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22 de Marzo del 2002

Discurso del Defensor Nacional, Claudio Pavlic 

"El ejercicio del derecho fundamental a la Defensa significa que el imputado tiene derecho a no ser condenado o sujeto a una pena, o sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial, en un juicio previo, oral y público. Surge su garantía, en cuanto a principal interesado en los resultados del juicio, para poder intervenir en la formación de la decisión jurisdiccional".

Inserción de la Defensoría en el marco de la Reforma Procesal Penal

El 10 de marzo de 2001, se publicó en el Diario Oficial, la ley N° 19.718, orgánica de la Defensoría Penal Pública, que permitió dar estructura y funcionamiento definitivo a uno de los pilares de la reforma procesal penal, con ello se culminaba el proceso de su implementación institucional.

Este proceso dio origen en nuestro país a una de las reformas institucionales más relevantes del siglo XX. Enfrentamos, por fin, la necesidad de contar con un nuevo sistema de enjuiciamiento criminal, que superara el tradicional modelo inquisitivo, unilateral y autoritario, pasando a uno acusatorio, bilateral y democrático.

En efecto, uno de los objetivos centrales perseguidos con la instauración del nuevo proceso penal, fue lograr la vigencia efectiva de las garantías constitucionales de las personas frente a la persecución penal. Es decir, la reforma habrá cumplido su finalidad si consigue que los procesos penales, que se lleven a efecto durante su vigencia, sean respetuosos de los derechos fundamentales de las personas, con el fin de lograr para cada imputado un justo o debido proceso.

Basta tener presente el mensaje con el cual el Presidente de la República envió al Congreso Nacional el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, en el que señala expresamente: “se ha dicho, con razón, que los sistemas de enjuiciamiento criminal son los más elocuentes indicadores del grado de respeto por los derechos de las personas que existe en un ordenamiento estatal o, dicho de otro modo, que el autoritarismo se revela en la forma en que los poderes públicos encaran el reproche a las conductas desviadas o a las formas de comportamiento armónico”.

Derecho a la Defensa como fundamento de la Defensoría Penal Pública

El ejercicio del derecho fundamental a la Defensa significa que el imputado tiene derecho a no ser condenado o sujeto a una pena, o sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de una sentencia fundada, dictada por un Tribunal imparcial, en un juicio previo-, oral y público. Surge su garantía, en cuanto a principal interesado en los resultados del juicio, para poder intervenir en la formación de la decisión jurisdiccional. Esta exigencia se traduce en el derecho a ser oído y a que lo que diga, si decide hacerlo, sea tomado en cuenta por el juez al adoptar su resolución, aunque estas alegaciones sean completamente rechazadas. Este es a nuestro entender el significado propio de la denominada garantía constitucional de la defensa.

En este marco, el ejercicio del derecho a la defensa es un elemento de la esencia del nuevo enjuiciamiento criminal. Sin el ejercicio del mismo, no puede ni debe existir persecución penal. En otras palabras la defensa es requisito de existencia del nuevo proceso.

Es en este marco en donde se inserta la Defensoría Penal Pública. En efecto, nuestra institución, en tanto órgano del Estado, tiene un poder - deber de hacer efectivo el derecho real a una defensa debida. En ella se deposita la regulación estatal que permite la realización de la garantía constitucional a la defensa, y a través de ella el ejercicio de todos los derechos fundamentales, reconocidos no sólo en nuestra Constitución, sino también, en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Su fundamento se encuentra, en que siendo obligatoria la presencia de un defensor letrado que represente al imputado en todo proceso penal moderno, cuando la parte no lo nombra, por cualquier razón, ya sea porque no pueda, como sucede generalmente, o porque no quiera, como también puede ocurrir, le debe ser asignado uno con cargo al Estado.

De modo que, la existencia de la Defensa Penal Pública no encuentra fundamento en la prestación asistencial del Estado hacia los ciudadanos, sino en la necesidad de que aquellos en contra de quienes se inicia la persecución penal cuenten con una defensa efectiva, es decir, sean representados por letrados que asistan al imputado para el real ejercicio de sus derechos y garantías, sin detenerse en la capacidad económica de los mismos.

Prestación de Defensa

El nacimiento de la Defensoría Penal Pública, implicó e implica hoy una innovación en la forma y el modo en el Estado decidió realizar esta prestación pública a los ciudadanos. En efecto, los ámbitos de la prestación son los siguientes:

Actividad Prestacional

Esta se expresa a través de la prestación de defensa a los imputados o acusados, mediante las unidades operativas de la institución que son las defensorías locales y por los abogados seleccionados mediante el mecanismo de las licitaciones. La prestación de defensa está sometida a los siguientes principios:

* Igualdad. Garantiza el derecho de todos los ciudadanos a recibir el servicio de defensa penal en las mismas condiciones.

* Continuidad. Asegura que la prestación de defensa debe ser permanente y sin interrupciones.

* Regularidad. Permite que la prestación de defensa penal deba ajustarse a ciertas normas básicas de calidad.

* Gratuidad. La prestación de defensa es gratuita para quien lo requiera, salvo para aquellos beneficiarios que dispongan recursos para financiarla, en cuyo caso se cobrará un arancel proporcional a sus ingresos y grupo familiar.

Actividad Regulatoria

Esta se refleja en el hecho que el Defensor Nacional debe fijar, con carácter general, los estándares básicos que deben cumplir en el procedimiento penal quienes presten defensa penal pública, lo que significa que corresponde a la Defensoría, respecto de las prestaciones de defensa penal pública, fijar las normas técnicas a las cuales deberá ajustarse la defensa, tanto en el subsistema público como en el privado.

Otra manifestación de este tipo de actividad de la Defensoría, se expresa en el hecho de que ella realiza actividades de control y evaluación de los prestadores de defensa penal, públicos y privados, sea a través de las inspecciones, informes, auditorias, reclamaciones y un sistema sancionatorio.

Proceso de creación de la Defensoría Penal Pública

El inicio de la reforma procesal penal, como es de conocimiento público, se produjo el 16 de diciembre de 2000, en las regiones IV y IX. En ese momento no existía aún la Defensoría Penal Pública, pues el proyecto de ley aún se encontraba en el Parlamento. Sin embargo, todos coincidieron en la necesidad de la existencia de un órgano que ejerciera esta función. Fue así como nació el programa de Defensa Penal Pública, en el Ministerio de Justicia, que constituyó la base de lo que hoy es la Defensoría.

Fue así como se planteó que dicho programa, debía tener como horizonte de acción aquel estimado entre la entrada de vigencia del nuevo sistema procesal penal y la instauración eficaz de la Defensoría Penal Pública en las regiones piloto, es decir, hasta el momento en que ésta última se encontrara en condiciones de asumir la provisión del servicio de defensa penal.

El programa funcionó, entre septiembre de 2000 y junio de 2001. Para su funcionamiento se tuvo el concurso de las Corporaciones de Asistencia Judicial de Valparaíso y Bio – Bio. Fueron estas instituciones las que formalmente contrataron a los abogados defensores seleccionados durante la vigencia del programa.

A estas instituciones nuestro más profundo agradecimiento. El nacimiento de esta institución pasa, también, por el apoyo recibido.

Gestión en Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional

La puesta en marcha del programa de Defensoría Penal Pública el 01 de Septiembre de 2000, implicó la necesidad de seleccionar a los encargados regionales del programa y de los abogados que desempeñarían como abogados defensores. En este contexto se seleccionaron 2 encargados regionales, para la IV y IX Regiones, concurso en el que participaron 100 abogados.

Por otra parte fue necesaria la selección de los abogados que realizarían efectivamente las prestaciones de defensa penal durante este período. Es así como se convocó a un concurso en el cual participaron más de 288 abogados, para la selección definitiva de 23 defensores.

Desde junio de 2001, la Defensoría Penal se abocó principalmente al proceso de reclutamiento y selección de personal que le permitiría su funcionamiento como institución pública propiamente tal. En este contexto y considerando la gradualidad de la implementación de la reforma, se realizaron, durante los meses de junio a septiembre, procesos de concursos públicos destinados a proveer los cargos de Defensores Regionales, Defensores Locales, Directores Administrativos Regionales, Asistentes Administrativos y Auxiliares para las regiones II, III, IV, VII y IX.

Respecto de los cargos de exclusiva confianza, como son entre otros los Directores Administrativos Regionales, han sido provisto por concurso público, pese a ser cargos de libre disposición. Esta es una práctica que hemos iniciado desde abril del 2001, con la selección del Director Administrativo Nacional, y que seguiremos aplicando en el futuro.

Infraestructura

Desde mayo de 2001, se asumió la responsabilidad de planificar, estudiar, proyectar e implementar las obras de infraestructura necesarias para organizar y poner en funcionamiento las dependencias de la Defensoría Penal Pública, teniendo presente la gradualidad de la entrada en vigencia de la Reforma Procesal Penal.

El gran proyecto de infraestructura del 2001, fue la adquisición del inmueble para el funcionamiento de la Defensoría Nacional. Para este proyecto la institución realizó un arduo proceso selección, quedando adjudicada y finalmente adquiridas las oficinas ubicadas en Alameda 1449, piso 8º. Para el año 2002, pretendemos consolidar los proyectos de infraestructura de la mayor cantidad de Defensorías Regionales en actual funcionamiento.

Gestión de Defensa Penal

Antes que nada , debemos señalar que, si bien la función del Defensor Nacional consiste, por una parte en la responsabilidad de controlar el adecuado funcionamiento de todo el sistema, tanto en el área pública como privada, y por la otra, debe organizar y prestar directamente la defensa penal pública en la parte que corresponda al subsistema público, a este no le esta permitido interferir en la ejecución de la labor propia de cada uno de los defensores, en la medida que no pueden existir, instrucciones o directrices acerca de la estrategia o las argumentaciones que el defensor debe emplear en los casos que se le asignan. El único compromiso del defensor penal público en cuanto al contenido de sus alegaciones es con el propio imputado, ya que debe respetar sus requerimientos.

Este es un salto cualitativo importante, pues garantiza la independencia en la prestación de la defensa y la aleja de todo tipo de presiones.

Capacitación

Desde los inicios del programa, la Defensoría apostó a un fuerte incentivo en materia de capacitación. Es por eso y ante la necesidad de enfrentar el inicio de la reforma con las mejores armas, el grupo de 30 seleccionados fueron capacitados en habilidades y destrezas avanzadas para la litigación oral y para la entrevista de imputados y testigos, impartido en la California Western School of Law de la ciudad de San Diego, Estados Unidos, del 14 al 26 octubre de 2000, con la colaboración de McGill Center for Creative Problem Solving y el proyecto ACCESO de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco.

En la misma época se realizó la visita de los abogados de la Defensoría Penal Pública, a las Defensorías Penales Públicas de las ciudades de San Diego y Miami, para obtener experiencias de estas instituciones. Esta segunda parte de la capacitación fue organizada por la oficina de Visitantes Internacionales de la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en Chile.

Sin embargo, con la implementación de la Defensoría en régimen, a partir de junio de 2001, hemos ido constituyendo un equipo de capacitadores al interior de la propia institución, Este grupo hoy se dedica a monitorear diariamente el funcionamiento de la Defensoría y a detectar las falencias asociadas a la defensa con el objeto de ir estableciendo programas de perfeccionamiento permanente para los defensores. Mientras estemos en esta etapa de instalación, a juicio de la Defensoría, todo esta construyéndose y por lo tanto el contenido sustantivo del debate, así como las técnicas de litigación deben ser permanentemente analizadas.

Producción y Análisis de Estadísticas

Desde el inicio del Programa de la Defensoría una de las preocupaciones principales de la institución fue la generación de estadística fidedigna que reflejara, de modo cuantitativo, el estado de desarrollo de la reforma procesal penal en lo que al trabajo de los defensores respecta. Para ello, se diseñó una plantilla Excel para estadística, la cual ha estado en uso ininterrumpidamente desde el comienzo de la reforma. Esta estadística se ha usado para el análisis y elaboración de estudios y para la difusión del proceso de puesta en marcha de la reforma. El mundo académico ha considerado esta herramienta básica como el seguimiento estadístico más completo de que se dispone.

Actualmente nos encontramos en una etapa de rediseño de este sistema que tiene por objeto, atendida la experiencia hasta la fecha, ir precisando aún más la información con la finalidad de hacer entrega a la comunidad jurídica de antecedentes útiles para los análisis que correspondan.

Jurisprudencia

Se inició la elaboración de una completa base de datos de jurisprudencia emanada de los tribunales que integran la nueva organización judicial de la reforma procesal penal. Con este objetivo, se les solicitó ayuda a los defensores regionales y locales en la recopilación de actas de audiencia y otros documentos presentados en los nuevos procesos, tanto por los defensores como por los fiscales del Ministerio Público, que presentasen aspectos de relevancia jurídica y comunicacional, tanto para abogados vinculados o no a la reforma procesal penal como para cualquier particular interesado en conocer los derechos y garantías reconocidos en el nuevo sistema.

Estudios de Casos

Los estudios realizados en este período se centraron fundamentalmente en la determinación de las dificultades en el funcionamiento del sistema, y en la búsqueda de soluciones para los casos particulares en los cuales se presentaban dichos problemas.

Realización del Primer Encuentro Interamericano de Defensorías Públicas

Con el objetivo de promover el diálogo y la cooperación entre las diferentes Defensorías de nuestro continente, la Defensoría Penal Pública de Chile, el Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA, y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana GTZ, organizaron el Primer Encuentro Interamericano de Defensorías Públicas, que se llevó a cabo en nuestro país los días 14, 15, y 16 de Noviembre de 2001.

Este encuentro, fue calificado por muchos de los asistentes, tanto nacionales como por los 63 representantes de 15 países que asistieron, como muy exitoso. Este éxito se tradujo en la firma de los siguientes resultados:

El inicio de las conversaciones para la constitución de la Asociación Americana de Defensorías Públicas

La Declaración de Cooperación entre las Defensorías Públicas de América

El compromiso de celebrar un nuevo Congreso de Defensorías en San José de Costa Rica, que ya se encuentra fijada para los días 23 y 24 de octubre del presente año.

Con posterioridad al encuentro se han manteniendo contactos con algunas de las defensorías públicas de otros países, tales como Costa Rica, Argentina, Canadá, y organizaciones como la Comisión Andina de Juristas, y la Comisión Europea. Existen tres acuerdos pendientes de cooperación con la Defensoría de Buenos Aires, Costa Rica y con la Comisión Andina de Juristas, cuya firma depende del financiamiento de los mismos.

Además, se inició la creación de la base de datos de jurisprudencia, en la que existen algunas sentencias de derecho comparado y de casos presentados ante la Comisión y la Corte Interamericana.

Licitaciones, Aranceles y Estándares de Defensa Penal

Aranceles

Se han fijado dos tipos de criterios, de acuerdo a los requerimientos establecidos en el artículo 37 de la Ley Nº 19.718: un criterio para la determinación del precio –en el caso de que el imputado sea de aquellos que cuenten con recursos para pagar por el servicio-; y otro criterio que define los elementos que a lo menos deben tenerse en consideración para “construir” el arancel oficial.

En efecto, la determinación del arancel exige determinar los costos de los servicios prestados por defensa y las etapas del proceso en que se asistiere al beneficiario. Debe considerarse para estos efectos, entre otros, los costos técnicos y el promedio de los honorarios de la plaza, debiendo el arancel ser competitivo con estos.

Uno de los problemas que se han detectado en la discusión y elaboración del arancel, es que en el mercado de abogados falta información relativa a honorarios de la plaza. Varias explicaciones podrían existir para este fenómeno, pero hemos percibido que la razón principal es la naturaleza de la relación cliente - abogado, que se da en un ámbito de reserva, y la ausencia de estandarización de los servicios y precios que se cobran.

Sin embargo, para el mes de junio del presente año, la Defensoría pretende tener el primer arancel con una aproximación de precios reales que permita, en el futuro, contar con información clara al respecto y comenzar el cobro por los servicios a quienes , teniendo recursos económicos, prefieran ser atendidos por defensores de nuestra institución.

Licitaciones de Defensa Penal

Se ha recabado gran parte de la experiencia con la que cuentan otras instituciones públicas en la externalización de sus servicios, especialmente a través de las concesiones de servicios públicos. Los mismos estudios se han extendidos a la experiencia comparada en la materia.

Desde finales año 2001 la Defensoría se ha abocado al diseño jurídico y económico de las licitaciones de defensa penal, generando institucionalmente varios documentos que hasta la fecha son:

* Borrador del reglamento general de licitaciones, remitido a la Unidad Coordinadora de la RPP del Ministerio de Justicia para sus comentarios y observaciones.

* Un cronograma de actividades, que da cuenta de las etapas y fechas para llevar a cabo estos procesos durante los años 2001 y 2002.

* Determinación de los procedimientos administrativos, presupuestarios y jurídicos para llevar a cabo las licitaciones, distinguiendo entre responsabilidades propias de la Defensoría y aquellas que le corresponden al Ministerio de Justicia y al Consejo de Licitaciones.

* Borrador de Bases administrativas y técnicas generales para este proceso.

* Encuesta técnicas en las regiones en funcionamiento, con el objeto de establecer metodologías de sistematización y distribución de cargas de trabajo o de casos, para definir los perfiles de las localidades a licitar. Proceso que se ha visto fortalecido, por una permanente presencia en terreno por parte de los profesionales de la Defensoría Nacional.

De conformidad a nuestras proyecciones y tal como hemos trabajado ahora con el Ministerio de Justicia, la primera licitación de defensa penal debería ser convocada en el tercer trimestre del presente año.

Es este uno de nuestros proyectos más ambiciosos. Estamos convencidos que su implementación hará posible la incorporación efectiva de los abogados del ejercicio libre a esta reforma.

Estándares de Defensa Penal

La ley obliga al Defensor Nacional a establecer con carácter de general estándares básicos, que deben cumplir quienes presten servicios de defensa penal pública.

Los estándares de Defensa Penal constituyen verdaderas normas de calidad que permiten determinar si las prestaciones del servicio son óptimas, y en consecuencia, se da cabal cumplimiento a las garantías constitucionales y legales del imputado.

La figura de los estándares de defensa penal es un instrumento novísimo en el sistema jurídico chileno, y respecto del cual la experiencia comparada cuenta con muy pocas experiencias. La complejidad de este tema ha llevado a la elaboración de un documento denominado “bases para determinar estándares de defensa penal”.

Sin embargo, y con el objeto de hacer participar a la comunidad jurídica, la Defensoría ha acordado contratar estudios sobre la materia, que están en plena ejecución. Sus conclusiones serán de alta relevancia para la elaboración de los cuerpos normativos en el ámbito administrativo que regularán el proceso de licitaciones.

Esperamos que antes que termine el primer semestre de este año tengamos definidos y publicados en el Diario Oficial los primeros estándares de defensa penal, que constituirán una verdadera novedad en nuestro derecho, que sin duda será un aporte al ejercicio de la profesión de abogado.

En base a estos, será la primera vez que existe un régimen jurídico de control y evaluación de abogados a cargo de un organismo público y que, conjugado con los estándares de defensa penal, suministrarán, aunque en un universo muy pequeño, una regulación al ejercicio de esta profesión, permitiendo entregar información pública que permita uniformar la calidad de la prestación de defensa.

Seguimiento Recursos de Nulidad ante la Corte Suprema

La Defensoría, a través de su Departamento de Estudios, se ha hecho cargo del seguimiento y ha asumido la representación judicial de la Defensoría en los diversos recursos de nulidad interpuestos en regiones para ante la Corte Suprema. En esta materia, es importante señalar, que la Defensoría ha asumido los recursos no sólo de los Defensores Locales, sino también de abogados privados que al momento de interponer recurso de nulidad ante la Corte Suprema, solicitan que la Defensoría se haga cargo de los mismos. En otras ocasiones es la propia Corte Suprema, que actuando como tribunal de amparo de garantías, solicita a la Defensoría nacional comparecencia en estrados.

Análisis de la prestación de defensa penal pública

1. Del número de causas y número de personas atendidas

De un total de 87.588 causas recepcionadas por el Ministerio Público, según sus estadísticas al 31.12.01, sólo un 29 % de ellas ingresan al sistema procesal penal, ya que el 71% restante es objeto de la aplicación de facultades propias del MP como el archivo provisional, la facultad de no investigar o el principio de oportunidad, previstas en los artículos 167,168 y 170 del Código Procesal Penal. De esas 25.400 (que equivalen al 29% antes referido) sólo 6.870 causas, vale decir sólo el 27%, ingresa al sistema de defensa penal pública, y requiere por ende a un abogado defensor penal público.

Teniendo en consideración además que cada causa puede tener uno o más imputados, debemos señalar que estas 6.870 causas (datos tomados desde el inicio de la aplicación de la RPP hasta el 31.12.01) equivalen a 7.063 imputados atendidos. Del total de atendidos en las regiones donde está vigente la RPP, un 58% mantiene sus causas en tramitación.

Estas cifras demuestran que a poco más de un año de la entrada en vigencia de la reforma, ésta demuestra que es eficiente en la solución de conflictos de relevancia penal.

2. De las cargas de trabajo por Defensor

Una de las preocupaciones de la Defensoría es monitorear permanentemente el número de causas por defensor pues, a nuestro juicio, el mantener una carga adecuada de las mismas permite garantizar una defensa profesional adecuada, y dimensionar el número adicional de defensores que el sistema requiere, con el objeto de diseñar el mecanismo de las licitaciones, de manera óptima.

En efecto, las causas e imputados atendidos en la IV y IX Región en relación con el número de profesionales con que cuenta el Servicio para esas localidades nos permiten determinar aproximadamente una carga de trabajo promedio de 204 causas por defensor, durante el año 2001. En atención a la paulatina entrada en vigencia de la RPP, las Regiones II, III y VII no presentan aún una tendencia clara respecto de sus respectivas cargas de trabajo, pero el análisis estadístico del comportamiento del número de causas que ingresan, combinado con el número de causas que terminan en el mismo período, nos muestra una línea ascendente en la cantidad de casos que se van quedando dentro del sistema.

Sin perjuicio de las particularidades citada, existe un elemento común que trasciende a las características de cada región, y es el aumento sostenido en el número de causas que se mantienen en trámite sin ser objeto de salida alternativa o bien la adopción de algún procedimiento especial.

Además, a las causas promedio por defensor proyectadas, deberán sumarse aquellas que resultaren de la acumulación natural de su carga anual de trabajo, es decir, aquellas cuya tramitación se extenderá por un plazo superior al año calendario.

Al respecto no se aprecia ninguna variación demográfica, socioeconómica o política que permita presumir una detención de este constante ascenso. Debe ser preocupación principal de los intervinientes encontrar aplicación práctica a los mecanismos de terminación anticipada del proceso, que se presentan como la forma más apropiada para revertir esta tendencia. De no ser así, el análisis del comportamiento de las causas en trámite nos permiten concluir que en un mediano plazo las dotaciones de profesionales contratados para la prestación del servicio de defensa pública proyectados por los estudios del año 1999, serán insuficientes.

Como se demuestra en nuestra memoria, sólo un 44% de las causas que ingresan al sistema, logran obtener rápidamente un resultado (año 2001). De este modo la carga de trabajo por defensor aumentará significativamente, especialmente en la IX Región que registra, hasta ahora, el 50% del total de causas del país, con una dotación proyectada de 20 defensores (locales y licitados), teniendo en la actualidad 17 defensores.

Este aumento sostenido del número de causas que se mantienen en el sistema como causas pendientes, puede aun incrementarse en atención a la tendencia de disminución del número de causas que salen del sistema (archivo provisional, facultad de no inicio de la investigación, principio de oportunidad, etc.). En efecto, de acuerdo a las cifras contenidas en el Informe del Ministerio Público de abril del 2001, las causas que salían del sistema por aplicación de alguna de las facultades contenidas en los artículos 167,168 y 170 del CPP alcanzaban un 78% aproximadamente, pero en el Informe entregado en enero del 2002, nueve meses más tarde, el porcentaje se rebaja a un 71%.

3.De los tipos de término anticipado

De acuerdo a nuestras estadísticas, de 2.946 personas cuyas casos ingresaron al sistema de defensa penal pública, un 96% de ellas se han beneficiado con algún tipo de termino anticipado, viendo reducidos de este modo los tiempos de espera e incertidumbre respecto de su situación procesal. De este último porcentaje, un 39% del total corresponde a la aplicación de algún tipo de salida alternativa.

Ahora bien, de las personas cuyas causas se resolvieron por sentencia definitiva, un 75% de ellos obtuvo una sanción distinta a la pena de privación de libertad. Para el logro de estos resultados los defensores penales públicos debieron concurrir durante el año 2001, a 7.252 audiencias, siendo las de mayor ocurrencia las audiencias de formalización.

El número de audiencias a las que se ha asistido están en directa relación con los tipos de salidas alternativas que aparecen registradas en nuestro sistema de defensa. En efecto la aplicación práctica de las nuevas normas del CPP, nos lleva a constatar que tanto las salidas alternativas como el procedimiento simplificado son un mecanismo rápido y efectivo para la resolución de conflictos relacionados con conductas transgresoras de habitual ocurrencia en el ámbito de convivencia social, dejando a las partes involucradas en el proceso judicial con un grado de satisfacción no percibido en el antiguo sistema.

De acuerdo a los resultados nacionales, durante el año 2001, en un 48.6% de las causas tramitadas se aplicó procedimiento simplificado, de ese porcentaje un 89.7% corresponde a procesos donde el imputado no reconoció responsabilidad en los hechos que se le imputaban.

Sin perjuicio de lo anterior, la aplicación del procedimiento simplificado permitió el término de 1.487 causas durante el año 2001.

4. De la prisión preventiva y de la prórroga de la detención

Velar por los derechos del los imputados en el marco del nuevo proceso penal es nuestra misión como institución y por lo tanto hemos concentrado esfuerzos en ello. En ese orden de cosas, la privación de libertad de una persona a quien se le imputa la comisión de un hecho delictivo, y a quien por mandato constitucional se le debe considerar inocente, debe ser absolutamente excepcional. Sin embargo, hasta ahora se ha acudido con cierta regularidad a la prisión preventiva como medida cautelar, lo que conjugado con una tendencia de los tribunales de garantía a conceder ampliaciones de la detención, permiten afirmar que la presunción de inocencia es un principio en permanente mutación.

Por ejemplo, tomando una muestra de las cinco regiones en el año 2001 funcionando conjuntamente (desde el 16.10.01 al 31.12.01), de 341 solicitudes de prisión preventiva presentadas por la Fiscalía, un 79% fueron acogidas. Asimismo y en el mismo período, de 195 solicitudes de prórroga de la detención un 95% fueron aceptadas.

5. De las solicitudes de cambio de defensor

Del total de defensas atendidas, el 99% mantiene el mismo abogado defensor de su inicio. Excepcionalmente se han registrado solicitudes de cambio de defensor, principalmente por contar el imputado con un abogado de la familia, por la naturaleza del delito, regularmente en delitos económicos, y otras a consecuencia de la incompetencia, por corresponder a defensas del sistema antiguo. No se registra ninguna solicitud de cambio de abogado defensor motivada por la prestación deficiente del servicio de defensa.

6. Primera atención al imputado

De un total de 7036 imputados atendidos por la Defensoría al 31.12. 2001, 6.986, equivalente al 99% comenzaron a ser atendidos por los defensores en el Juzgado de Garantía, antes del inicio, regularmente, de la audiencia de control de la detención.

A su vez sólo 68 imputados, equivalente al 1% fueron atendidos en las unidades policías o en las fiscalías del Ministerio Público. Estos porcentajes son a nuestro juicio preocupantes, toda vez que la intervención del Defensor deberá poder efectuarse desde el momento en que la policía realiza cualquiera acción en contra del imputado. La mayoría de las veces los defensores se enteran de la existencia de los detenidos cuando son convocados a una audiencia ante el juez de garantía, dejando un pequeño margen de tiempo, regularmente un período no superior a 10 minutos, para entrevistarse con el imputado y enterarse de hechos que se le imputan.

A nuestro juicio este proceder, falta de información oportuna a los defensores sobre la existencia de imputados antes de llegar a un tribunal, conspira en contra de una adecuada prestación de defensa penal y afecta seriamente la igualdad de armas que asume como principio este sistema adversarial.

7. El caso de la Defensoría mapuche

En agosto de 2001 la Defensoría detectó la necesidad de crear una oficina especial de atención para imputados mapuches, en la IX Región. Las razones que llevaron a la institución a su creación fue la necesidad de que la etnia contara con asistencia jurídica directa e inmediata, vinculada intrínsecamente a las condiciones culturales de la misma y que permitiera prestar el servicio de defensoría en términos de igualdad con respecto a cualquier otra persona que nos corresponda atender. Con ello la Defensoría busca además proyectar y estudiar alternativas de asistencia letrada a minorías o grupos vulnerables, que tal como lo han demostrado las experiencias comparadas tienden a ser cada vez más necesarias.

La evolución que este tipo de iniciativas permitirá, en el futuro, prestar un servicio de defensa adecuado a las necesidades que importantes grupos de la población requieren.

Conclusión

Hoy entregamos nuestra primera memoria anual, esta abarca desde los inicios del Programa de Defensoría hasta la culminación del año 2001, con algunos datos adicionales del presente año. Está hecha con objetivos pedagógicos porque pensamos que no se debe desaprovechar ninguna oportunidad para persuadir a la comunidad nacional de los beneficios de la Reforma Procesal Penal.

El año 2001 fue un año muy intenso, lleno de circunstancias que dificultaron nuestro quehacer institucional, pero todas ellas han sido superadas y a medida que aparezcan nuevos escollos, que sabemos pueden aparecer, los iremos sorteando con el esfuerzo y dedicación de los hombres y mujeres que formamos el equipo de trabajo de la defensoría.

Estos esfuerzos han superado los límites esperables en una institución como la nuestra y esto se ha producido porque desempeñamos nuestras funciones con una especial motivación y resulta ser así, debido a nuestro trabajo por el respeto a la dignidad de todas las personas eje principal en el que se funda el Estado Democrático de Derecho.

Muchas gracias.

Claudio Pavlic Véliz
Defensor Nacional (S).

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