Santiago de Chile, Viernes 17 de Mayo de 2002
 
Víctor Manuel Huilcamán, presidente de una comunidad mapuche, en primer plano, y Antonio Boisier Cruces, atrás, relataron sus experiencias.


VIOLENCIA EN LA ARAUCANÍA:
Víctimas de ataques denuncian impunidad

Gonzalo Cruzat

GONZALO CRUZAT

"De improviso apareció un sujeto en el camino y me disparó. Un segundo individuo abrió la puerta y me echó abajo. Cuando reaccioné, el camión ya estaba en llamas. A consecuencia del disparo perdí un ojo y mi trabajo. Ahora estoy en el más completo desamparo".

Antonio Boisier Cruces, chofer de camiones, recuerda así el episodio que vivió el 15 de abril. Seis enmascarados no sólo lo atacaron, sino que también amenazaron con matar a su hijo, Antonio Boisier Toro.

Ambas víctimas dijeron que en la Araucanía reina la inseguridad y que "aunque el Gobierno insiste en que son casos aislados y que todo está controlado, son cosas que nos están sucediendo continuamente".

"Lo que nosotros pedimos es que alguien se haga responsable de lo que le sucedió a mi padre. En estos momentos nos hemos quedado sin trabajo y no tenemos recursos. Ojalá el Gobierno se ponga la mano en el corazón" , agregó Boisier Toro.

Padre e hijo denunciaron que, hasta el momento, los autores del brutal ataque se mantienen en la impunidad. Esto, porque aunque uno de ellos fue identificado sigue gozando de libertad, pese a que había sido condenado por actos de violencia y por asociación ilícita.

Clima de inseguridad
El propietario de los camiones incendiados, Gerardo Yubini, advirtió que el clima de inseguridad ha llegado a tal extremo que la mayoría de los casos de violencia terrorista no es denunciada por temor. La aseveración es refrendada por el presidente de la comunidad "Juan Malca" de Lumaco, Víctor Manuel Huilcamán, quien acusa al líder mapuche Aucán Huilcamán de tener a esa comunidad "bajo el terror".

"Sufrimos dos ataques con boleadoras y escopetas. Ambos fueron dirigidos personalmente por Aucán Huilcamán. Él mismo empuñaba un arma de fuego. Se moviliza junto a 15 personas jóvenes que él lidera y que podemos identificar. En uno de esos ataques fue herido de gravedad mi hermano, quien quedó hospitalizado", dice Víctor Huilcamán.

Aseguró que durante un mes su comunidad estuvo prácticamente sitiada por los atacantes, los que incluso levantaron un campamento en el lugar. Ello consta en una denuncia a Carabineros.

Estas tres víctimas de la violencia en la Araucanía entregaron sus relatos en el Congreso, invitadas por el senador Alberto Espina y los diputados Francisco Bayo y José Antonio Galilea, de RN.

Éstos insistieron en que los niveles de violencia que se han ido generando en la Araucanía y parte sur de la Región del Bíobío han llegado a extremos y que las principales víctimas son mapuches, campesinos y trabajadores.

"El Gobierno debe hacerse parte en todos los procesos en la Araucanía, como también lo vamos a hacer nosotros, porque los autores de estos delitos habitualmente quedan en la más absoluta impunidad", dijo Espina.

Los parlamentarios hicieron ver que los afectados son "gente pacífica, respetuosa y dedicada sólo a su trabajo". Y dijeron que los testimonios de las personas mencionadas tienen como objeto que se conozca la verdad de lo que ocurre en la zona y para no quedarse sólo en teorías y sin darles ningún amparo a quienes sufren la violencia, que son personas que "están abandonadas y viven en la extrema pobreza".

La defensa del Gobierno

El subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, lamentó que la violencia en la VIII y la IX Región pueda ser usada en su favor por un partido político, pues estima que la situación es delicada y requiere de una política de Estado.

Precisó que a las 48 horas de lo ocurrido a Antonio Boisier, el Gobierno se querelló por homicidio frustrado, que uno de los participantes está preso y que ejercerá todas las acciones para individualizar a los responsables.

Rechazó que en la zona haya impunidad, porque en todas las tomas ha habido detenidos, las de carretera duran menos de tres horas y han disminuido los hechos de violencia. Pero como estos últimos ahora son de mayor gravedad, se aumentó la actividad de inteligencia, la dotación y recursos de la policía, y se han interpuesto las acciones judiciales en todos los casos.

Reconoció que en algunos casos el Gobierno ha invocado la Ley Antiterrorista (caso Ralco) y también la de Seguridad Interior del Estado, pero en la mayoría ha estimado que son delitos comunes.


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