad Choroy Traiguén, que reclamaba derechos ancestrales.

Con posterioridad, la comunidad Lefián Marileo reclamó derechos sobre 600 de esas hectáreas, motivando la presentación de un recurso judicial por usurpación en su contra, en causa que fuera temporalmente sobreseída en 1999. Con la asesoría de la Corporación de Asistencia Judicial de Osorno, la comunidad Lefián Marileo inició un proceso de conciliación, sin que se llegara a acuerdo, por lo que el caso llegó a los tribunales.

"Ese proceso no tuvo la premura y precaución necesarias, y ocurrió lo que hoy lamentamos. Desde ese punto de vista, la Conadi hizo todo lo que tenía que hacer", enfatizó.

A su vez, el diputado Sergio Ojeda, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, dijo que pedirá un informe a la Conadi sobre sus procedimientos y los factores considerados para la entrega de tierras y títulos de propiedad. "En muchas comunidades existen los mismos problemas", dijo.

A los diez indígenas detenidos el miércoles se sumaron ayer otros cuatro: Luciano Lefián Zambrano, Guido Panguinamún Lefián, Carlos Cumilef Ancapán y Víctor Lemuy Catrilef.

Los dos últimos serían los presuntos autores de las muertes de cuatro de las víctimas, cuyos funerales se realizarán hoy en la Misión de San Juan de la Costa y en el cementerio de Bahía Mansa.



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