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Mario Naín, ex activista indígena y víctima de atentado a bus en Temucuicui:
Jueves 28 de agosto de 2008
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DETENIDO.- Alvear fue formalizado en Victoria. |
Había señalado que conocía a agresores y que
entregaría sus nombres a la fiscalía. El día después
del atentado fue amenazado, y su casa, apedreada.
IVÁN FREDES
TEMUCO.- El ex activista mapuche y actual microempresario del transporte Mario
Naín Curamil desistió de entregar al fiscal especial para causas
mapuches en la Araucanía, Miguel Velásquez, la identificación
de las personas que en la mañana del sábado último emboscaron
y atacaron a tiros un bus de su propiedad que trasladaba trabajadores indígenas
a faenas forestales en el sector de Temucuicui, en Ercilla.
Naín, quien reconoció haber participado en ocupaciones al fundo
Alaska antes de su compra y traspaso a la comunidad Temucuicui, había
declarado que tenía identificados a los agresores y a quienes lo amenazaban,
y que los identificaría ante el fiscal.
"Sé perfectamente quiénes son los que usan las armas y me amenazan
porque trabajo para la empresa forestal (...) Son unos cobardes, que actúan
de noche, se esconden, se tapan la cara, pero a mí no me van a asustar",
aseguró tras el ataque.
Sin embargo, en un sorprendente giro, señaló al fiscal Velásquez
que no podía identificar a sus atacantes, que no deseaba ir a juicio y,
además, rechazó la protección policial ofrecida por el prosecutor.
Naín había culpado del ataque a miembros de su propia comunidad,
que lo consideran traidor por prestar servicios a la empresa Bosques Arauco.
Al día siguiente, su casa fue apedreada y su familia amenazada de muerte.
"Él señaló que no podía identificar a los autores,
y en el último párrafo de su declaración manifestó que
no tenía más antecedentes que aportar", declaró el fiscal.
Agregó que Naín le manifestó su deseo de no ir a juicio
y buscar instancias de diálogo.
El fiscal precisó que seguirá adelante con la investigación,
pese al desistimiento de colaboración del principal afectado.
"Sobre las motivaciones profundas e íntimas no me pronuncio", respondió Velásquez
al ser consultado si el afectado cambió su posición original por
temor.
El martes, las policías informaron en la zona al ministro de Interior,
Edmundo Pérez Yoma, del clima de amedrentamiento a testigos que dificulta
la concreción de pruebas.
En tanto, fuentes de inteligencia policial abocadas al atentado del fundo de
Eduardo Luchsinger investigan la participación en éste del jefe
operativo de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, absuelto
el mes pasado de una acusación de incendiar maquinaria forestal.
En esa oportunidad, según el fiscal, actuó con activistas y ayudistas
de la comunidad Yeupeco, la misma que se adjudicó el atentado a Luchsinger.
Llaitul está clandestino en Tirúa.
Encuesta
Un sondeo realizado en la zona urbana de Temuco por la U. Mayor, por encargo
del diario "El Austral" de Temuco, arrojó que el 85% de sus habitantes
considera que el atentado a Luchsinger es parte de un "conflicto social mayor".
En otra pregunta, el 70,8% lo califica como "un caso aislado de delincuencia
común". La muestra fue de 400 personas mayores de 18 años.
Policías y fiscales guardan silencio
Después del violento fin de semana y mientras arrecian las crítica
por la impunidad en la Araucanía y la ineficiencia policial, las principales
autoridades responsables guardan silencio y evitan contradecir al Gobierno. Algunas
de ellas, incluso, no están en funciones.
Tal es el caso del fiscal regional de la Araucanía, Francisco Ljúbetic,
quien tomó esta semana permiso administrativo hasta el lunes próximo.
Su superior, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, se encuentra en Singapur
junto a funcionarios de informática del Ministerio Público, en
una gira tecnológica.
A su vez, los dos fiscales con dedicación exclusiva a la violencia de
grupos mapuches, Mario Elgueta y Miguel Velásquez, no están autorizados
para referirse a los asuntos generales o para polemizar con las opiniones del
Gobierno o la policía respecto a las responsabilidades en la falta de
resultados.
Carabineros e Investigaciones también optaron por callar, un día
después de que hablara La Moneda.
El propio general director de Carabineros, Eduardo Gordon, fue explícito
en repetir el discurso oficial de que se trata de delincuentes y actos delictuales
al terminar una visita a la Presidenta Bachelet, en la sede de Gobierno, para
-según la versión oficial- invitarla a las ceremonias oficiales
de la institución.
Una respuesta similar se señaló en la Policía de Investigaciones,
donde se precisó que ya habló el director general.
Prisión preventiva para activista mapuche de Temucuicui
En prisión preventiva, y formalizado por amenazas y porte ilegal de armas
de fuego, quedó ayer el activista mapuche Daniel Alvear Levicura (29),
de la comunidad Temucuicui, en cuya vivienda allanada fueron encontrados una
escopeta rusa Baikal y un revólver Aston.
La diligencia la efectuó la Policía de Investigaciones (PDI) en
virtud de una orden de detención por su presunta participación
en el delito de amenazas.
El lunes último, Alvear y otros cuatro encapuchados armados habrían
amenazado de muerte a 10 trabajadores forestales del fundo "El Cielo", de la
forestal Santa Mónica, en Victoria, IX Región, para que abandonaran
los terrenos porque son "territorio mapuche". Al delito de amenazas se sumó el
porte ilegal de armas, por cuanto, aunque estaban inscritas, no tenía
permiso para portarlas. El activista pertenece al grupo más radicalizado
de la comunidad Temucuicui, que cuenta con el apoyo de la ONG Consejo de Todas
las Tierras, liderada por Aucán Huilcamán, y reside en el fundo
Santa Filomena, adquirido por la Conadi y traspasado a la comunidad mencionada.
El prefecto de Investigaciones de Temuco, Carlos Soto, sostuvo que indaga la
vinculación del imputado con otros hechos de violencia en la zona, incluido
entre ellos el ataque armado e incendiario al fundo de Eduardo Luchsinger.
El subdirector operativo de Investigaciones, René Castellón, señaló que
la detención de Alvear demuestra la efectividad de los procedimientos
apegados a la ley y el derecho, y ratifica el compromiso de su institución
con la justicia y la seguridad.