Egaña justifica tierras a mapuches violentos

Sábado 30 de agosto de 2008


El grupo indígena rechazó seguir en la mesa de conversaciones con el Estado.Foto:ROLANDO OYARZÚN

Egaña dijo no tener datos sobre nexos de la CAM con ex subversivos.

Dijo que si cumplieron sus penas pueden acceder a beneficios de Ley Indígena.

FABIÁN ÁLVAREZ

CONCEPCIÓN.- El comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, justificó la compra de tierras para comunidades mapuches que han ejercido violencia en el marco del conflicto indígena, pues dijo que si los miembros de éstas ya saldaron sus deudas con la justicia, no hay razón para discriminarlos en los beneficios.

"Puede haber comunidades que en algún momento han estado en conflicto con la ley, eso es cierto, hay dirigentes que han estado detenidos, pero han pagado, han cumplido las penas, y, por lo tanto, hoy son ciudadanos comunes y corrientes que tienen derecho a ejercer, dentro de la Ley Indígena, lo que la ley les permite", explicó.

Éste es el caso de la Comunidad Pascual Coña Lleu Lleu, en Cañete, VIII Región, donde finalmente la Conadi compró para ellos, en 2007, la Reserva Hacienda Lleu Lleu al Banco Security, predio que antes había sido del empresario Osvaldo Carvajal. Este último, producto de los 53 atentados que vivió entre 1997 y 2005, debió abandonar sus 241 hectáreas. En esta comunidad, al menos, cuatro personas enfrentaron procesos judiciales por hechos violentistas; entre ellos, dos condenados por incendio terrorista. Aquí también viven representantes de reconocidos dirigentes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

No obstante, Egaña descartó que ellos avalen la vía violenta para conseguir tierras. Sobre la aplicación de la ley antiterrorista, reiteró que el Gobierno no la invocará por mandato presidencial, pero afirmó que "con la actual legislación antiterrorista, cualquier persona que se sienta afectada y que crea que tiene derecho a ejercer la ley antiterrorista, la puede solicitar ante tribunales, y también la fiscalía tiene capacidad de requerirla". Acotó que quien diga que no se cumple el Estado de Derecho en la VIII y IX Región "está fuera de la realidad".

Pehuenches demandarán al Estado por inundación de cementerio

CONCEPCIÓN.- Bajo el argumento de que se aburrieron de las conversaciones, a los tribunales nacionales y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recurrirán 25 familias pehuenches que hace tres años reclaman por la inundación del panteón indígena de Quepuca Ralco, el que quedó bajo 60 metros de agua, tras el llenado del embalse de la central hidroeléctrica Ralco, en Alto Biobío, VIII Región.

Ayer el grupo se reunió en Concepción con Rodrigo Egaña, quien les explicó que ejecutarán un estudio para ver si es factible recuperar los 700 restos que piden los reclamantes, pero que un informe del Consejo de Monumentos Nacionales cifra en 13.

Lo anterior no dejó satisfecho al grupo pehuenche, pues expusieron que hace un año se planteó esa posibilidad "y recién ahora se nos dice que van a hacer algo. Nosotros esperábamos que nos dijeran cuándo se van a desenterrar nuestros antepasados", afirmó la vocera María Curríao. Acotó que "hoy nos dimos cuenta de que el señor Rodrigo Egaña no tiene facultades y no está tampoco mandatado para tomar decisiones y darnos una solución".

A fines de 2006 se abrió una mesa de trabajo entre las partes, y desde un inicio los indígenas han manifestado que no aceptarán ninguna compensación, porque lo que quieren es el retiro de los cuerpos.

Tras el embalse de Ralco, en 2004, Endesa argumentó que las fuertes precipitaciones llenaron el terreno sin poder evitarlo. Conama, el 24 de enero de 2006, sancionó a la transnacional con 500 UTM y con la obligación de ejecutar un plan de compensaciones.

Esto último corre por una vía paralela al reclamo de los vecinos de Quepuca Ralco y presenta atrasos, no a causa de Endesa sino por la falta de coordinación entre los demás actores estatales involucrados.