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"Nueva propuesta indígena es inconsistente y contradictoria"

Rodrigo Egaña, quien elaboró la nueva propuesta indígena del Gobierno.Foto:MARIO QUILODRÁN

"Cabe de todo: el 65% es repetición de anteriores, muchas se oponen entre sí y otras no se sabe cómo se implementarán". Aun así, la directora del programa político de Libertad y Desarrollo rescata que por primera vez se plantean conceptos como integrar (en vez de segregar) y abordar el desgobierno institucional.


PILAR MOLINA A.

El 1 de abril Michelle Bachelet presentó una segunda directriz de su gobierno de política indígena (Re-conocer: pacto social por la Multiculturalidad). La propuesta la elaboró Rodrigo Egaña, a quien ella encomendó la tarea a comienzos de año, en medio de un estallido de violencia en zonas del sur, nombrándolo Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas.

Nada bueno el balance que hace de las 56 propuestas la cientista política Ena von Baer, directora del programa político de Libertad y Desarrollo:

"El 65% son planteamientos repetidos de su propio gobierno o de sus antecesores de la Concertación", señala.

-Pero usted también reconoce un giro positivo.

"Sí, pero en la presentación del documento de Rodrigo Egaña, que habla de crisis de gobernabilidad -porque instituciones como Conadi no funcionan- y del fracaso de la política indígena de los gobiernos de la Concertación, porque no considera que el 70% de ellos vive en las ciudades. Y habla por primera vez de integración con identidad".

-¿Y las propuestas no son coherentes?

"No es un documento consistente porque muchas de las propuestas se siguen repitiendo o son contradictorias y otras no se sabe cómo se van a implementar. Cabe todo, lo que quieren hacer, las críticas, propuestas nuestras. En este documento hay una contradicción, están clarísimas las dos almas de la Concertación".

-¿Las propuestas siguen considerando a los indígenas atados a la tierra?

"Sí, continúan en la idea de que para conservar la cultura hay que establecer territorios indígenas rurales y segregados. Es la visión que han seguidos los gobiernos de la Concertación desde el 90 y que está copiada de lo que se hizo en Canadá y Australia, que vienen de vuelta. Al otro extremo está la política de integración, que significa la pérdida cultural. Nuestra posición es intermedia, reconocer que los indígenas viven en la ciudad, de manera que si haces una política en el campo es sólo para el 30% o vas a provocar que vuelvan al campo".

-¿Pero no es un avance que plantee la entrega de tierras vía subsidios y no por asignación directa?

"No se dice tan claramente. Ese mecanismo es mejor que la asignación directa, que genera corrupción y tomas violentas de fundos que quieren les sean traspasados. Habla de revaluar el fondo de aguas y tierras, pero no aclara si la compra directa volverá a usarse, como estaba pensada en la ley, solamente para solucionar conflictos jurídicos y no a cambio de paz social. Tampoco se aclara si los indígenas podrán resolver, como lo están pidiendo, si esas tierras son familiares o comunitarias".

-¿Qué quiere la mayoría?

"Tierras familiares que se puedan vender. Insistir en darles tierras comunitarias que no pueden vender significa no permitirles decidir. Es imponerles una visión colectivista desde el Estado".

Territorios exclusivos

-También se propone fortalecer la Áreas de Desarrollo Indígena, que creó la Ley Indígena en 1994.

"Eso es lo más grave, amarrar estas áreas a lo que se entiende en el Convenio 169 de la OIT (aprobado en marzo por el Parlamento), que los indígenas tienen derecho sobre el territorio y el uso de los recursos naturales. Estas áreas se han ido corriendo cada vez más a una visión de segregación y territorio exclusivo. Me parece bien plantear que pueden incidir en la educación de sus miembros, siempre y cuando no se repita lo que ocurrió con los aborígenes en Australia. Con mala educación e improductivos tampoco podían trabajar fuera de sus comunidades porque sólo hablaban su lengua y tenían que vivir de subsidios. La educación no puede ser sólo desde la cultura dominante, debe respetar su cultura, pero tampoco puede promover que las comunidades se cierren en sí mismas".

-¿Y que consecuencias tendrá establecer un sistema para certificar las inversiones privadas y el derecho indígena a ser consultados, participar y ser indemnizados en estas áreas?

"Puede ser bueno si se trata de mitigar las inversiones, pero esto debe correr para toda la comunidad, no sólo las indígenas. Si se plantea en forma muy problemática disminuirá la inversión en estas áreas y con ello el empleo, que es lo que más saca a los indígenas de la pobreza".

-¿Esta política va a ir produciendo un vaciamiento de la iniciativa privada en estas áreas?

"Sí, ya pasa hoy día en las zonas donde hay comunidades más violentas, porque las empresas miran bien dónde invertir en la 8ª y 9ª Región. Esta propuesta produce inseguridad jurídica y eso baja la inversión".

Desruralizar la política

-¿Qué haría con la maraña institucional que estas propuestas no solucionan?

"El Gobierno reconoce el problema de gobernabilidad e incluso recoge algunas propuestas nuestras. Reconocen que la Conadi tiene un problema: con el Consejo Indígena, por una parte, y, por otra, es un servicio público. Nosotros siempre hemos planteado transformar a la Conadi en un servicio público, como brazo ejecutor, que se relacionaría con un consejo indígena independiente, que tendría la representación. Y además habría una subsecretaría política en Mideplan o donde quieran. El Gobierno propone eso, pero le suma tanta institucionalidad que al final no es nada".

-¿Por qué prefiere descentralizar a nivel municipal?

"Allí debiera estar la representación política, porque la cercanía es mayor. Los municipios debieran tener fondos en función a la concentración poblacional y decidir con los grupos indígenas su asignación. Hoy se da una respuesta unívoca, cuando los aimaras requieren otra cosa que los mapuches que viven afuera de Temuco. Hay que desruralizar la política indígena, que sea inocuo si viven en el campo o la ciudad".

-¿Cómo si están tan dispersos?

"Hay que hacer políticas sociales, porque son los más pobres entre los pobres".

-¿Le atrae la propuesta de asegurarles participación en el Parlamento, cores y concejos comunales?

"No, ¿de qué les va a servir su voto diluido en el de los demás? Lo más importante es su representación a nivel comunal, donde sí pueden hacer definiciones. La representación indígena trató de hacerse a través del Consejo Indígena de la Conadi, pero solamente el 20,4% de los inscritos en los registros indígenas votan en esas elecciones... ¿de qué representación estamos hablando? Según una encuesta nuestra, el 85% vota, en cambio, en las elecciones normales".

-¿Está la Concertación forzando una segregación que los indígenas no quieren?

"Que la mayoría no quiere y que ciertos grupos de la Concertación quieren. Pero quiero ser bien clara; el mundo indígena es muy diverso y no puedes imponer una visión única para integrarlos totalmente o segregarlos. Debemos tener una institucionalidad tan flexible que les permita a ellos definir si quieren tierras colectivas o familiares y transables. Hay que darles la opción porque hoy hay tremendas pugnas en las comunidades porque hoy la ley no permite vender las tierras.

"Hoy la política indígena no les permite definir su futuro, sino que les predefine cómo es ser indígena. Es paternalista y aferrada a una visión, en vez de respetar las distintas visiones".

-¿Esta propuesta es una respuesta apurada al conflicto del verano?

"Cada vez que hay una conflictividad fuerte los gobiernos responden con un documento. El tema indígena no está solucionado. Pero es de nuevo una promesa de que las cosas van a mejorar, cuando no van a cambiar, lo cual genera frustración y eso se traduce en violencia".

Balance de las propuestas del Gobierno

Repetidas: 65%

Buenas: 62%

-Con dudas respecto de su implementación: 65%.

Ejemplos: reestructuración de la Conadi y creación de una subsecretaría (porque si se concretan todas las iniciativas será una maraña institucional); asignación de las tierras a través de subsidios en vez de directamente (porque genera corrupción y violencia); revisión del Fondo de Tierras y Aguas (si eso significa dejar como excepción la compra directa de tierras y que la mayor parte de los recursos no se inviertan sólo en tierras); desarrollo económico y productivo (muchas veces prometido, e incumplido).

Malas: 38%

Ejemplos: representación parlamentaria exclusiva; fortalecer las Áreas de Desarrollo Indígena, regulando las inversiones y compensaciones por ellas, porque redundarán en menor inversión y mayor pobreza. Va en sentido contrario a que el 78% de los indígenas (encuesta CEP) considera que sus comunidades deben integrarse más al resto de la sociedad.