Santiago de Chile, Viernes 7 de Junio de 2002
CONCEPCIÓN:
Gobierno se apega a legalidad al entregar tierras a mapuches

La polémica derivada de la compra del fundo Alaska para traspasarlo a indígenas involucrados en acciones violentas surge del cumplimiento de acuerdos suscritos por la ex ministra de Mideplán Alejandra Krauss, mediante los cuales el Gobierno se comprometió a satisfacer sus demandas de tierras a cambio de que las comunidades respetaran la legalidad vigente y contribuyeran a la paz social.

Son acuerdos suscritos con comunidades de Panguipulli, Lumaco, Ercilla, Collipulli y Purén, protagonistas de las mayores movilizaciones, que deberán ser cumplidas, dijeron el subsecretario de Mideplán, Jaime Andrade, y el director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Aroldo Cayul.

A ambas autoridades se suman las posiciones de los intendentes de la VIII Región, Jaime Tohá, y de la IX, Ramiro Pizarro, quienes reiteraron que no negociarán con otras comunidades que, con posterioridad a esos acuerdos, opten por caminos apartados de la legalidad y que los que habiendo suscrito compromisos en ese sentido y no los hubieran cumplido perderán todo lo avanzado hasta ahora.

Casos polémicos
Entre los casos más polémicos de los compromisos pactados figuran el suscrito con la comunidad Ignacio Queipul (Ercilla), que obtuvo el fundo Alaska; otro con las comunidades de Collipulli, que lidera el ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Víctor Ancalaf, que recibió el fundo Ginebra, y las comunidades Andrés y Juan Maril, Buchahueico y Pelentaro, que recibirán el fundo El Rincón si prospera la compra a la forestal Mininco.

El intendente Tohá declinó referirse a la compra del fundo Alaska y la eventual venta del fundo El Rincón, ambos de la Novena Región, situaciones que han generado una gran polémica en la zona del conflicto indígena y que se contradicen con las declaraciones de la autoridad. Sin embargo, dijo que ahora la doctrina del Gobierno es muy clara para la compra de tierras y que en la VIII Región se aplicará de una manera categórica, en el sentido que no habrá compra y se paralizarán eventuales negociaciones de comunidades que inicien actos violentos.
 
 


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