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22 de Marzo del 2002
Novena Región lidera ingreso de causas en el nuevo sistema

Cuenta anual de Defensoría Penal revela dimensión de conflicto mapuche

por  Jorge Molina Sanhueza 

Un 35 por ciento de los mapuches involucrados en los procesos tiene en promedio entre 18 y 25 años. El 62 por ciento del total de ellos sólo tiene enseñanza básica y, de éstos, un 50 por ciento son agricultores y un 62 por ciento vive en domicilios rurales.

El alto índice de cesantía y otros factores sociales como la explosión del conflicto mapuche explican que la Novena Región tenga más causas ingresadas a la Defensoría Penal Pública que las demás regiones donde se aplica el nuevo Código Procesal Penal, no obstante la Región de la Araucanía fue la primera en ponerlo en marcha.

Esto queda de manifiesto en la memoria anual de dicho organismo que hoy dio a conocer el Defensor Público (s), Claudio Pavlic. A través de los guarismos contenidos en dicho documento, se desglosa el conflicto mapuche.

Esta etnia cuenta con una Defensoría Mapuche que presta atención especial, incluso con traductores, a quienes no hablan castellano en los procesos ante los Tribunales de Garantía, donde interviene también el Ministerio Público.

Las estadísticas hablan por sí solas. En la Novena Región, hasta finales del 2001, se ingresaron 4 mil 178 casos. De esos mil 811 fueron terminados y dos mil 367 están en trámite.

Las cifras del conflicto

Al desglosarlos queda de manifiesto que la Defensoría atendió 3 mil 492 casos. De estos, 835 eran mapuches, lo que representa un 24 por ciento de total de los casos.

Estos 835 casos contemplan diversos delitos, pero 311 casos concentran las tomas terreno, los desórdenes públicos e infracción a la Ley de Bosques. Lo siguen las lesiones, con 110 casos; el robo con fuerza, daños y e infracción a la Ley de Armas, con sólo 7 casos.

En la memoria, en todo caso, no se realizan comparaciones con el antiguo sistema.

Otros factores revelan que la gran mayoría de mapuches involucrados en procesos tiene entre 25 a 40 años -un 40 por ciento-, mientras que el 35 por ciento tiene en promedio entre 18 y 25 años. Pero más complejo es que el 62 por ciento de los imputados mapuches sólo tiene enseñanza básica. Un 50 por ciento de son agricultores y un 62 por ciento vive en domicilios rurales.

El derecho a ser oído

Pavlic reconoció que el año pasado el organismo tuvo dificultades que superar, con lo que aludió -aunque sin nombrarlo- a la abrupta renuncia de su antecesor, Alex Carocca, en medio de un bullado escándalo.

Recalcó que la misión del organismo que dirige “es el derecho fundamental a la Defensa y significa que el imputado tiene derecho a no ser condenado o sujeto a una pena, o sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial, en un juicio previo, oral y público”.

“Esta exigencia se traduce en el derecho a ser oído y a que lo que diga, si decide hacerlo, sea tomado en cuenta por el juez al adoptar su resolución, aunque estas alegaciones sean completamente rechazadas. Este es a nuestro entender el significado propio de la denominada garantía constitucional de la defensa”, dijo Pavlic.

DOCUMENTO:

Discurso del Defensor Nacional [texto completo]