Santiago de Chile, Jueves 13 de Diciembre de 2001

ATENTADOS INCENDIARIOS:
Nombran ministro por ataques a Ralco

Pilar Espinosa

PILAR ESPINOSA

Diego Simpértigue, quien asumió 
como miembro de la Corte de
Concepción, fue designado 
para investigar atentados 
incendiarios en el Alto Biobío. 

CONCEPCIÓN.- El pleno de la Corte de Apelaciones de Concepción designó ayer al recién asumido ministro Diego Simpértigue como instructor para investigar los atentados incendiarios en Alto Biobío. Éstos han sido perpetrados en cuatro oportunidades en contra de vehículos de empresas contratistas que participan en la construcción de la central hidroeléctrica Ralco.

El presidente del tribunal de alzada, Freddy Vásquez, al confirmar el nombramiento, precisó que el acceder al requerimiento del Gobierno de aplicar la Ley sobre Conductas Terroristas a quienes resulten responsables de estos atentados no significa que la Corte estime, a priori, que se trate de ese tipo de delitos.

Señaló que, en principio, existen antecedentes para acoger la petición interpuesta por el gobernador de Biobío, Esteban Krause.

No obstante, aclaró que corresponderá al ministro Simpértigue, una vez que instruya la causa, determinar si esas acciones corresponden a actos de tipo terroristas. De no establecerse esa condición, la investigación debería volver al tribunal ordinario de Santa Bárbara.

El nombramiento del ministro Diego Simpértigue fue hecho con acuerdo al turno existente, que le correspondía por tratarse del último magistrado en ingresar al tribunal.

El ministro instructor, tras ser notificado de su nominación, dijo que se abocará de inmediato a conocer los antecedentes que sobre estos atentados ha recabado el Juzgado del Crimen de Santa Bárbara, para luego disponer las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y constituirse en ese tribunal.

Respecto de las connotaciones políticas del caso, por cuanto la aplicación de la ley sobre conductas terroristas solicitada por el Gobierno generó críticas en diversos sectores, el ministro Simpértigue dijo que el problema de orden político que pudiera generarse es materia y resorte de otras autoridades.

En el tribunal de Santa Bárbara se tramitan tres querellas interpuestas por Endesa y una por el Gobierno, para investigar los ataques incendiarios registrados el 29 de septiembre de 2001 y los días 4 y 16 de marzo pasado contra camiones del Consorcio Febrag, ocasionando daños por cerca de $500 millones.

El intendente de la Región del Biobío, Jaime Tohá, dijo que recurrir a esta legislación no significa que en Alto Biobío exista terrorismo, pero sí ciertos hechos puntuales y pequeños grupos que han cometido delitos sancionados por ese cuerpo legal.


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