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Ataques incendiarios de grupos armados a predios de la zona:
Martes 19 de agosto de 2008
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La intendenta de la Araucanía, Nora Barrientos, escucha a los dirigentes empresariales. Luego, presentó una querella por Ley de Seguridad. Foto:MARIO QUILODRÁN |
Empresarios exigieron al Gobierno que garantice el Estado de Derecho
en la zona, y amenazaron con parar sus actividades.
I. FREDES, D. MUÑOZ y F. VALENZUELA
TEMUCO.– Los empresarios de la Araucanía formularon ayer un urgente
llamado al Gobierno para que "asuma su responsabilidad constitucional de garantizar
la plena vigencia del Estado de Derecho", y exigieron que se restablezcan la
seguridad y el orden público en la zona para terminar con la "impunidad" de
los "grupos terroristas".
Una veintena de dirigentes de los siete principales gremios productivos de
la Araucanía, junto al agricultor Eduardo Luchsinger, víctima
en la madrugada del domingo de uno de los más brutales atentados armados
e incendiarios registrados en el marco del llamado conflicto mapuche, advirtieron
a la intendenta Nora Barrientos (PS) que los reiterados hechos de violencia
están afectando la actividad industrial de la región.
Luchsinger, quien salvó ileso del ataque de una docena de encapuchados
y recordó que "incluso uno de ellos tenía una subametralladora",
planteó que su confianza en el Gobierno es cada vez menor ante la impunidad
con que actúan estos grupos.
El atentado incendiario al fundo "Santa Rosa" dejó pérdidas por
$500 millones. Resultaron destruidas la casa patronal, una lechería
automatizada, un galpón con fardos y maquinaria agrícola, y dos
vehículos.
Los líderes empresariales de la Araucanía criticaron la ineficacia
de la inteligencia policial para anticiparse a los hechos y los escasos resultados
de las investigaciones para dar con los responsables.
Encabezados por el vicepresidente de la Sociedad de Fomento Agrícola
(Sofo), Alejandro Granzzoto, los empresarios reaccionaron con indignación
ante los dichos del gobernador de Cautín, Andrés Jouannet, quien
atribuyó el ataque al fundo "Santa Rosa" a la acción de delincuentes
comunes.
Francisco Alaniz, presidente de Corp-Araucanía, cuestionó cómo
el Gobierno aborda a los mapuches radicalizados. "No son delincuentes comunes.
Son subversivos, y hay que desarticularlos", sentenció.
El presidente de los camioneros, José Villagrán, adelantó un
posible paro regional de los siete mayores entes productivos.
"Éstos son actos terroristas graves. Creemos que se ha quebrantado el
Estado de Derecho. Queremos que esto se acabe de una vez por todas, porque
está afectando a nuestra economía. La responsabilidad es del
Gobierno, que no ha puesto atajo a esta escalada violentista", sostuvo Granzzoto.
El presidente de la Cámara de Comercio, Hernán Vigueras, pidió "que
el Ministerio del Interior se preocupe de los derechos ciudadanos". La representante
de Hotelga, Angélica Tepper, agregó que la situación es
intolerable. "No da para más. Sólo queremos trabajar tranquilos
y que la región prospere", explicó.
Según el último Índice de Actividad Económica Regional
(Inacer), entre abril y junio de 2008 la economía de la Araucanía
creció 6,9%, la tasa más alta desde 2005. Sin embargo, los empresarios
aseguran que las acciones violentistas inhiben el desarrollo de la zona.
"El capital es cobarde, no llega a zonas donde hay conflictos. Tenemos que
ser capaces de investigar a fondo, desarticular y detener a los culpables,
y así poder trabajar en paz", advirtió el empresario José Miguel
García.
Por la tarde, los senadores de RN por la Araucanía Alberto Espina y
José García Ruminot -quien horas antes había anunciado
una interpelación al ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma,
por este tema- llegaron a La Moneda para analizar el ataque a Eduardo Luchsinger
con el propio jefe de gabinete y el subsecretario Felipe Harboe.
Tras poco más de una hora de reunión, Espina explicó que
habían intercambiado antecedentes, y que ellos entregaron la información "que
campesinos y lugareños nos entregan". "Nos han asegurado que esto no
va a quedar en la impunidad", agregó García Ruminot.
"Venimos a decirle a la autoridad que éstos son terroristas, no delincuentes.
Y hay que aplicarles la ley".
JOSÉ VILLAGRÁN,
PRESIDENTE DE CAMIONEROS.
>> Tierras compradas por Conadi terminan en "medierías" y arriendos
La falta de apoyo productivo y la práctica de la mediería son
dos de los factores que impiden un desarrollo sustentable de las tierras compradas
por el Gobierno y traspasadas a los mapuches. Incluso, tal como reveló una
investigación de este diario, hace tres años varias de las comunidades
favorecidas con tierras simplemente arrendaron los predios a agricultores o
empresas agrícolas para obtener ingresos.
Se estima que la mediería o coadministración de los predios -el
mapuche pone la tierra y un particular, el capital- alcanza hasta el 50 por
ciento de los 273 predios que ha traspasado la Conadi en los últimos
14 años.
El consejero de la Conadi Luis Huirilef sostiene que muchos comuneros se ven
obligados a la mediería porque no cuentan con apoyo estatal para trabajar
los predios. Agrega que la mediería en una práctica habitual
en los campos sureños y entre los mapuches.
De acuerdo con cifras de la Conadi, entre 1994 y 2006 se han traspasado 504
mil hectáreas a comunidades indígenas, ya sea por compras y traspasos,
regularizaciones de títulos y entrega de tierras fiscales por parte
del Ministerio de Bienes Nacionales
El abogado y ex diputado Teodoro Ribera plantea que el principal foco de cultivo
de la violencia en la Araucanía es haber mantenido vigente el fondo
de compra de tierras litigiosas, dado que la autoridad política ha privilegiado
la compra para el litigio y no la adquisición para el desarrollo y ampliación
de los predios. "Las entregas de tierras no han ido acompañadas con
proyectos de desarrollo productivo, por lo que las tierras entregadas, a veces
lejos de las zonas donde están radicadas las familias, conllevan desarraigo
social y postergan la pobreza hasta que se acaban los recursos productivos",
señala. "Es un engaño colectivo, la gente no sale de su pobreza
porque le entregan tierra, sólo mejoran su situación porque la
incrementan", añade.
David Jouannet, seremi de Agricultura, dijo que de los 20 mil productores de
la IX Región, el 70 % es mapuche. Unas 105 comunidades son favorecidas
con apoyo productivo, pero el 15% no logra resultados exitosos.