Santiago de Chile, Domingo 17 de Marzo de 2002

Conflicto mapuche y políticas públicas

CRISTIÁN LARROULET

CRISTIÁN LARROULET
Director Libertad y Desarrollo

El próximo año se cumplirá una década desde la dictación de la Ley Indígena, sin que a la fecha las políticas de solución implementadas hayan logrado resolver los problemas de marginalidad ni el conflicto mapuche. El país ha invertido más de 55 mil millones de pesos en el Fondo de Tierras y Aguas de la Conadi y se han comprado o traspasado más de 130 mil hectáreas a las comunidades indígenas. Sin embargo, el problema parece agravarse, lo que exige una revisión de las políticas que debieran implementarse.

En efecto, una encuesta realizada en enero pasado por Libertad y Desarrollo demostró que sólo el 22 por ciento de los consultados estima que la entrega de tierras solucionará el problema mapuche. Por el contrario, 69 por ciento señaló otras vías de solución, en especial las que se refieren a mejorar las oportunidades laborales (27 por ciento) y educacionales (23 por ciento) de los mapuches. Lo mismo han reconocido distintos estudiosos del tema que señalan que "ni 150 mil hectáreas de tierras del sur podrán sacar de la pobreza a los más de 250 mil mapuches que viven en el campo en el sur del país" (José Gamboa, "El Mercurio", 10 de marzo 2002).

La situación de pobreza e indigencia en que viven las comunidades indígenas es crítica. Más del 70 por ciento de la población indígena rural del país se concentra en la Novena Región, la que según la encuesta Casen 2000 es la más pobre del país (32,7 por ciento). Una de las causas de esta situación es el problema educacional: casi el 80 por ciento de la población mapuche no tiene ni siquiera educación media y cerca del 20 por ciento no ha tenido ningún tipo de educación.

Al analizar posibles soluciones se debe diferenciar entre el problema de marginalidad de las comunidades indígenas y el conflicto mapuche liderado por algunas agrupaciones rupturistas. La ciudadanía reconoce dicha diferencia: 64 por ciento de los encuestados considera que los actos de violencia no reflejan el sentir de la comunidad mapuche.

Para resolver la marginalidad y la pobreza deben buscarse soluciones creativas, comprometidas y de largo plazo (la educación sería lo fundamental), pero frente a los conflictos y múltiples atropellos contra personas y propiedades de la región de la Araucanía, sólo cabe la aplicación de la ley y la defensa del Estado de Derecho.

Lamentablemente, los autoridades han caído sucesivamente en el juego de quienes generan los conflictos: se han aceptado casi impunemente las usurpaciones y atentados para luego conceder las tierras reclamadas y creer que con eso se soluciona el problema. Pero al proceder así, el Gobierno aparece avalando las "tomas", más aún, los conflictos se agravan y la pobreza permanece.

La publicación de la Ley Indígena contribuyó muy poco a mejorar la calidad de vida de estas comunidades, por las limitaciones al derecho de propiedad impuestas sobre los indígenas y el surgimiento de minifundios, que dificultan la implementación de mejores tecnologías e impiden aprovechar las ventajas de los sistemas de créditos.

Por su parte, la Conadi tampoco ha contribuido a resolver el problema de la pobreza, ya que gasta la mayor parte de sus recursos en el Fondo de Tierras y Aguas, en lugar de orientarse a superar los problemas de marginación educacional y falta de oportunidades que afectan a estas comunidades. Además, recientemente se ha visto envuelta en fundadas acusaciones de corrupción mediante la compra sobrevaluada de terrenos.

Ello no debe extrañarnos, ya que la política de centrar el apoyo a los pueblos indígenas en la entrega de tierras favorece las tomas ilegales y los pagos ilícitos a los funcionarios públicos, creando un círculo vicioso de corrupción y violencia. Si se espera resolver los problemas de marginalidad indígena, las políticas públicas debieran enfocarse primeramente a aumentar la cobertura y calidad de la educación en las comunidades. Asimismo, se requiere invertir en infraestructura a través de la construcción de caminos y escuelas; además eliminar las trabas al derecho de propiedad, facilitando el acceso a las redes de integración comercial; entregar capacitación en materia agrícola y uso de suelos, etcétera.

Sin embargo, cualquier solución que se pretenda debe asegurar el orden y respeto a la propiedad privada, garantizando así un ambiente propicio para la inversión y el desarrollo de las comunidades indígenas.


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