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Editorial
Domingo 13 de abril de 2008
Según la Constitución, el Estado de Chile es unitario, las personas
nacen iguales en dignidad y derechos, y son chilenos los nacidos en el territorio,
los hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero y los que hayan
obtenido su nacionalización.
La identidad patria se ha forjado durante casi cinco siglos en la mezcla de
diversas razas y ha permitido un grado de homogeneidad interna muy superior
al de otros países, incluso más avanzados. Esa fusión
sería hoy todavía más completa si en el siglo XX no se
hubieran concebido leyes que prohibieron a los indígenas enajenar sus
tierras y legalmente los confinaron en verdaderos estatutos de protección,
como si fueran menores de edad. De no mediar esas normativas, la mayoría
indígena se habría fundido ya del todo con la chilenidad, como
antes venía ocurriendo. Lamentablemente, una presión político-intelectual
proveniente de países donde sí existían fuertes desigualdades
raciales, que obligaban a dictar estatutos diferenciadores para evitar conflictos,
ha penetrado en Chile en las últimas décadas, alentada por las
fuertes contribuciones económicas de algunas naciones desarrolladas.
Eso, más el desplazamiento de corrientes revolucionarias desde posturas
ideológicas derrotadas hacia el nuevo frente de la exacerbación
de la odiosidad racial, ha gestado un clima de beligerancia artificial en ciertas
zonas del territorio.
Por su parte, el Estado ha destinado ingentes recursos para beneficiar con
entregas de tierras a quienes, en nombre de su ancestro indígena, han
logrado crear presiones.
Ahora se propone un nuevo paso que desvirtúa la unidad del Estado chileno
y la igualdad entre sus habitantes: el Gobierno anuncia un proyecto para crear
un "distrito no territorial indígena". Éste elegiría representantes
de las etnias originarias (son ocho, pero casi el 90 por ciento se declara
mapuche), para que tengan representación asegurada en el Congreso, los
consejos regionales y los concejos. Votarían solamente las personas
que acreditaran pertenencia a etnias originarias. Pero algunos, temerosos de
una equivalente disminución de su caudal de votos en los distritos normales,
impulsan la idea de que los indígenas pudieran votar dos veces: una
como tales y otra como ciudadanos iguales a los demás -lo que es un
reconocimiento implícito de la artificialidad de tal medida.
El país ha librado hace décadas una lucha contra la pobreza que,
sin distinciones arbitrarias, ha ayudado a los que enfrentaban las mayores
carencias, permitiendo, de paso, el progreso económico y social de los
miembros de etnias más atrasadas y sin detener su progresiva integración
a la nacionalidad chilena. Este proceso debería ser fortalecido, desechando
innovaciones importadas de otras realidades, que sólo crean o profundizan
divisiones que, ojalá más temprano que tarde, desaparecerán
inevitablemente de nuestra vida como nación.