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Pese a las más
de 200 mil hectáreas traspasadas a las comunidades indígenas,
los hechos de violencia no han amainado en algunas localidades de la IX
Regi;ón. |
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CONFLICTO
MAPUCHE CRISIS ECONÓMICA EN LA IX REGIÓN:
La nueva
Guerra de Arauco
Laura Garzón Ortiz
LAURA GARZÓN ORTIZ
De "agoreros" calificó el Presidente
Ricardo Lagos, a mediados de abril, a quienes reclaman por la situación
que afecta a la IX Región tras 13 años de conflicto mapuche.
Agregó enfático que no van a tener éxito aquellas
voces que "quieren introducir desconfianza". Sin embargo, no es necesario
tener una bola de cristal para develar el crítico panorama económico
que vive la zona. Los hechos hablan por sí solos: registra los más
altos índices de pobreza e indigencia a nivel nacional y los proyectos
de inversión escasean.
Una señal clara de la incertidumbre
que ronda en la región fue la venta, por parte de la Compañía
Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de su fundo Alaska. El predio,
continuamente asediado por acciones violentistas de grupos asociados al
movimiento indígena, fue comprado por la Corporación Nacional
de Desarrollo Indígena (Conadi) para traspasarlo a comunidades mapuches
que lo reclamaban.
Nadie podía creer que la Papelera
- el buque insignia de los Matte- , una empresa emblemática en la
zona, se diera por vencida. Sin embargo, en una declaración pública
la firma explicó su decisión argumentando que no podía
ejercer dominio sobre el terreno. "Con esa plata vamos a comprar predios
en otra parte de la VIII o de la IX que no estén cuestionados",
señala un ejecutivo cercano al grupo.
Es más, en su última
junta de accionistas, el nuevo presidente corporativo de la compañía,
Eliodoro Matte, fue enfático en declarar que la forestal había
acordado suspender las plantaciones en los terrenos ubicados en la zona
debido al recrudecimiento de las acciones violentistas.
Otras voces miran la venta del fundo
Alaska con más inquietud y sostienen que, de no haber un cambio
en el curso del conflicto, podría marcar el retiro de los grandes
operadores forestales.
Pero este hecho no es el único
que ha puesto las luces de alerta en los últimos meses. Todos los
gremios productivos de la zona, unidos en la Confederación de la
Producción y el Comercio local, publicaron amplias inserciones en
los periódicos denunciando los cientos de "actos terroristas" que
afectan a empresas y personas y frente a los que no se "advierte una acción
del Estado destinada a cambiar la situación que se está viviendo
en el desprotegido agro de la IX Región".
Claramente, las diversas acciones realizadas
por los distintos gobiernos de la Concertación no han tenido éxito
al abordar el tema. Pese a la entrega de más de 237 mil hectáreas
a diversas comunidades y a la aplicación de programas sociales,
los ánimos de los indígenas no se han aplacado y el conflicto
está lejos de llegar a su término. Pero los costos de las
políticas aplicadas lo está pagando con fuerza la actividad
económica de la IX Región, aunque los problemas también
se han focalizado en algunas áreas de la VIII.
"Ha habido una pérdida patrimonial,
encarecimiento de los seguros, baja en la competitividad regional y pérdida
de confianza", reconoce el intendente de la IX Región, Ramiro Pizarro.
El último Índice de Actividad
Económica Regional (Inacer), elaborado por el INE, correspondiente
al tercer trimestre del año pasado mostró un crecimiento
de sólo 1,8%, 0,9 puntos porcentuales bajo el promedio del Imacec.
De acuerdo al mismo indicador, las exportaciones regionales cayeron 3,7%,
alcanzando apenas US$7,3 millones y la región no anotó flujos
de inversión extranjera en el período.
Caen inversiones forestales
Las estadísticas no mienten.
De acuerdo a la última encuesta Casen - de 2000- , la IX Región
muestra las más altas tasas de indigencia (11,1% de la población
regional) y de pobreza (21,6%) del país. Le sigue de cerca la VIII
Región - otra afectada por la disputa mapuche- con 8% y 19,1%, respectivamente.
La contienda que mantienen los grupos
mapuches no ha ayudado a salir de esta crítica situación
porque las inversiones simplemente no están llegando. Es más,
algunas incluso van en retirada como es el caso forestal.
"Los principales actos de violencia
han sido contra las empresas forestales, pero hay tomas de caminos, incendios
y eso crea una imagen de región agresiva que, aunque no es real,
se advierte como riesgosa para cualquier inversionista", indica el diputado
UDI por la zona, Eduardo Díaz.
El catastro realizado por la Corporación
de Bienes de Capital, que considera proyectos de más de US$5 millones,
muestra que en los últimos 10 años el flujo de recursos a
la región está estancado y no ha superado nunca los US$200
millones anuales.
"No hay ningún sector que muestre
crecimiento y lo concreto es que no hay proyectos grandes en carpeta. Si
hay dinero, no se está invirtiendo en la IX Región porque
se ve como de alto riesgo", señala un empresario local.
La crisis económica se explica
en gran parte porque los ataques mapuches se han focalizado en los motores
productivos de la zona: forestal y agrícola. Esto ha generado una
contracción de las inversiones e indirectamente afecta a los otros
sectores que se mueven en torno a esas dos actividades.
Lo números hablan por sí
solos. De las 400 mil hectáreas plantadas, más de la mitad
están ubicadas en la zona de conflicto, es decir, son reclamas por
los mapuches como propias. Esto ha implicado, por la inseguridad reinante,
que de una tasa de 12 mil a 15 mil hectáreas forestadas o reforestadas
- lo que implicaba inversiones cercanas a los US$15 millones por año-
se haya caído a 5 mil hectáreas.
"Si no se mejora la tasa de plantación
existirá a futuro un déficit en la oferta de materia prima
para la industria forestal", sostiene Emilio Guerra, gerente de la Corporación
Chilena de la Madera (Corma) local.
Esta menor actividad sectorial se ha
reflejado también en una merma en el empleo. De las 11 mil personas
que ocupaba, ha habido una reducción del 35% en los últimos
años, lo que hace que la cesantía del rubro sea de las más
altas en la región. La tasa de desempleo total en la IX fue, en
el trimestre febrero-abril, de 6,9% con una tendencia al alza respecto
al período anterior.
"Lo que se está produciendo
en la región es una espiral de pobreza por la no inversión.
Hoy es impensable, por ejemplo, que una empresa se instale en Lumaco",
agrega Guerra, refiriéndose a una de las localidades más
golpeadas por las disputas indígenas.
En la zona operan cuatro grandes empresas
forestales, 40 medianas y cerca de 1.000 pequeñas. Cerca del 50%
de las 400 mil hectáreas es controlado por las grandes, sin embargo
los más afectados con las acciones violentas han sido los pequeños
y medianos, muchos de los cuales han visto perder todo su patrimonio.
"Las empresas grandes tienen los medios
para cosechar anticipadamente, pero hay Pymes forestales que tienen todos
sus recursos expuestos", afirma José Ignacio Letamendi, presidente
de la Corma.
Pero los efectos negativos apuntan
también a la depreciación del valor patrimonial de los empresarios
forestales y agrícolas. Lo concreto es que hoy nadie está
interesado, salvo la Conadi, en adquirir una hectárea en la zona.
"Es complicado aparecer diciendo que nuestro patrimonio vale cero", indica
un ejecutivo de una forestal.
Estimaciones de la Corma sitúan
en más de US$10 millones los recursos que han destinado las forestales
a apagar los incendios provocados y a contratar más personal de
seguridad para vigilar los predios comprometidos.
Este clima negativo hace que Alaska
quizá no sea el último fundo que enajena la Papelera, de
hecho ejecutivos de esa compañía adelantan que hay otros
predios que podrían ser traspasados a la Conadi.
Otro grande, pero menos expuesto en
la zona, es Bosques Arauco, del grupo Angelini. Fuentes vinculadas a esa
empresa han declarado que están dispuestos a vender dos fundos en
la VIII Región - en las localidades de Tirúa y Contulmo-
, que están siendo reclamados como tierras sagradas por comunidades
indígenas.
"No estamos actuando por presión,
ni estamos pensando en desaparecer de la actividad forestal, pero hemos
logrado entender el problema; queremos generar soluciones y no provocar
mayores conflictos", señaló Jorge Serón, gerente general
de la firma.
Los otros sectores golpeados
La agricultura es otro sector golpeado
por el conflicto. Además de haber sido objeto de numerosos ataques
que han derivado en quema de viviendas y siembras, hoy los empresarios
del agro no son sujeto de crédito.
"Hoy la tierra no tiene valor y, por
lo tanto, no puede ser entregada como garantía a los bancos", puntualiza
Manuel Riesco, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo).
El dirigente agrega que simplemente las entidades financieras ya no le
están prestando dinero a aquellos propietarios que tienen sus campos
cerca de comunidades indígenas.
Esta situación impide que los
agricultores de las localidades en conflicto accedan al crédito
y así puedan financiar sus siembras y cosechas. "Tampoco podemos
vender los terrenos, porque no hay interesados, es decir no valen nada",
añade Riesco.
Esta menor actividad agrícola
y forestal ha mermado también el quehacer de los otros sectores
productivos. Una de las más afectadas ha sido la construcción,
muy dependiente del desempeño de los dos rubros principales.
"El conflicto nos ha afectado directamente
porque a las constructoras que trabajan en la zona rural se les cobran
peajes a sus camiones y reina un clima de hostilidad generalizado", sostiene
Robert Worner, presidente de la Cámara de la Construcción
de la IX Región.
Este ambiente, dice el dirigente, ha
hecho que disminuya la cantidad de personas que se atreven a realizar una
inversión inmobiliaria. Esto llevó a que las ventas cayeran
en 2001 en 45%, la cifra más baja en los últimos cuatro años.
"Como muchas empresas están cerrando sus puertas o reduciendo sus
operaciones, la gente no sabe si contará con trabajo", explica.
La cesantía en este sector llega
al 20% por la caída en el nivel de actividad y la carencia de proyectos
inmobiliarios, muchos de los que eran gatillados por el crecimiento que
antaño exhibía el área silvoagropecuaria.
Los transportistas no muestran una
mejor cara. José Villagrán, presidente de la Asociación
de Dueños de Camiones de Cautín, informa que los valores
de los seguros de los vehículos que prestan servicios al sector
forestal han subido en los últimos dos años en cerca de 60%.
En cambio, los fletes que prestan a ese rubro han caído, en el mismo
período en 20%.
En cuanto al financiamiento, los bancos
ya no están aceptando los camiones como garantía, sobre todo
después de los atentados incendiarios que han afectado a algunos
vehículos que operan en la zona. "Lo que buscan estos ataques es
amedrentarnos para que no saquemos la producción", dice Villagrán.
El comercio y la industria, en tanto,
dependen también de cómo anden la agricultura y el área
forestal. "Si ellos están mal, nuestra operación también
se resiente", grafica Jorge Lagos, presidente de la Asociación de
Industriales.
Max Henzi, presidente de la Cámara
de Comercio, indica que ese sector es resultado del éxito de los
otros rubros productivos y como éstos han estado decaídos,
el comercio también ha bajado su crecimiento.
Desamparo es la palabra que más
se repite entre los empresarios de la Araucanía. También
la desesperanza, porque, dicen, mientras no se apliquen políticas
públicas eficientes el conflicto mapuche no terminará. La
región lleva más de una década perdida y no son muchos
los que apuestan por un futuro más promisorio.
CIFRAS
La tierra no lo es todo
Desde el Gobierno de Patricio Aylwin,
la política central de la Concertación ha sido adquirir terrenos
para aplacar el "levantamiento" mapuche. Atendiendo esta demanda de tierras
se esperaba que el nivel de conflictividad en las zonas de la VIII y IX
Región se redujera.
Sin embargo, tras comprar y traspasar
entre 1994 y 2001 sobre 200 mil hectáreas - según cifras
de la Conadi- los resultados están lejos de ser los esperados. El
activimo no ha bajado, sino que ha mostrado facetas más violentas.
Si bien, las autoridades señalan
que aumentaron las detenciones por parte de Carabineros y el Gobierno se
ha hecho parte en las investigaciones judiciales contra los autores de
algunos atentados, en la IX Región se exige más mano dura.
Sobre todo porque se trata de grupos violentistas minoritarios que, en
en muchos casos, ni siquiera son mapuches.
En la última década se
estima que en compras de tierras y programas especiales para los indígenas
se han invertido más de US$50 millones en la última década.
A esto se deben agregar los US$130 millones anunciados por el Presidente
Lagos - US$80 millones son aportados por el BID- que financiarán
el Proyecto Origen que beneficia a 650 de las tres mil familias mapuches
que habitan en las 44 comunas con mayor presencia de esa etnia.
El devenir de los acontecimientos muestra
que la salida para los problemas no está sólo en la entrega
de tierras. De hecho, el presidente de Corma, José Ignacio Letamendi,
señala que los pehuenches benefiarios de la compra del fundo Quinquén
- concretada durante el gobierno de Aylwin- siguen hoy igual de pobres.
La salida, según muchos, pasa
por una asignación más eficiente de los recursos que se están
destinando a los indígenas. Esto implica aumentar los programas
relacionados con educación, capacitación, vivienda y salud.
La clave, según otros, está en generar fuentes de trabajo
para ellos, aunque sea a través de subsidios. "Si lo que necesitan
es salir de la pobreza", indica un ejecutivo forestal. |