Santiago de Chile, Domingo 10 de Marzo de 2002
"Los indígenas no son mejores ni peores que los otros chilenos", dice Ribera. 

MAPUCHES. EL CONFLICTO DEL SUR:
La cuestión indígena

Teodoro Ribera

TEODORO RIBERA

El conflicto indígena no es un asunto limitado a las VIII y IX Región, sino que compromete la estabilidad de todo Chile y tiene claras implicancias internacionales.

En el sur, la controversia por la propiedad de las tierras se presenta entre algunas comunidades mapuches y pehuenches y empresarios forestales, agricultores y una empresa eléctrica; en el norte, el debate por las riquezas del subsuelo y por las aguas enfrenta a comunidades aymaras y collas con las empresas mineras; en la Isla de Pascua, la disputa deriva de que ciertos rapanuis cuestionan la soberanía nacional.

En todos ellos el denominador común es la existencia de indígenas que esgrimen "derechos ancestrales" sobre la tierra, el agua y el subsuelo, en contravención a la normativa jurídica vigente, mientras que los actuales propietarios exigen que el Estado resguarde los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce.

Estas peticiones reivindicacionistas son apoyadas intelectual y económicamente por organizaciones nacionales y extranjeras, las que ven en los indígenas un reducto para fortalecer sus propias aspiraciones o para oponerse al modelo económico liberal. Sin embargo, sería incurrir en una miopía inexcusable no reconocer que la pobreza y la marginalidad en que se encuentra una parte considerable de esta población no sea un caldo de cultivo para generar grupos antisistémicos.

Esta situación ha permitido el surgimiento de un nuevo liderazgo indígena, que se mueve con habilidad en los organismos internacionales. San José de Costa Rica, Nueva York, Washington, Ginebra y países como Canadá, Holanda y los escandinavos son objeto de visitas frecuentes. Estos líderes no se conforman sólo con más tierra, aguas o desarrollo, pues su objetivo final es esencialmente político. Buscan, así, establecer primero zonas autónomas y luego constituir su propio Estado, teniendo como modelo el proceso canadiense y como meta la disgregación europea.

Errores legales

La Ley Indígena de 1993 tendió a mantener a los indígenas en sus actuales ubicacionesgeográficas, en su actividad agrícola tradicional, lo que generó un desincentivo a la integración y a una educación más compleja. Su errónea evaluación desconoció la verdadera situación indígena y su aplicación ha estado manchada por los escándalos, la corrupción y por premiar a quienes utilizan la violencia en vez de la legalidad para adquirir tierras.

Esta ley consagró un sistema de subsidios para la compra de tierras y aguas que ha generado más resentimientos que soluciones, y es un absurdo que se hayan destinado desde el año 1994 $ 22.000 millones para el Fondo de Tierras y Aguas y sólo alrededor de $ 10.000 millones para el Fondo de Desarrollo, beneficiándose con el primero únicamente a 3.000 familias campesinas, las que luego de recibir su tierra han carecido de conocimientos y capital para mejorar su situación personal.

Se ha perjudicado, de esta forma, la posibilidad de fomentar la educación y el progreso de miles de indígenas urbanos y rurales, desconociendo el hecho que en las ciudades vivan más indígenas que en los campos y que la Región con más indígenas de todo Chile es la Metropolitana, con el 44 % de la población indígena total.

Por otra parte, se ha erigido como bandera de lucha la aprobación del Convenio 169, el que consagra derechos colectivos a favor de los "pueblos indígenas", pero no a favor de sus integrantes. Este acuerdo internacional interpone entre los Estados y los individuos al "pueblo indígena", el que asume la función de representar "intereses difusos", limitando, reglamentando o prohibiendo el ejercicio de los derechos y libertades de las personas que conforman dicho pueblo.

Este Convenio afectará la libertad de los chilenos de origen indígena de decidir sobre su propio destino y les impone por su condición racial o cultural un estatuto especial, incluso contra su voluntad. Si bien el Tribunal Constitucional limitó severamente su alcance y se ha hecho imposible su ratificación, el gobierno persevera todavía en su aprobación en el Senado, sabiendo que no soluciona los problema sino que sólo los internacionaliza y genera inseguridad jurídica.

Los indígenas no son mejores ni peores que los otros chilenos, pero sí necesitan oportunidades para participar en el desarrollo nacional. El conflicto actual los estigmatiza, los segrega y reduce su horizonte laboral y cultural. Es deber del Estado y de la sociedad chilena integrar y no separar, brindarles herramientas para competir y no limitarlos en su creatividad; permitir a cada cual buscar su identidad y no imponerles por decreto pautas culturales.

Estamos en presencia de un conflicto multifactorial que requiere soluciones diversas. Pero ante todo, las zonas en conflicto requieren que impere en ellas el Estado de Derecho, esa tenue línea que separa la civilización de la barbarie. El Estado debe garantizar la paz, apoyar la convivencia y castigar la delincuencia.

Sólo una política de integración y no de segregación de los indígenas con la sociedad global puede solucionar su problema de marginalidad y pobreza. Para ello es necesario implementar soluciones basadas en la libertad individual, que respeten el derecho de cada cual de elegir el propio camino dentro de la legalidad, y no la aplicación de recetas colectivizantes que la oprimen.

Ello lleva necesariamente a romper paradigmas y aceptar como obvio que puede uno conservar sus tradiciones indígenas vinculado a la tierra o bien optando por caminos diversos de satisfacción personal.


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