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21 de Marzo del 2002

OEA acogió denuncia mapuche en contra del Estado 


Esta admisión de analizar el caso mapuche permite a ambas partes –Estado de Chile y Consejo de Todas las Tierras- entregar, en un plazo de 6 meses, nuevos antecedentes para que posteriormente la Comisión se pronuncie respecto al fondo y con ello se dé un plazo de tres meses para someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que finalmente dicta sentencia. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), acogió la denuncia interpuesta por el Consejo de Todas las Tierras en el año 1992 en contra del Estado Chileno, según indicaron hoy el dirigente mapuche, Aucán Huilcamán, y el abogado Roberto Celedón.

"Esta semana recibimos la comunicación formal de parte del secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, quien nos comunicó la admisibilidad del caso", sostuvo Huilcamán.

El proceso se refiere a la "injusta persecución judicial" que se habría iniciado en junio de 1992 y culminado en marzo de 1996 contra más de un centenar de personas indígenas que fueron acusadas y encarcelados por usurpación, asociación ilícita, desacato, hurto y lesiones.

En aquellos años la Corte Interamericana comprometió al Estado de Chile a compensar al pueblo mapuche en cuatro puntos clave, entre ellos, limpiar los antecedentes de los procesados por violencia en la zona.

No obstante y tras largas negociaciones, la autoridad nacional no habría cumplido las demandas de los 144 mapuches afectados que apuntaban principalmente a ser indemnizados por los errores judiciales, limpiar sus expedientes penales, reparar su buen nombre y dignidad y resarcir sus derechos ciudadano.

Por esta Razón hace unos días la Comisión Interamericana de Derechos humanos resolvió dar curso a la denuncia presentada contra el Estado chileno y revisar los antecedentes en su próxima sesión que se realizará en seis meses más, plazo en que las partes involucradas podrán presentar nuevos antecedentes al caso.

Esta admisión de analizar el caso mapuche permite a ambas partes –Estado de Chile y Consejo de Todas las Tierras- entregar, en un plazo de 6 meses, nuevos antecedentes para que posteriormente la Comisión se pronuncie respecto al fondo y con ello se dé un plazo de tres meses para someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que finalmente dicta sentencia.