Santiago de Chile, Sábado 23 de Febrero de 2002

Conflicto indígena

La política frente a los chilenos de indefinible mayor ancestro indígena que han seguido los gobiernos de la Concertación continúa inmodificada, pese a la evidencia de sus efectos desastrosos para el país y para sus supuestos beneficiados, así como sus consecuencias de violencia, tensiones, rupturas del Estado de Derecho, erosión de las instituciones, ingentes pérdidas, inseguridad, caída de la inversión. Por cierto, la extrema pobreza de los presuntos beneficiarios prosigue sin mejoramiento alguno, y la ocupación ilegal de un predio agrícola en la comuna de Galvarino, el pasado mar-tes, se une a incontables casos precedentes.

Un especialista de Libertad y Desarrollo (LyD), Ignacio Illanes, ha advertido en entrevista a este diario que, con probabilidad, en el mundo índigena "se está incubando un proceso de insurrección mayor". A su juicio, no cabe descartar la hipótesis de que los recursos exigidos por extremistas chilenos que secuestraron a un publicista brasileño hayan tenido a Chile como destino.

Sostiene que el colapso de los socialismos obligó a los movimientos insurreccionales a buscar focos nuevos, como Chiapas, y también en Chile grupos de izquierda han intentado infiltrar a comunidades mapuches.

El Consejo de Todas las Tierras, nacido como Ad Mapu, fue liderado durante años por el PC; en 1985 tomó su control Aucán Huilcamán, de una facción socialista. Identidad Territorial Lafquenche ha tenido nexos con la izquierda por medio de algunos dirigentes. La Coordinadora Arauco Malleco, la más extrema, reivindica independencia, "porque cada vez que el mundo mapuche ha trabajado con la izquierda ha salido perdiendo".

Como se previó ya en 1990, de las demandas de tierras se pasó a reclamos de autodeterminación. El investigador de LyD recuerda que la Coordinadora habla de una "liberación nacional" y algunos personeros admiten que "si es necesario-reconstruirla nación mapuche por la vía de las armas, lo van a hacer". En su opinión, "el conflicto mapuche no se resuelve sólo con la entrega de tierras" y el Gobierno "aún no pondera la importancia que pueden tener las organizaciones más radicales".

El incidente brasileño aún presenta muchas incógnitas, y la alarma observada en La Moneda puede encontrar parte de su explicación en posibles conexiones con el problema indígena. Entretanto, una encuesta a mil mayores de 18 años inscritos en los registros electorales, realizada por el referido instituto a fines de enero pasado, muestra que el 69 por ciento cree que el Gobierno debería aplicar medidas más severas contra los activistas del mundo mapuche, y un 73 por ciento sostiene que tiene la principal responsabilidad en la solución del conflicto.


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