Primer transformador en Ralco
CONCEPCIÓN/TEMUCO.- Pese a todos los problemas que significó trasladar el primer transformador para la central hidroeléctrica Ralco, finalmente ayer llegó a su destino, luego de recorrer el último trayecto de 12 kilómetros que faltaba para llegar a la caverna de máquinas, en Alto del Biobío.
El equipo, de 225 toneladas de peso, custodiado por más de 50 funcionarios de Carabineros y cinco vehículos policiales, retomó su marcha pasadas las 13 horas de ayer. El avance había sido suspendido la noche del martes debido a medidas de seguridad, luego de haber recorrido poco más de 8 kilómetros de los 20 que tiene el tramo.
Custodia a equipo
El convoy arribó cerca de las 18 horas, a sólo un kilómetro de distancia de la caverna de máquinas. Quedó a un costado de la ruta, bajo una fuerte custodia policial, para ser ingresado al recinto donde está la sala de máquinas de la central.
Los opositores a la central Ralco, liderados por las hermanas Berta y Nicolasa Berta Quintremán, si bien habían advertido que iban a impedir por todos los medios el paso del transformador, no contaron con la convocatoria para realizar grandes manifestaciones de rechazo.
En tanto, el abogado de Endesa, Humberto Bermúdez, presentó ayer ante la Corte de Apelaciones de Concepción un recurso de protección solicitando resguardo policial por 90 días para las personas que participan en la construcción de la central, y así garantizar el libre desplazamiento y la normal actividad económica en el Alto Biobío.
Además, el profesional puso una querella por calumnias en contra de la dirigente pehuenche Carmen Rosa Paine, quien había acusado a Endesa de un autoatentado incendiario por la quema de un camión para inculpar a los indígenas.
En una resolución unánime, el pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción rechazó ayer una petición para designar un ministro en visita que investigue los incidentes del martes pasado, donde resultaron detenidos 55 pehuenches.
Confirman prisión
En tanto, en la IX Región, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la prisión preventiva del lonco de Temulemu, Pascual Pichún Paillalao, imputado como presunto autor de los delitos de incendio y amenazas contemplados en la ley 18.314, que tipifica y sanciona conductas terroristas.
Tanto Pichún como el lonco de
Didaco, Aniceto Norín, imputado por los mismos delitos, arriesgan
una condena de 5 hasta 20 años de presidio por un atentado incendiario
ocurrido el pasado 13 de diciembre, el cual destruyó una casa del
fundo Ñancahue, de propiedad del abogado Juan Agustín Figueroa.