Santiago de Chile, Domingo 17 de Marzo de 2002
 
Tras una década de enfrentamientos, las llamas aún brotan con fuerza en el sur. Cambiará el director de la Conadi, se modificará la estructura de la entidad, pero el conflicto demanda un cambio de fondo en la política indígena seguida por el Gobierno.. 
MAPUCHES. LA INDEFINIDA POLÍTICA DEL GOBIERNO:
El incendio no se apaga

Rodrigo Barría Reyes

RODRIGO BARRÍA REYES

Como una maldición indígena eterna e incurable, que no es posible aplacar ni con una reunión masiva de machis con sus mejores ungüentos, se ha convertido el tema mapuche para los gobiernos de la Concertación.

Las tomas y acciones que ya se vienen repitiendo desde hace una década -y que han llevado a los gobiernos de turno a aplicar una política en general permisiva y llana a gastar lo que sea con tal de apaciguar la fiereza india- ya muestran signos evidentes de un colapso generalizado.

Sí, porque los problemas no sólo se reducen a una cuestión vinculada con la pintura de guerra y boleadoras que han privilegiado los mapuches en los últimos años - actitud que les ha reportado 35 mil hectáreas de ganancias en tierras desde el '94- , sino sobre todo con un dilema político mayor.

El tema de fondo tiene que ver con un esquema gubernamental de política indígena y solución del conflicto ya roído, que hace resquebrajar cualquier nueva capa de pintura de credibilidad con que La Moneda pretende hermosear el embrollo.

La Conadi - con su eterno olorcillo de malos manejos, su permanente hospitalización en la UTI de la credibilidad y su desfile de directores que entran bien y salen mal- ha quedado claramente sobrepasada por la urgencia de aplicación de nuevas orientaciones en el tema.

Ya no se trata de un enfrentamiento de empresas o terratenientes con los indígenas.

No. El asunto ha sobrepasado largamente ese esquema de David versus Goliat.

Ahora son hasta los propios parlamentarios de la Concertación quienes exigen a La Moneda que adopte medidas decididamente drásticas para detener cuanto antes el enfrentamiento que vive el sur del país.

Pero el Gobierno - como admiten en el mismo oficialismo- sigue cayendo en la contradicción de plantear que el asunto está eficientemente radicado en Conadi y Mideplan, mientras son las más altas autoridades en materia política y de seguridad pública quienes tienen que aparecer reiteradamente para intentar bajar los grados a un conflicto que quema por todos lados.

A estas alturas, y con más de una década de enfrentamientos, parece evidente que si no se rearma la manera de enfrentar el tema, el grito de guerra indio fácilmente puede durar otra década más.

¿Voz del Gobierno o de los indígenas?

¿Qué mal de ojo carga la Conadi que no permite a ninguno de sus directores lograr un paso libre de suspicacias, denuncias, deslealtades y contubernios?

Es complicado pensar que todos cuantos han puesto su humanidad en el sillón máximo del organismo encargado del tema indígena no hayan estado capacitados ni con la preparación específica para, al menos, alzarse con una gestión digna.

Esa manía formalista de colocar ahí en Conadi a directores que al menos aparenten una raíz indígena gracias a sus apellidos mapuches - lo que ya constituye una discriminación respecto de cualquier profesional de apellido "huinca" que efectivamente podría hacer una buena gestión en la entidad- constituye una primera e innecesaria restricción respecto de un organismo que lo único que pide a gritos es una administración eficiente.

Sí, se trata de una cuestión meramente formal. Pero es un elemento más que se amontona en ese cúmulo de errores de fondo que pretenden ser camuflados por algunas máscaras de apariencia bien cuidadas.

¿Ejemplo? La idea de que las oficinas centrales de la Conadi estén ubicadas en la IX Región.

Es cierto que esa determinación otorga un velo de apoyo a un seudorregionalismo aborigen, pero la verdad se impone cuando la mitad de los mapuches del país no se ubican en los alrededores de Temuco, sino que son personajes urbanos de la Región Metropolitana.

"Claramente esa decisión fue un error. Resultó un intento de apariencia regionalista que lo único que logró fue complicaciones para una buena administración", afirma José Bengoa, ex director de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas.

De ahí en adelante, el sendero de las contradicciones sigue una extensa ruta.

Partiendo por el papel del director de la Conadi.

¿Quién es realmemente: la voz del Gobierno ante los autóctonos o el mensajero de las demandas indígenas ante las autoridades?

La contradicción suele jugar en contra de los directores del organismo que no saben si mantener la confianza del Ejecutivo y así cuidar sus puestos o bien responder con lealtad sanguínea ante sus "peñis" (hermanos).

El hilo es demasiado delgado para poder bailar en él. Y por eso es que las respuestas de los directores de la Conadi suelen navegar en las insípidas aguas de la indefinición ante situaciones que suponen visiones contrapuestas entre el ideario del Gobierno y las aspiraciones de las comunidades nativas.

Prueba de ello es que quienes llegan al cargo, suelen terminar sus días de mandato justo cuando apenas esbozan una postura cercana al ideario mapuche.

Lo supieron Mauricio Huenchulaf y Domingo Namuncura cuando apoyaron la posición de los nativos que se oponían a Ralco.

Es que el cargo de director de la Conadi es una débil extensión de una política indígena que ya viene resuelta desde mucho más arriba. Se trata, en definitiva, de que los jefes del organismo se limiten a administrar los recursos de la entidad causando el menor ruido posible.

La escasa relevancia y hasta menosprecio por los jefes de la entidad ha sido otra de las constantes históricas.

Para un personero que ha seguido de cerca el accionar interno de la Conadi en el último tiempo, es notorio que sus directores son desplazados y hasta mirados en menos cuando se efectúan reuniones de autoridades de gobierno.

En general - asegura- son escasamente tomados en cuenta y ubicados en lugares secundarios en las mesas de trabajo.

"Ni siquiera - sentencia- saben cómo se llaman...".

El escaso peso de los directores de Conadi

Esa ubicación en las capas más bajas del respeto político, ha obligado a los directores del organismo indígena a desdoblarse en una triple y desgastante función: concentrarse en el control de los variados casos de malos manejos que se han registrado en la Conadi, orar cada día para que los indígenas no intenten una acción de violencia peor a las ya conocidas y, por último, intentar convencer al mundo político de las capacidades personales, con tal de no salir de su cargo de manera imprevista.

El último elemento no es una cuestión menor.

Todos los directores de Conadi deben invertir parte importante de su tiempo en establecer vínculos con distintos sectores políticos con tal de establecer una red de apoyos que sirva para mantenerse en el sillón.

"Es claro que Edgardo Lienlaf no supo y no pudo armar una suficiente red de confianzas políticas a su alrededor. Ahí está una de las principales razones de su salida", indican fuentes de gobierno vinculadas al tema indígena.

Al interior de la Conadi - un mundillo en donde las puñaladas políticas de sus funcionarios no son extrañas- Lienlaf enfrentó una continua tensa relación con sus superiores de Mideplán, supo de filtraciones que desde el propio organismo se efectuaban hacia Mideplán - obviamente sin su consentimiento- y al final terminó rodeándose de un pequeño grupo de asesores externos que poco tenían que ver con la estructura de supuesta confianza que disponía en la entidad.

Edgardo Lienlaf estaba cada vez más acallado y aislado.

Complicado por un nuevo lío de platas en la Conadi surgido a comienzos de 2001, el ahora ex director se dedicó durante buena parte de su gestión a la tarea prioritaria de proponer un plan de reorganización completa de la entidad.

Estaba claro para Lienlaf y para el Gobierno que su ciclo terminaría cuando se anunciara el nuevo plan seudorrefundacional de la Conadi.

Preparando el camino, el Ministro del Interior, el subsecretario de Mideplán y Lienlaf se reunieron en La Moneda para analizar la salida del jefe de Conadi y estudiar su reubicación laboral en el Gobierno.

Durante la semana que termina, se haría el anuncio del nuevo plan organizativo de la Conadi. El 22 Lienlaf se iría, supuestamente de manera digna, después de dar a conocer un balance de su gestión. Todo sería en orden.

Se suponía.

Pero nuevamente la vieja tradición de salidas súbitas adornadas con poco creíbles frases de cortesía del tipo "esperamos que siga aportando al tema indígena desde otras instancias" nuevamente hicieron su aparición.

Lienlaf lanzó una nueva denuncia de malos manejos internos más presiones políticas y con ello no hizo más que convertir en despido obvio lo que debía ser un despido aparente.

El Gobierno, que se ha encargado de apresurar como explicación de la salida de Lienlaf de la Conadi una mala gestión, cayó en una contradicción evidente: ¿cómo es posible que lo mantuvieran al frente del proceso de reestructuración más importante que ha enfrentado el organismo si es que el personaje estaba tan mal evaluado?

Pero a fin de cuentas, ¿es tan relevante lo que suceda en Conadi para superar las actuales complicaciones del tema indígena o la entidad apenas puede esbozar líneas de acción limitadas?

"Se hace evidente que una instancia administrativa como la Conadi no es apropiada ni viable para atender la envergadura y carácter de la demanda reivindicativa indígena. Es necesaria la búsqueda y formulación de soluciones globales que a su vez requieren de la puesta en marcha de medidas políticas", señala desde Suecia Jorge Calbucura, uno de los académicos mapuches más respetados en Europa.

Precaria relevancia política

Cambiarán los directores de la Conadi y se modernizará la estructura interna del organismo, pero ello no alcanzará para alterar sustancialmente la voluntad política que existe hoy respecto del tema indígena.

¿Y cuál es esa visión política respecto del tema mapuche que no se modifica pese a los reiterados cambios que se hacen en el sillón de la Conadi?

Quizás el más importante es el de la relevancia relativa que se ha entregado al asunto autóctono.

Sí, porque mientras temas como el de la igualdad y potenciamiento de los derechos de las mujeres han logrado ubicarse allá arriba en la agenda gubernamental con un servicio especialmente creado para ellas - el Sernam- con características ministeriales, el tema indígena - ése que según el gobierno es prioridad- en la práctica sigue allá abajo, con una repartición pública que más parece cumplir tareas de corredora de propiedades - con sus misión prioritaria de buscar, comprar y regularizar terrenos- y con una asfixiante dependencia y subordinación de Mideplán, un ministerio que hace rato se piensa en eliminar.

Una realidad que incluso acepta el subsecretario de Mideplán, Jaime Andrade, cuando afirma que "efectivamente uno puede diferenciar que dentro del aparato público se exhiben distintos grados de preocupación por el tema indígena. Digamos que existe una variada gama de tipos de atención", dejando en claro que no todos en el gobierno parecen convencidos de enfrentar y darle solución al tema.

Es cierto que el afamado programa de reestructuración planeado para la Conadi entregará a esta repartición algún velo de eficiencia, pero éste se centrará en aspectos administrativos que poco tendrán que ver con el cambio mayúsculo que requiere la mirada global que se tiene en la actualidad del conflicto.

Porque el enfrentamiento que llena de fuego el sur se ha convertido esencialmente en una cuestión política y de seguridad ciudadana más que un asunto de administración interna de la Conadi.

Manejar de buena manera los fondos destinados a la compra de tierras puede que corresponda a dicha repartición, pero la decisión de qué hacer con los agitadores y qué medidas jurídicas aplicar con tal de parar la escalada de violencia es una función que corresponde no a la Conadi, sino que al Ejecutivo.

Una esperanza de cambio efectivo podría surgir de las conclusiones que salgan del trabajo que en la actualidad realiza la llamada "Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato" que comanda el ex Presidente Aylwin.

Se supone que de este amplio grupo de trabajo que ha estado sesionando con escasa publicidad saldrá una suerte de "propuesta bicentenario" para lo que debiera ser la nueva fase de tratamiento del tema indígena en Chile.

Mientras tanto, el gobierno sigue advirtiendo que actuará con "mucha dureza" - como indicó el Presidente Lagos el viernes último- aunque desde Palacio se insiste en señalar que se trata de un conflicto magnificado.·

CONADI

¿Qué dice el nuevo "lonko"?

Desde las oficinas centrales de la Conadi en la IX Región, Aroldo Cayún - abogado de 44 años, casado y padre de cuatro hijas- comenta algunos aspectos del actual conflicto indígena.

- ¿Qué futuro puede tener usted en la Conadi conociendo el historial de salidas abruptas y siempre complicadas que han tenido los directores de la entidad?

- Sólo Dios lo sabe... No tengo más que concentrarme en mi trabajo y hacerlo bien. Preocuparme de convertir a la Conadi en un servicio público eficiente, disciplinado y que hace las tareas que se tuvieron en vista cuando se creó el organismo.

- ¿Entonces hoy no es un servicio eficiente, disciplinado y que hace las tareas para las que fue creado?

- Ha tenido muchas debilidades. Y hay que corregirlo de manera urgente.

- ¿Qué pasa que no hay director de la Conadi que pueda terminar dignamente su mandato?

- Me parece que ha existido un problema permanente en cuanto a la conformación de los equipos que trabajan en la Conadi. Creo que esa es la falla inicial y la que ha desencadenado parte importante del problema.

- Pero la entidad lleva ya 8 años de funcionamiento y parece inaceptable que aún sigan con problemas de conformación de equipos...

- Lo que pasa es que la gente que asumió posiciones de dirección en la entidad no había participado en el proceso de generación de la Ley Indígena, por lo que no manejaban la visión de Estado respecto del tema. Eso es algo que ha costado mucho cambiar.

- ¿Usted será representante del gobierno en el tema indígena o la voz de los autóctonos ante la autoridad?

- Mi opinión obviamente es la del gobierno en el tema. Como director de la Conadi soy representante del Presidente de la República y un hombre de su confianza.

- ¿Está sobredimensionado el conflicto indígena como señalan las autoridades de gobierno?

- Está sobredimensionado. Existe la intención de exagerar los hechos de violencia que ocurren desligándose de la generalidad de lo que sucede en el resto del mundo mapuche. De las más de tres mil comunidades indígenas del país, sólo un porcentaje reducido de ellas ha optado por la violencia. Los liderazgos en democracia no se miden de acuerdo a la capacidad que tengan algunos líderes o individuos de generar conmoción. Los indígenas "autonomistas" no han sido capaces de levantar ni siquiera un concejal. Acá esos grupos son claramente minoritarios. De nula influencia política.

- ¿La acusaciones respecto de acciones terroristas que han denunciado sectores empresariales y gremiales de la IX Región son entonces claramente alarmistas?

- Creo que son opiniones excesivas. Crean la sensación de que existe una situación de anarquía, que no se aplica la ley, que se deja hacer y que las personas no tienen resguardo. La situación claramente es otra: hay mapuches procesados, inculpados y condenados. Acá no se ha quebrado el Estado de Derecho, la ley se sigue aplicando y las autoridades siguen actuando ante situaciones de quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Por eso es una exageración que no contribuye en nada a enfrentar el fondo del tema.·

NUEVA MIRADA

Los cambios más urgentes

Existen por lo menos cuatro cuestiones básicas aún no definidas que siguen entrabando seriamente cualquier paso adelante que se quiera dar en la solución del tema indígena:

· Espera del reconocimiento: dos de las aspiraciones más sentidas por el mundo nativo - reconocimiento constitucional y adopción del Convenio 169 de la OIT- aún se mantienen rezagadas en una tramitación legislativa que ha resultado eterna.

El hecho de que se decida establecer para las comunidades autóctonas el carácter de "pueblos" y no de "poblaciones" supone para ellos un paso trascendental que el Estado chileno aún ha sido incapaz de sacar adelante.

· Dilema de la modernidad: existe una clara indefinición entre el progreso que fomenta el gobierno y su permanente discurso en pos de la protección de los espacios indígenas.

En la práctica, y especialmente debido a la construcción de Ralco, el asunto se ha complicado aún más.

La autoridad no sabe qué hacer: ¿optar por los megaproyectos o ponerse del lado de los indígenas?

Este tipo de enfrentamientos apenas comienza y lo más grave es que aún no se han establecido mecanismos consensuados de resolución de conflictos de esta naturaleza.

· Falsa prioridad por tierras: la opción de comprar para silenciar y agradar a las comunidades mapuches supone un error mayor.

La priorización de adquisición de predios ha llevado a una concentración del conflicto en las más o menos hectáreas compradas y en una obsesión gubernamental por cumplir con la meta de 150 mil nuevas hectáreas para los nativos.

· Participación política: invariablemente se llegará a plantear el tema del grado de autonomía que se debe entregar a los indígenas.

Para las comunidades se trata de una materia relevante que supone analizar grados de participación política mínima, por lo menos en zonas en donde la presencia autóctona sea especialmente importante.·

COMANDO

¿Nacen las autodefensas?

Una anónima comunicación telefónica desde un aparato público a la redacción del diario "Las Noticias" de la ciudad de Victoria - rotativo con 92 años de existencia, que aparece cada cuatro días y en el cual trabajan diez personas- sirvió para acrecentar las dudas respecto de un comando de autodefensas en la zona de conflicto mapuche.

El único llamado del anónimo personaje dejó en claro que no permitirían más acciones de violencia en la zona y que procederían a reprimir de manera independiente ante la falta de protección que enfrentan campesinos, forestales e hidroeléctricas.

El grupo denominado "Hernán Trizano" (inmigrante italiano que participó en el Ejército chileno durante la Guerra del Pacífico y que posteriormente estuvo en las cercanías de Temuco en la persecución de bandoleros e indígenas rebeldes) terminó de incomodar y de generar un distanciamiento entre el gobierno con sus propios legisladores.

A raíz de la información, las posiciones entre las autoridades de gobierno - que rechazan cualquier hecho concreto que pudiera confirmar la existencia de la organización- y parlamentarios concertacionistas de la zona - que aseguran el accionar de grupos de esta naturaleza- se han enfrentado en lo que, de confirmarse, sería un nuevo peldaño en la escalada violentista de la zona.

En el gobierno, están convencidos de la inexactitud del dato.

Incluso, el propio Presidente se apresuró a finales de la semana en cuanto a que "estamos investigando, pero eso (el supuesto grupo de autodefensa) no existe".

No tan seguro está Aucán Huilcamán, quien ha planteado que no es posible descartar la presencia de grupos armados que apoyen la protección de los agricultores de la zona sur.

Tampoco lo descartan los propios medios periodísticos locales, quienes ya han sido testigos presenciales de situaciones de defensa armada que grupos de agricultores han efectuado ante situaciones de ataque indígena.


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