CONCEPCIÓN:
Gobierno
se apega a legalidad al entregar tierras a mapuches
La polémica derivada de la compra
del fundo Alaska para traspasarlo a indígenas involucrados en acciones
violentas surge del cumplimiento de acuerdos suscritos por la ex ministra
de Mideplán Alejandra Krauss, mediante los cuales el Gobierno se
comprometió a satisfacer sus demandas de tierras a cambio de que
las comunidades respetaran la legalidad vigente y contribuyeran a la paz
social.
Son acuerdos suscritos con comunidades
de Panguipulli, Lumaco, Ercilla, Collipulli y Purén, protagonistas
de las mayores movilizaciones, que deberán ser cumplidas, dijeron
el subsecretario de Mideplán, Jaime Andrade, y el director de la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Aroldo
Cayul.
A ambas autoridades se suman las posiciones
de los intendentes de la VIII Región, Jaime Tohá, y de la
IX, Ramiro Pizarro, quienes reiteraron que no negociarán con otras
comunidades que, con posterioridad a esos acuerdos, opten por caminos apartados
de la legalidad y que los que habiendo suscrito compromisos en ese sentido
y no los hubieran cumplido perderán todo lo avanzado hasta ahora.
Casos polémicos
Entre los casos más polémicos
de los compromisos pactados figuran el suscrito con la comunidad Ignacio
Queipul (Ercilla), que obtuvo el fundo Alaska; otro con las comunidades
de Collipulli, que lidera el ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco,
Víctor Ancalaf, que recibió el fundo Ginebra, y las comunidades
Andrés y Juan Maril, Buchahueico y Pelentaro, que recibirán
el fundo El Rincón si prospera la compra a la forestal Mininco.
El intendente Tohá declinó
referirse a la compra del fundo Alaska y la eventual venta del fundo El
Rincón, ambos de la Novena Región, situaciones que han generado
una gran polémica en la zona del conflicto indígena y que
se contradicen con las declaraciones de la autoridad. Sin embargo, dijo
que ahora la doctrina del Gobierno es muy clara para la compra de tierras
y que en la VIII Región se aplicará de una manera categórica,
en el sentido que no habrá compra y se paralizarán eventuales
negociaciones de comunidades que inicien actos violentos.
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