Alaska fue tomado, comprado por la Conadi y cedido a las mismas comunidades que emplearon métodos violentos en contra de la propiedad de la Papelera. Mininco, de esta compañía, está vendiendo otro fundo en la IX.

MAPUCHES RADICALIZADOS TIERRAS EN ZONA DE CONFLICTO:
Empresas forestales se rinden y se allanan a vender

NATALIA AGÜERO e IVÁN FREDES

NATALIA AGÜERO e IVÁN FREDES

Como un triunfo de los grupos indígenas radicalizados es considerada por diversos sectores empresariales la venta del fundo Alaska. Dos semanas atrás, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) compró a Forestal Mininco las 1.927 hectáreas de dicho predio, para repartirlas entre cuatro comunidades mapuches.

Mininco, empresa controlada por el grupo Matte a través de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), compró este fundo ubicado en la IX Región, en Ercilla, a un agricultor local en 1981. Pero después de varios años en que se convirtiera en el blanco de ataques, incendios y tomas ilegales, realizadas por grupos indígenas que consideran que dichas tierras les pertenecen, resolvió venderlo, después de convercerse de que no podría ejercer normalmente el dominio sobre el predio. Y antes de transarlo, cosechó las plantaciones con protección policial.

La empresa fue cuestionada por hacer esa venta. Se le criticó que no hubiera estado dispuesta a rehacer la pérdida y sentara el precedente de ceder, nefasto para los otras propiedades en riesgo. Incluso, el diputado PPD Eugenio Tuma planteó que le resultaba difícil pensar que las forestales estén propiciando escenarios de violencia para lograr vender aquellos fundos que les resultan más complejos de explotar.

A la Papelera no le conviene vender sus propiedades, ésa no es la política de la empresa. Tampoco se trata de un problema de precedentes, porque llega un momento en que no hay otra alternativa. En el caso del fundo Alaska, las opciones eran vender o abandonar el predio, asegura el secretario general de la CMPC, Gonzalo García.

Y explica: Si no vendemos y abandonamos el predio, ocurren dos cosas. En primer lugar, perjudicas los intereses de todos tus accionistas ya que la opción que estás tomando con la venta es comprar un fundo de similares características en un lugar donde no hay comunidades mapuches. En segundo lugar, como la Conadi de todas maneras va a comprar otro predio, se corre el riesgo de que lo haga en un lugar en el que no haya indígenas. En este caso, los mapuches que se instalen van a trasladar el conflicto a una zona donde no existía, perjudicando a los vecinos.

Producto del asedio y hostigamiento de grupos mapuches, Mininco también accedió en principio a vender a la Conadi el fundo El Rincón, en la comuna de Purén (IX Región), el cual se está cosechando.

Otras empresas más pequeñas, como Bosques Cautín y Forestal Millalemu, también han disminuido sus inversiones en la zona, luego de ser blancos de ataques de comunidades mapuches. 

Parecieran estar todas las forestales dispuestas a vender... si la Conadi les compra. Según estima la Corporación Nacional de la Madera (Corma), han perdido 10 millones de dólares en los últimos años producto del conflicto indígena.

La protesta local

Los sectores involucrados critican la política de ampliación de tierras mapuches promovida por el Gobierno a través de la cuestionada Conadi. Forestales, agricultores, descendientes de colonos y parlamentarios, argumentan que se le están asignando tierras a comunidades que registran una larga historia de acciones de presión, a través de ocupaciones o atentados, en desmedro de otras que esperan pacientemente una solución a sus demandas. Esto se vuelve especialmente grave considerando que el Gobierno ha insistido en que fundo tomado no es fundo negociado.

Lo único que pedimos es el respeto del Estado de Derecho, sostiene el presidente de los agricultores de la IX Región, Manuel Riesco. Dicho sector ha manifestado públicamente que el Gobierno privilegia a los grupos violentistas, que le doblan la mano.

Los gremios forestales, madereros, agrícolas, industriales y del comercio se quejan de que el sector productivo está en completa indefensión ante una creciente escalada de acciones violentistas.

Max Henzi, presidente de la Cámara de Comercio de Temuco y vocero de estos gremios, explica que los efectos más inmediatos son la fuga de inversiones, la inseguridad personal y las millonarias pérdidas económicas que enfrentan los afectados, situación que lejos de posibilitar el desarrollo de una zona endémicamente atrasada, sólo consigue profundizar la pobreza y la marginalidad social y económica.

El diputado Tuma tampoco considera prudente que el Gobierno privilegie con tierras a los grupos promotores de acciones violentas.

En el Gobierno refutan todas las acusaciones. Jaime Andrade, subsecretario de Mideplán y coordinador de políticas y programas indígenas, asegura que en el caso del fundo Alaska se están materializando compromisos adquiridos con las comunidades mapuches en años anteriores. Aquí no se ha instalado el principio de que un grupo se toma un fundo y se le compra. El grueso de las comunidades que han sido beneficiadas con tierras adquiridas por la Conadi durante estos años han demostrado que tienen derechos ancestrales y cumplen con todos los requisitos que establece la ley. Ha habido situaciones de conflicto, como el caso Alaska, pero eso no es algo generalizado, asegura Andrade.

Y lamenta que ciertos sectores consideren el tema sólo desde el punto de vista policial:

Aquí funciona el Estado de Derecho. Hay grupos radicalizados que usan la violencia, pero frente a ellos ha actuado la ley. No hay una escalada ni una situación sin control.

Peleas internas

Los dirigentes mapuches, por su parte, aunque cuestionan los procedimientos y la falta de transparencia de la Conadi, asumen como un triunfo propio la recuperación de tierras que les fueron despojadas.

El alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, considera un logro para el movimiento indígena la compra del fundo Alaska. Lo mismo, el consejero de la Conadi, Hilario Huirilef, quien advierte, sin embargo, que ese organismo puede estar creando condiciones de enfrentamiento entre las cuatro comunidades beneficiadas, ya que el reparto no es equitativo.

Juan Catrillanca, lonco de la comunidad Ignacio Queipul, a la que han sido atribuidos los ataques en contra del fundo Alaska, defiende su derecho a ocupar las mejores tierras y parte del bosque de este predio al momento de compartirlo con otras tres comunidades rivales.

Nosotros fuimos los que dimos la lucha, dice Catrillanca, quien niega que el empleo de la violencia haya sido un instrumento para lograr sus objetivos. Nosotros sólo nos defendimos ante la represión del Estado. 

Otras comunidades, como la Antonio Melinao, cuya solicitud para compra y traspaso de tierras fue aprobada en 1998 y ratificada en 2000, reclaman que han sido persistentemente postergados para acceder al predio Santo Domingo (en manos de particulares), en la comuna de Collipulli. En una carta dirigida a la ministra de Mideplán, Cecilia Pérez, su presidenta, Clorinda Prado Melinao, se pregunta:

¿Debemos efectuar tomas violentas con daños a las personas y a los bienes materiales para acceder a los beneficios legales de radicación de predios y bosques adquiridos por la Conadi?.

No reiterar el círculo de pobreza

Existe consenso en que la solución al conflicto mapuche no provendrá del reparto de tierras.

Más del 70% de la población indígena rural del país se concentra en la IX Región, la cual, según cifras de Casen 2000, es la más pobre de Chile (32,7%). En esta región se agudizan la indigencia y el analfabetismo que discriminan a los mapuches del resto de los chilenos.

El problema más grave que enfrentan estas comunidades es su deteriorada situación socioeconómica, que no les permite integrarse al desarrollo.

Los sectores involucrados temen que la política de devolverle tierras a los indígenas, sólo sirva para pagar la llamada deuda histórica y no contribuya al progreso de dichas comunidades. Creen que a la larga ellos volverán a empobrecerse, porque no tienen la capacidad técnica para plantar árboles ni trabajar los predios de forma de impedir su degradación.

Jaime Andrade, subsecretario de Mideplán, explica que para que esto no ocurra el Gobierno ha puesto en marcha el programa Orígenes. Su objetivo es asesorar y apoyar a los indígenas con capacitación, tecnología, herramientas e infraestructura para que puedan trabajar la tierra con éxito.

Además, se les va a beneficiar con programas de salud, educación y cultura. El costo del proyecto es de 133 millones de dólares, financiados entre el Gobierno de Chile y un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Nuevas tierras indígenas

Según el director de la Conadi, Aroldo Cayún, en los últimos nueve años se han incorporado 272 mil hectáreas de tierras al patrimonio indígena.

Informes del mismo organismo indican que entre 1994-2001 fueron traspasadas 237 mil hectáreas: 42.440 son compras de predios en conflicto, 7.604, adquisiciones con subsidios y 195.146 corresponden a regularizaciones de propiedades y traspasos de bienes fiscales. Entre compras y subsidios, el Gobierno ha desembolsado 36 mil 877 millones de pesos, equivalentes a unos 56 millones de dólares.

La Conadi dispone de un presupuesto de 18 mil millones de pesos (4 mil de ellos, créditos) para comprar predios para 27 comunidades este año. Ya compró cuatro fundos, entre ellos, Alaska, en 3 mil 594 millones de pesos.