Santiago de Chile, Sábado 1 de Junio de 2002
Pese a las más de 200 mil hectáreas traspasadas a las comunidades indígenas, los hechos de violencia no han amainado en algunas localidades de la IX Regi;ón.

CONFLICTO MAPUCHE CRISIS ECONÓMICA EN LA IX REGIÓN:
La nueva Guerra de Arauco

Laura Garzón Ortiz

LAURA GARZÓN ORTIZ

De "agoreros" calificó el Presidente Ricardo Lagos, a mediados de abril, a quienes reclaman por la situación que afecta a la IX Región tras 13 años de conflicto mapuche. Agregó enfático que no van a tener éxito aquellas voces que "quieren introducir desconfianza". Sin embargo, no es necesario tener una bola de cristal para develar el crítico panorama económico que vive la zona. Los hechos hablan por sí solos: registra los más altos índices de pobreza e indigencia a nivel nacional y los proyectos de inversión escasean.

Una señal clara de la incertidumbre que ronda en la región fue la venta, por parte de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), de su fundo Alaska. El predio, continuamente asediado por acciones violentistas de grupos asociados al movimiento indígena, fue comprado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para traspasarlo a comunidades mapuches que lo reclamaban.

Nadie podía creer que la Papelera - el buque insignia de los Matte- , una empresa emblemática en la zona, se diera por vencida. Sin embargo, en una declaración pública la firma explicó su decisión argumentando que no podía ejercer dominio sobre el terreno. "Con esa plata vamos a comprar predios en otra parte de la VIII o de la IX que no estén cuestionados", señala un ejecutivo cercano al grupo.

Es más, en su última junta de accionistas, el nuevo presidente corporativo de la compañía, Eliodoro Matte, fue enfático en declarar que la forestal había acordado suspender las plantaciones en los terrenos ubicados en la zona debido al recrudecimiento de las acciones violentistas.

Otras voces miran la venta del fundo Alaska con más inquietud y sostienen que, de no haber un cambio en el curso del conflicto, podría marcar el retiro de los grandes operadores forestales.

Pero este hecho no es el único que ha puesto las luces de alerta en los últimos meses. Todos los gremios productivos de la zona, unidos en la Confederación de la Producción y el Comercio local, publicaron amplias inserciones en los periódicos denunciando los cientos de "actos terroristas" que afectan a empresas y personas y frente a los que no se "advierte una acción del Estado destinada a cambiar la situación que se está viviendo en el desprotegido agro de la IX Región".

Claramente, las diversas acciones realizadas por los distintos gobiernos de la Concertación no han tenido éxito al abordar el tema. Pese a la entrega de más de 237 mil hectáreas a diversas comunidades y a la aplicación de programas sociales, los ánimos de los indígenas no se han aplacado y el conflicto está lejos de llegar a su término. Pero los costos de las políticas aplicadas lo está pagando con fuerza la actividad económica de la IX Región, aunque los problemas también se han focalizado en algunas áreas de la VIII.

"Ha habido una pérdida patrimonial, encarecimiento de los seguros, baja en la competitividad regional y pérdida de confianza", reconoce el intendente de la IX Región, Ramiro Pizarro.

El último Índice de Actividad Económica Regional (Inacer), elaborado por el INE, correspondiente al tercer trimestre del año pasado mostró un crecimiento de sólo 1,8%, 0,9 puntos porcentuales bajo el promedio del Imacec. De acuerdo al mismo indicador, las exportaciones regionales cayeron 3,7%, alcanzando apenas US$7,3 millones y la región no anotó flujos de inversión extranjera en el período.

Caen inversiones forestales

Las estadísticas no mienten. De acuerdo a la última encuesta Casen - de 2000- , la IX Región muestra las más altas tasas de indigencia (11,1% de la población regional) y de pobreza (21,6%) del país. Le sigue de cerca la VIII Región - otra afectada por la disputa mapuche- con 8% y 19,1%, respectivamente.

La contienda que mantienen los grupos mapuches no ha ayudado a salir de esta crítica situación porque las inversiones simplemente no están llegando. Es más, algunas incluso van en retirada como es el caso forestal.

"Los principales actos de violencia han sido contra las empresas forestales, pero hay tomas de caminos, incendios y eso crea una imagen de región agresiva que, aunque no es real, se advierte como riesgosa para cualquier inversionista", indica el diputado UDI por la zona, Eduardo Díaz.

El catastro realizado por la Corporación de Bienes de Capital, que considera proyectos de más de US$5 millones, muestra que en los últimos 10 años el flujo de recursos a la región está estancado y no ha superado nunca los US$200 millones anuales.

"No hay ningún sector que muestre crecimiento y lo concreto es que no hay proyectos grandes en carpeta. Si hay dinero, no se está invirtiendo en la IX Región porque se ve como de alto riesgo", señala un empresario local.

La crisis económica se explica en gran parte porque los ataques mapuches se han focalizado en los motores productivos de la zona: forestal y agrícola. Esto ha generado una contracción de las inversiones e indirectamente afecta a los otros sectores que se mueven en torno a esas dos actividades.

Lo números hablan por sí solos. De las 400 mil hectáreas plantadas, más de la mitad están ubicadas en la zona de conflicto, es decir, son reclamas por los mapuches como propias. Esto ha implicado, por la inseguridad reinante, que de una tasa de 12 mil a 15 mil hectáreas forestadas o reforestadas - lo que implicaba inversiones cercanas a los US$15 millones por año- se haya caído a 5 mil hectáreas.

"Si no se mejora la tasa de plantación existirá a futuro un déficit en la oferta de materia prima para la industria forestal", sostiene Emilio Guerra, gerente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) local.

Esta menor actividad sectorial se ha reflejado también en una merma en el empleo. De las 11 mil personas que ocupaba, ha habido una reducción del 35% en los últimos años, lo que hace que la cesantía del rubro sea de las más altas en la región. La tasa de desempleo total en la IX fue, en el trimestre febrero-abril, de 6,9% con una tendencia al alza respecto al período anterior.

"Lo que se está produciendo en la región es una espiral de pobreza por la no inversión. Hoy es impensable, por ejemplo, que una empresa se instale en Lumaco", agrega Guerra, refiriéndose a una de las localidades más golpeadas por las disputas indígenas.

En la zona operan cuatro grandes empresas forestales, 40 medianas y cerca de 1.000 pequeñas. Cerca del 50% de las 400 mil hectáreas es controlado por las grandes, sin embargo los más afectados con las acciones violentas han sido los pequeños y medianos, muchos de los cuales han visto perder todo su patrimonio.

"Las empresas grandes tienen los medios para cosechar anticipadamente, pero hay Pymes forestales que tienen todos sus recursos expuestos", afirma José Ignacio Letamendi, presidente de la Corma.

Pero los efectos negativos apuntan también a la depreciación del valor patrimonial de los empresarios forestales y agrícolas. Lo concreto es que hoy nadie está interesado, salvo la Conadi, en adquirir una hectárea en la zona. "Es complicado aparecer diciendo que nuestro patrimonio vale cero", indica un ejecutivo de una forestal.

Estimaciones de la Corma sitúan en más de US$10 millones los recursos que han destinado las forestales a apagar los incendios provocados y a contratar más personal de seguridad para vigilar los predios comprometidos.

Este clima negativo hace que Alaska quizá no sea el último fundo que enajena la Papelera, de hecho ejecutivos de esa compañía adelantan que hay otros predios que podrían ser traspasados a la Conadi.

Otro grande, pero menos expuesto en la zona, es Bosques Arauco, del grupo Angelini. Fuentes vinculadas a esa empresa han declarado que están dispuestos a vender dos fundos en la VIII Región - en las localidades de Tirúa y Contulmo- , que están siendo reclamados como tierras sagradas por comunidades indígenas.

"No estamos actuando por presión, ni estamos pensando en desaparecer de la actividad forestal, pero hemos logrado entender el problema; queremos generar soluciones y no provocar mayores conflictos", señaló Jorge Serón, gerente general de la firma.

Los otros sectores golpeados

La agricultura es otro sector golpeado por el conflicto. Además de haber sido objeto de numerosos ataques que han derivado en quema de viviendas y siembras, hoy los empresarios del agro no son sujeto de crédito.

"Hoy la tierra no tiene valor y, por lo tanto, no puede ser entregada como garantía a los bancos", puntualiza Manuel Riesco, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola (Sofo). El dirigente agrega que simplemente las entidades financieras ya no le están prestando dinero a aquellos propietarios que tienen sus campos cerca de comunidades indígenas.

Esta situación impide que los agricultores de las localidades en conflicto accedan al crédito y así puedan financiar sus siembras y cosechas. "Tampoco podemos vender los terrenos, porque no hay interesados, es decir no valen nada", añade Riesco.

Esta menor actividad agrícola y forestal ha mermado también el quehacer de los otros sectores productivos. Una de las más afectadas ha sido la construcción, muy dependiente del desempeño de los dos rubros principales.

"El conflicto nos ha afectado directamente porque a las constructoras que trabajan en la zona rural se les cobran peajes a sus camiones y reina un clima de hostilidad generalizado", sostiene Robert Worner, presidente de la Cámara de la Construcción de la IX Región.

Este ambiente, dice el dirigente, ha hecho que disminuya la cantidad de personas que se atreven a realizar una inversión inmobiliaria. Esto llevó a que las ventas cayeran en 2001 en 45%, la cifra más baja en los últimos cuatro años. "Como muchas empresas están cerrando sus puertas o reduciendo sus operaciones, la gente no sabe si contará con trabajo", explica.

La cesantía en este sector llega al 20% por la caída en el nivel de actividad y la carencia de proyectos inmobiliarios, muchos de los que eran gatillados por el crecimiento que antaño exhibía el área silvoagropecuaria.

Los transportistas no muestran una mejor cara. José Villagrán, presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de Cautín, informa que los valores de los seguros de los vehículos que prestan servicios al sector forestal han subido en los últimos dos años en cerca de 60%. En cambio, los fletes que prestan a ese rubro han caído, en el mismo período en 20%.

En cuanto al financiamiento, los bancos ya no están aceptando los camiones como garantía, sobre todo después de los atentados incendiarios que han afectado a algunos vehículos que operan en la zona. "Lo que buscan estos ataques es amedrentarnos para que no saquemos la producción", dice Villagrán.

El comercio y la industria, en tanto, dependen también de cómo anden la agricultura y el área forestal. "Si ellos están mal, nuestra operación también se resiente", grafica Jorge Lagos, presidente de la Asociación de Industriales.

Max Henzi, presidente de la Cámara de Comercio, indica que ese sector es resultado del éxito de los otros rubros productivos y como éstos han estado decaídos, el comercio también ha bajado su crecimiento.

Desamparo es la palabra que más se repite entre los empresarios de la Araucanía. También la desesperanza, porque, dicen, mientras no se apliquen políticas públicas eficientes el conflicto mapuche no terminará. La región lleva más de una década perdida y no son muchos los que apuestan por un futuro más promisorio.

CIFRAS

La tierra no lo es todo

Desde el Gobierno de Patricio Aylwin, la política central de la Concertación ha sido adquirir terrenos para aplacar el "levantamiento" mapuche. Atendiendo esta demanda de tierras se esperaba que el nivel de conflictividad en las zonas de la VIII y IX Región se redujera.

Sin embargo, tras comprar y traspasar entre 1994 y 2001 sobre 200 mil hectáreas - según cifras de la Conadi- los resultados están lejos de ser los esperados. El activimo no ha bajado, sino que ha mostrado facetas más violentas.

Si bien, las autoridades señalan que aumentaron las detenciones por parte de Carabineros y el Gobierno se ha hecho parte en las investigaciones judiciales contra los autores de algunos atentados, en la IX Región se exige más mano dura. Sobre todo porque se trata de grupos violentistas minoritarios que, en en muchos casos, ni siquiera son mapuches.

En la última década se estima que en compras de tierras y programas especiales para los indígenas se han invertido más de US$50 millones en la última década. A esto se deben agregar los US$130 millones anunciados por el Presidente Lagos - US$80 millones son aportados por el BID- que financiarán el Proyecto Origen que beneficia a 650 de las tres mil familias mapuches que habitan en las 44 comunas con mayor presencia de esa etnia.

El devenir de los acontecimientos muestra que la salida para los problemas no está sólo en la entrega de tierras. De hecho, el presidente de Corma, José Ignacio Letamendi, señala que los pehuenches benefiarios de la compra del fundo Quinquén - concretada durante el gobierno de Aylwin- siguen hoy igual de pobres.

La salida, según muchos, pasa por una asignación más eficiente de los recursos que se están destinando a los indígenas. Esto implica aumentar los programas relacionados con educación, capacitación, vivienda y salud. La clave, según otros, está en generar fuentes de trabajo para ellos, aunque sea a través de subsidios. "Si lo que necesitan es salir de la pobreza", indica un ejecutivo forestal.


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