Santiago de Chile, Domingo 3 de Marzo de 2002
 
Una década de ataques y fuego en el sur. Más que compras, debiera enfrentarse de manera decidida el tema del desarrollo productivo de las comunidades. Y queda una definición aún mayor: ¿mayores grados de autonomía política y territorial?
MAPUCHES. EL CONFLICTO QUE NO SE APAGA:
La década indómita

Rodrigo Barría Reyes

RODRIGO BARRÍA REYES. Desde la IX Región

Cuando el gobierno de Patricio Aylwin decidió en 1992 adquirir para 22 familias indígenas de Lonquimay 30 mil hectáreas, en más de seis millones de dólares, el entonces ministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa, señaló: "No habrá otro conflicto como Quinquén porque su caso es único e irrepetible...".

Diez años después de que Figueroa propiciara que el Estado gastara 280 mil dólares por familia en Quinquén, su fundo en Traiguén fue atacado por una turba indígena a rostro cubierto, boleadoras guerreras y molotov incendiarias. Entonces Figueroa dijo: "Estamos frente a la necesidad de reprimir estos hechos, que son verdaderos actos de terrorismo".

Las demandas indígenas, que se intentó aquietar con más predios y más dinero, siguen vigentes y se expresan con nuevas tomas y ataques. Un incendio social que no se apaga con más y más paladas de nuevas tierras.

¿Segregarlos o integrarlos?

Los tres gobiernos de la Concertación han mantenido una postura de apertura y apoyo hacia los mapuches.

Así, éstos se han visto en los últimos años dueños de un interés preferencial que ya lo quisieran otros chilenos más necesitados.

En octubre del 1993 esa atención se expresó en la Ley sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas (conocida como Ley Indígena).

Con esa legislación, el primer gobierno del arco iris daba apoyo a las demandas que alegaban - con razón, por lo demás- cómo durante el gobierno militar se había acrecentado la división de las comunidades autóctonas con el empobrecimiento que significó la tenencia individual de sus tierras.

La Ley Indígena salía a la luz gracias al trabajo que desde 1990 venía realizando la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, entidad que se convirtió en la mesa de diálogo de las exigencias acumuladas.

Sin embargo, la nueva ley nació con malformaciones desde el punto de vista mapuche, ya que hubo aspectos como la de organizar asociaciones o federaciones de comunidades o materias relacionadas con el manejo de los recursos naturales dentro de sus terrenos, que no fueron considerados.

Así, mientras para el gobierno de Aylwin la nueva ley era presentada con pompa y serpentina, la fiesta entre los mapuches era de caras amurradas.

Entonces apareció en escena la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), organismo público con una mixtura como directriz básica: hacerse pasar como "la voz indígena" cuando, en realidad, se trata de "la voz gobiernista respecto del tema indígena".

En esa mezcla de aparente representatividad mapuche y espíritu oficialista se ha movido la entidad, que capea desde su creación marejadas de demandas y críticas que se han llevado a varios de sus timoneles.

Enfocada en las quejas provenientes del sur del país - aunque su tarea involucra a etnias tan disímiles como rapa nui, kawashkar o aimara- la entidad se ha centrado en la compra, regularización y traspaso de tierras para los mapuches y, en menor medida, con el desarrollo de iniciativas de productividad en beneficio de los mismos y la conformación de zonas específicas de apoyo preferencial a los autóctonos (las llamadas "Areas de Desarrollo Indígena").

El ex Presidente Frei también se esmeró en intentar apaciguar la ira mapuche.

Al final de su mandato estableció un Programa Especial de Apoyo al Pueblo Indígena - surgido de jornadas de diálogo con parte de las tres mil comunidades - , esfuerzo que se concentró en cinco focos de gestión, trabajos que se vienen desarrollando desde 1999 y que debieran concluir este año.

Llenos de esos actos plagados de fanfarria, aunque con un vacío evidente, durante Frei se llegó a establecer con los mapuches el denominado Pacto por el Respeto Ciudadano.

¿Sabrá algún indígena de qué se trata el acuerdo?

Lagos, dentro de su reiterada idea de "invitar a soñar Chile", apenas llegó a La Moneda se entusiasmó con la posibilidad de ser "el" hombre de la pacificación de la Araucanía.

Sin embargo, dentro del aparato indígena del gobierno se reconoce que el Primer Mandatario lanzó ofertas escasamente analizadas.

Cercanos al tema mapuche reconocen que su promesa de 150 mil nuevas hectáreas para los indígenas durante su mandato es la expresión máxima de un "ofertón" que nunca debió haber sido.

Y por eso es que, ante el peligro de no conseguir la "marca" de hectáreas prometida, la autoridad se esmera en sumar a sus nuevas tierras no sólo las compradas, sino que todos los terrenos regularizados y traspasados.

En la práctica, el Presidente Lagos no ha variado mucho su postura frente al tema mapuche respecto de sus dos antecesores concertacionistas.

Apenas cuatro días después de asumir la presidencia, el Jefe de Estado instaló una mesa de trabajo que en cinco semanas tenía elaborado un paquete de medio centenar de medidas para enfrentar las demandas.

Luego, el gobierno decidió instalar la llamada Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato - liderada por Aylwin- , la cual sigue trabajando en comisiones, a fin de elaborar un documento que sea la base del accionar estatal frente al conflicto, en los próximos años.

Es obvia la conclusión a la que llegará esta nueva instancia: el Estado debe reconocer los malos tratos a que han sido sometidos los indígenas y la sociedad debe hacer un esfuerzo por reponer décadas de injusticias.

Claro, pero la pregunta es cómo hacerlo.

Las alternativas: ¿integrarlos y que asuman sus desafíos como el común de los chilenos o segregarlos y llenarlos de beneficios preferenciales?

Los millones indígenas

Se critica el costo financiero que suponen los autóctonos para las arcas del Estado.

¿Es poco o mucho 18 mil millones de pesos - monto equivalente a la deuda de Colo-Colo o a la inversión de una nueva ruta entre Concón y Viña del Mar- para un millón de personas, que es el número estimado de indígenas que existe hoy en el país?

Claro, un millón es el número de personas que, en teoría, debiera beneficiar la Conadi, pero el grupo de indígenas agraciados por el Estado apenas es una ínfima parte de ese contingente de potenciales favorecidos.

Por eso la pregunta debiera ser otra: ¿en cuántos autóctonos, efectivamente, se están gastando 18 mil millones de pesos al año?

Desde 1994 a la fecha buena parte de los fondos de la Conadi se han consumido en la adquisición, regularización y traspaso de terrenos en favor de los mapuches.

Los dineros dedicados a ese fin están dentro de la partida correspondiente al Fondo de Tierras y Aguas del organismo.

Por ejemplo, 1998 fue el año que más predios adquirió la Conadi, cuando compró siete mil hectáreas con un presupuesto de cinco mil 700 millones de pesos. Ese año se beneficiaron 560 familias mapuches.

Sin embargo, la paradoja del sistema quedó en evidencia en 2001, cuando se compraron tres mil 400 hectáreas con una caja que disponía 14 mil millones de pesos. Se favoreció a 179 grupos familiares.

En realidad, la complejidad que supone el problema implica definiciones mayores que pocos se animan a enfrentar.

Sí, porque el gobierno reitera la defensa de los espacios de desarrollo y cultura mapuche pero es incapaz de mantener libres esas zonas de megaproyectos que la misma autoridad propicia y que generan conflictos.

Así, buena parte del territorio indígena está plagado de derechos de uso de tierras y de aguas, de las cuales se benefician preferentemente la acuicultura, los proyectos eléctricos y el sector forestal.

En la práctica el gobierno tiene un doble discurso insostenible en el tiempo: el respeto de las comunidades mapuches y, al mismo tiempo, el fomento de proyectos de inversión y desarrollo que pasan encima de esos terrenos que se pretenden resguardar.

La indecisión de la autoridad ha llevado al gobierno a convivir con una política que se asimila a la labor de Conaf - apagar incendios a través de compras- y no a establecer líneas políticas respecto de cómo asumir el futuro del tema mapuche.

Los indígenas han percibido esa duda y terminado por aprovecharse de la indefinición estatal. Y así es como han optado por tomarse predios, vociferar y sembrar el miedo con tal de conseguir a través de la presión los terrenos que por medio del reclamo anónimo y formal no logran.

La disyuntiva no es menor, ya que según el enfoque que asuma el Estado dependerá el rostro del país al que se aspira a futuro. Para emplear los términos presidenciales.

En ese sentido, aunque las reclamaciones más radicales mapuches suelen diferir en forma y fondo - ni siquiera poseen una cabeza que sirva de interlocutor válido- , parece claro el concepto que se anida en esos sectores: crecientes grados de autonomía territorial, política, económica y cultural para la etnia.

Los mapuches llaman a la iniciativa "espacios autónomos"; los críticos a la idea, "Estado dentro de un Estado".

Batallas perdidas

El gobierno debe asumir que existe una batalla que las organizaciones mapuches tienen ganada. El peso de la escena de un par de agitadores con rostros cubiertos intentando acertar con sus boleadoras a algún "usurpador" es más contundente y efectista que un documento en donde quede claro los miles de millones de pesos que se han gastado en ellos y las horas invertidas en escuchar sus reclamos.

Las razones del gobierno expuestas a través de cualquier funcionario no pueden competir con el lamento quejumbroso y emotivo de un Aucán Huilcamán instalado en el podio de algún encuentro internacional.

Mejor preparados y más interrelacionados con agrupaciones indígenas foráneas, los autóctonos chilenos han asumido esas reclamaciones indigenistas internacionales.

Sí, son apenas un puñado de mapuches los que se han encargado de instalar un "farwest"sureño. Pero también es cierto que esos pocos han generado una respuesta gubernamental que parece responder a la demanda de cientos de miles.

DENUNCIAS

Chile acusado

Los mapuches han denunciado en instancias internacionales la "represión" del Estado chileno.

Contrariamente con la actitud rápida y marketinera en pos de la "causa" de los aborígenes, el gobierno ha ido a los tumbos y su capacidad para contrarrestar las acusaciones ha sido limitada.

Una de las complicaciones mayores y que peor lo ha dejado es la presentación que el Consejo de Todas las Tierras hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La queja de los liderados por Aucán Huilcamán se relaciona con el proceso seguido contra 144 integrantes de la organización que protagonizaron ocupaciones y acciones de agitación con motivo de los 500 años del Descubrimiento de América, en 1992.

Los arrestos y procedimientos judiciales fueron calificados por los mapuches como "graves atentados a los derechos humanos", por lo que solicitaron a la CIDH su intervención para que intermediara un arreglo con el Estado chileno que sirviera de "reparación" a los atropellos sufridos por sus asociados.

Reunidas las tres partes a comienzos de octubre de 1998, los representantes del gobierno de Chile se comprometieron ante la CIDH a tres puntos concretos:

Estudiar la posibilidad de incrementar y reorientar el programa de adquisición de tierras que desarrolla la Conadi con el objeto de beneficiar de manera directa a las comunidades que acusaron al Estado chileno.

Analizar la factibilidad de eliminar los registros en donde los afectados aparezcan vinculados con los delitos de usurpación, asociación ilícita o abigeato, entre otros.

Realizar esfuerzos "materiales y simbólicos" a fin de restaurar "el buen nombre" de los mapuches acusadores.

En mayo del 2001 el gobierno envió una propuesta de solución amistosa que fue rechazada por Huilcamán, por lo que la CIDH debiera pronunciarse respecto de la admisibilidad de la denuncia mapuche y elaborar un informe.

Desde Washington, el abogado del organismo, Mario López, aclaró que el caso (Nº 11.856) es el único que los mapuches han elevado formalmente ante la CIDH.

Sin embargo, la atención internacional sobre el caso mapuche se expande a otras organizaciones muy críticas de la actuación que el gobierno ha mantenido frente a las reclamaciones indígenas.

Algunas de esas miradas condenatorias internacionales:

Departamento de Estado de los EE.UU.: En su Informe Anual sobre Derechos Humanos (1999) llama la atención sobre las irregularidades en la situación legal de los detenidos mapuches y los abusos de que han sido objeto mujeres y niños.

Fundación Danielle Mitterrand: Solicitud de condena al Estado chileno por violaciones de los derechos humanos de los mapuches, presentada ante la subcomisión de Lucha Contra las Medidas Discriminatorias y por la Protección de las Minorías de las Naciones Unidas.

Parlamento Europeo: Propuesta de resolución condenatoria por la violación de los derechos humanos de la población mapuche en Chile.

Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas: Condena al Gobierno de Chile por discriminación que se ejerce contra la población indígena.

OIT

Polémico 169

La aprobación del "Convenio 169" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), provoca discrepancias en Chile. El documento, junto con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, establece altos grados de autonomía, en el entendido de que deben tener capacidad de voz y participar en las decisiones que los afectan.

En ese sentido dice que "deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados y que tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados".

Se establece que los gobiernos "deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".

En materia de justicia se dan orientaciones precisas: "en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia".

En relación con el derecho de propiedad el Convenio 169 diseña un marco de acción: "deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados".

La idea de ratificar la normativa ya lleva más de una década de análisis y discusión en nuestro país (el proyecto ingresó el año '91 a la Cámara de Diputados para su consideración).

El convenio fue aprobado por los diputados en abril del año 2000. Pero las complicaciones continuaron, cuando en julio del mismo año, 31 honorables detractores del convenio solicitaron al Tribunal Constitucional que se pronunciara respecto de la supuesta inconstitucionalidad del documento. En agosto del 2000 el planteamiento fue desestimado por el organismo jurídico, aunque estableció que para su aprobación en la Cámara Alta se requerirá de los 4/7 de los senadores y que, posteriormente, el acuerdo deberá ser sometido a control de constitucionalidad por el propio Tribunal Constitucional.

De los 14 países que han ratificado el documento, 10 son latinoamericanos.

LA IZQUIERDA

Los vínculos extremistas

"Las quemas representan la opresión, desesperanza y humillación de nuestra gente", ha planteado el líder de Arauco-Malleco, José Huenchunao. En esas tres causales suelen encontrar tierra fértil los discursos extremistas.
Los planteamientos de recuperación violenta de las tierras consideradas usurpadas ha hecho sospechar que detrás de ellos se encuentra una vieja mano subversiva.

Sin embargo, desde los grupos de mapuches más radicales hay sentimientos de desprecio por las agrupaciones de izquierda.

"Somos una de las organizaciones que mayor confrontación tiene con la gente de izquierda. Consideramos que el movimiento mapuche tiene que nacer a partir de todas nuestras dificultades y virtudes. Nunca nos vamos a subordinar ideológica ni políticamente", ha señalado Huenchunao.

Los rodriguistas, mientras tanto, desde sus órganos de difusión han reconocido que una de las dificultades para acercarse a los indígenas es el fraccionamiento de su liderazgo.

Sin embargo, a mediados de 2000, no desechaban la posibilidad de lograr mayores grados de vinculación: "No se ven grandes diferencias en la forma de enfrentar la lucha... Tal situación permite lograr mayores niveles de coordinación entre sus organizaciones, que les permita dar un mayor peso y una mayor extensión geográfica a las movilizaciones que sean necesarias realizar", señaló "El Rodriguista" (junio de 2000).A comienzos de los '90 el naciente "Ejército Guerrillero de los Pobres, Patria Libre" (EGP-PL) tuvo claras intenciones de vincularse militarmente con la causa indígena."En nuestros planes un elemento fundamental es la resistencia indígena en torno a los 500 años. Esta no es una coyuntura más del pueblo mapuche, es decisiva, ya que permitirá vislumbrar si efectivamente el pueblo mapuche es capaz de generar su propia vanguardia", señalaba la organización.

Pero diversos antecedentes dan cuenta de la exigua vida que tuvo el EGP-PL y la nula presencia actual que poseería en los grupos mapuches.

Quizás donde más relaciones se encuentran entre mapuches y grupos violentos es con jóvenes anárquicos similares a las organizaciones antisistémicas que se pueden encontrar en universidades del país.

Mapuches universitarios de Santiago, Concepción y Temuco estarían actuando como cabecillas nómades de la movilización.

En todo caso, desde hace tiempo el gobierno sospecha que elementos subversivos - nacionales e internacionales- han tenido contacto con los mapuches.

No se sabe si se trata de un vínculo permanente o esporádico, pero el hecho es que no se ha confirmado esa presencia guerrillera formal entre los aborígenes.

El último episodio de esta supuesta vinculación extremista ha sido señalada por los empresarios madereros del sur, quienes han responsabilizado a grupos mapuches radicalizados de los interminables y extensos incendios forestales que han debido combatirse duramente en las últimas semanas.

Así, si es que llega a ser efectiva una versión que es rechazada por indígenas y gobierno, además de ataques específicos sobre terrenos determinados, ahora la estrategia mapuche supondría un salto gigante de maldad, destrucción y amedrentamiento en la zona.

EL INTENDENTE

El "werkén" de la Araucanía

Ramiro Pizarro, intendente de la IX Región:
- ¿Cuál es el encargo que ha hecho La Moneda para enfrentar el conflicto mapuche?

- Diría que algo que no existía antes: generar una política regional.

- ¿Qué significa eso?

- Asumir la responsabilidad de conducir una política mapuche, pero desde la IX Región. Esa postura no existía, ya que el tema se enfocaba tomando como punto de partida la delegación que podía efectuar en su momento el gobierno central. Claramente ¡no existía una política propia!, generada por nosotros, respecto de cómo debemos enfrentar el asunto.

- ¿A partir de qué elementos levantarán esa nueva política regional mapuche?

- Participación, desarrollo y reconocimiento. Por ejemplo, respecto de la participación, hasta hace unosdías, los alcaldes y concejales mapuches de la zona nunca habían entrado a la intendencia.

En el desarrollo se trata de coordinar los servicios públicos regionales para hacerlos enfrentar las demandas y complicaciones de cada comunidad dentro de sus zonas específicas.

Y el reconocimiento es fundamental en el sentido del trato, de interrelacionarse acertadamente con ellos. Por ejemplo, es necesario saludarlos como corresponde y respetar lo que es su propia estructura de organización.

- Sorprende que ahora se hayan dado cuenta de lo equivocados que estaban...

- Bueno, por eso es que hemos comenzado una nueva etapa. No se trata de combatir a las comunidades, sino que defenderlas de los pocos integrantes que, ubicados en el más bajo nivel de prestigio social dentro de los propios mapuches, generan actos de violencia. Nuestra misión ahora es proteger a las comunidades de los violentistas que se encargan de amedrentar a sus propias comunidades.

- ¿Enfrentarlos como si se tratara de pandillas rurales mapuches?

- Claro, igual como sucede en las grandes ciudades. Se trata de aislar social y políticamente a los mínimos que están en actitud de violencia. Es muy similar a lo que sucede en Santiago cuando una pandilla se toma un barrio. Hay que protegerse de ellos, pero también hay que salvar a las propias comunidades de esos malos elementos.

- ¿Le sorprendió el grado de violencia y profundidad que tiene el conflicto mapuche?

- A ver... Diría que se trata de la expresión violenta de grupos minoritarios de personajes muy jóvenes al interior de las comunidades. La inmensa mayoría está en otra: participación y búsqueda de soluciones para sus problemas.

- ¿Le parece que la solución del conflicto pasa por seguir comprando tierras a los indígenas?

- La tierra no soluciona el problema del desarrollo para los mapuches. Y por eso se debe avanzar en cuanto a la administración y criterios de selección respecto del Fondo de Tierras y Aguas. Hay que hacer las cosas de manera distinta a como se hacen en la actualidad.

- Se habla de integración y reconocimiento. ¿Cuántos mapuches forman parte del gobierno regional?

- Qué bueno que lo pregunte porque, por primera vez en la historia de la Intendencia, tenemos a dos funcionarios mapuches ubicados como seremis de Bienes Nacionales y Sernam.

CORMA

Desde el bosque

José Ignacio Letamendi, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma):
- ¿Qué análisis realiza el sector forestal y los empresarios de la evolución del tema indígena?

- Que el tiempo no ha hecho más que confirmar nuestras dudas y temores del proceso que ha tenido el conflicto. Es un problema grave de país, pero que ha sido mal tratado por las autoridades políticas de los últimos tres gobiernos. ¿Cuál es el resumen de lo sucedido? Un tema que se dejó crecer, donde se han hecho mil intentos por arreglarlo, se han gastado millones y donde nada de eso ha servido para solucionar el asunto.

- ¿Sigue siendo para Uds. la política de compra de tierras uno de los peores errores que comete la autoridad?

- Pero evidente. En la primera gran compra que se hizo, en Quinquén, los propios mapuches favorecidos alegan ahora porque se les ha abandonado. El problema mapuche no pasa por la compra de tierras. No se gana nada con regalarles predios si no tienen medios ni preparación para trabajar. ¿De qué les ha servido a ellos esos terrenos? De nada. ¡Si el 80% de los mapuches ni siquiera vive en el campo, sino que en las ciudades!

- ¿Esfuerzos como la Ley Indígena no han beneficiado a los mapuches?

- Se trata de una legislación perversa con ellos. Se les trata como menores de edad, no se les deja disponer libremente de sus bienes. Obviamente que esa legislación se hizo con la intención de ayudarlos y beneficiarlos, pero en la práctica se trata de una normativa inútil e inadecuada.

- Uno de los planteamientos que solía escucharse era que el conflicto era un tema entre particulares...

- Durante el gobierno de Frei se pretendió imponer esa tesis. Se decía que los agricultores y las forestales eran malos vecinos con los mapuches. Pero con el paso del tiempo hay dos cuestiones claras: que no eramos malos vecinos y que el conflicto no se trata de un asunto de falta de tierras.

- ¿Qué pasa con los niveles de inversión forestal en las zonas conflictivas?

- En provincias como Arauco, Cautín, Malleco, el área del sur de Concepción y norte de Valdivia la situación es obvia: nula inversión. Es lógico que si uno quiere poner árboles o impulsar otro tipo de proyecto agrícola no los haga en esa zona, sino que se llevar el dinero a otra parte. Y así ha sucedido: ¿para qué arriesgarse en Chile si Argentina no tiene estos problemas o cuando Brasil está entregando importantes beneficios a la inversión forestal?

- ¿Cuál es el principal error que se ha cometido en el tratamiento del conflicto?

- El hecho de haber minimizado el tema e intentar exhibirlo como una complicación entre empresarios versus vecinos pobres y miserables que observan cómo se les quitan tierras ancestrales. También no haber reconocido que el tema mapuche se trata de un asunto que es necesario enfrentar como país. Sin duda que ha existido una simplificación del asunto.

- ¿De qué manera se puede enfrentar el conflicto mapuche una década después de movilizaciones indígenas?

- Se sabe que la Ley Indígena y la compra de tierra son un fracaso. Tenemos el diagnóstico claro de lo que pasa y no tenemos elecciones por cuatro años. Es el instante preciso para enfrentar como se debe el tema. Debemos enfocarnos en educación, salud, mejoramiento de infraestructura y potenciar los proyectos de desarrollo en las tierras mapuches.

- ¿No más compras de tierras?

- Puede haber situaciones muy precisas y específicas de necesidad de tierras. ¡Pero basta de esta cantinela inútil de intentar solucionar las reclamaciones mapuches a través de compras de predios!
 

CONADI

El "peñi" del gobierno
 

Edgardo Lienlaf, director nacional de Conadi:

- El Presidente Lagos prometió 150 mil hectáreas para los indígenas durante su mandato. ¿Se trata de tierras nuevas o en esa cifra también se incluyen traspasos y regularizaciones?

- La base de la propuesta del Presidente se relaciona tanto con la compra de terrenos que efectúa Conadi como la regularización y traspaso de bienes fiscales, tema que efectuamos junto con Bienes Nacionales.

- ¿Qué porcentaje de tierras entregadas a los indígenas corresponde a terrenos nuevos comprados y cuál a predios regularizados?

- Le diría que el fuerte corresponde a regularizaciones y traspasos. Sólo alrededor de un 45% deben ser compras de tierras.

- ¿Cuántas solicitudes formales existen hoy en Conadi relacionadas con nuevas compras o regularizaciones?

- Lo de las regularizaciones lo analiza Bienes Nacionales, por lo que la información específica nos llega con cierto desfase. Respecto de las solicitudes de las comunidades hechas a nosotros éstas llegan a 124 pedidos.

- ¿Y a cuántas hectáreas corresponde el total de las solicitudes?

- Estamos efectuando estudios para analizar la cifras exactas, pero deben ser alrededor de 170 mil hectáreas.

- ¿Por qué se insiste en enfocar la solución del conflicto mapuche en la compra de terrenos y no en el fomento de programas de producción para los predios?

- Lo que pasa es que, por un tema de importancia de la población mapuche y de demandas históricas, el tema de solución de tierras era muy urgente.

- ¿Y sigue siendo urgente ese proceso de compra o es necesario reorientar el esfuerzo en potenciar programas de desarrollo para los predios indígenas?

- Creo que fue correcto que, en una primera etapa, se procediera con la satisfacción de las expectativas por obtener tierras. En esa etapa no existía una adecuada coordinación entre distintos organismo públicos a fin de generar sistemas de apoyo productivo para los hermanos indígenas.

- ¿Es efectivo que hay agricultores interesados en acrecentar el conflicto mapuche para tener mejores oportunidades de compra para sus terrenos?

- Parte de las irregularidades que hemos visto dicen relación con situaciones de ese tipo. No sé si se trata de concomitancia, pero sí de interrelación entre mapuches y particulares para el logro de soluciones. Se trata de procesos de especulación que no existían hace unos años.

- ¿Igual interrelación se ha producido entre mapuches y forestales?

- Claramente no. Durante todo estos años de conflicto apenas en contadas excepciones se ha logrado comprar a las empresas forestales.

- ¿Cuál ha sido el peor error que ha cometido la Conadi en el tratamiento del conflicto?

- Lamentablemente apenas unas cuantas compras que se hicieron hace un tiempo a grupos violentos significó que quedara una sensación generalizada en cuanto a que en la Conadi favorecemos soluciones para los agitadores. En realidad, buena parte de las complicaciones se debe a la atomización del diálogo. Se habla con actores que quieren una porción de la torta, pero cada uno con distintos métodos. Algunos, mientras dialogan, están agitando por detrás. El tratamiento del tema es complejo.

- ¿Ha llegado el momento de plantearse la alternativa de un territorio indígena autónomo?

- No sé si la sociedad chilena está preparada, pero sí sé que los indígenas no están preparados para ello. En las bases mapuches la autonomía no es un tema de aspiración profunda.

Se puede hablar a nivel intelectual o académico respecto de ese tema, pero en la práctica son los propios mapuches los que reconocen que el camino no va en esa dirección.
 
 
 
 
 
 
 
 


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