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23 de Abril del 2002
Observadores visitan cárcel y se entrevistan con autoridades
por Pablo Solís |
Si bien la representante de la FIDH asegura que son "profesionales a los que nos han invitado para que tengamos una visión lo más objetiva posible de la realidad" a partir de todas las versiones del conflicto, asegura que no conoce "objetivamente de casos en que el pueblo mapuche haya incursionado con violencia en defensa de sus territorios".
"Existen públicas denuncias respecto a que no hay una perfecta realización de los derechos de los pueblos indígenas" afirma la abogada ecuatoriana Paulina Palacios, miembro del equipo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que diagnosticarán la situación de los derechos humanos de los mapuches en Chile.
Palacios y la periodista francesa Nicole Duroy estudiarán en terreno durante diez días -desde ayer lunes y hasta el 1 de mayo- la realidad de las comunidades indígenas en el sur del país.
Esta materia, dijo la profesional en entrevista desde Temuco con El Mostrador.cl, "preocupa mucho a nivel internacional porque Chile no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Ese hecho en sí es algo que alerta a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos".
La FIHD es un organismo internacional no gubernamental que tiene como misión promover la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tiene presencia en 115 organizaciones de derechos humanos en 90 países, y cuenta con un estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, la Unesco y el Consejo de Europa. También es es observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.
Los observadores del FIDH, de ser necesario, harán recomendaciones que serán divulgadas en Chile, y si se considera pertinente, elevarán sus conclusiones a la Naciones Unidas.
Ya en 1997 la FIDH se constituyó en el país para analizar las externalidades de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en las comunidades pehuenche del Alto Bíobio. Durante esta nueva visita harán un nuevo seguimiento del tema, y ubicarán los conflictos ambientales que provienen de las plantaciones forestales.
La misión contempla actividades en las regiones Novena, Quinta y Metropolitana. En la capital y en Valparaíso, los miembros del FIDH esperan complementar su visión con la óptica del Ejecutivo mediante una entrevista con el ministro del Interior, José Miguel Insulza; del Ministerio Público, con el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, legisladores y representantes del sector industrial.
"Presos políticos"
Requerida sobre qué significaba el concepto de conflictos ambientales que provienen de las plantaciones forestales, Palacios sostuvo que "es la cuestión integral de la posible vulneración de las formas de vida tradicionales que tiene el pueblo mapuche en su territorio, cuando se da un cambio drástico con la presencia de plantanciones forestales de pino y eucalíptus. Cómo esto cambia el hábitat propio en que se ha desarrollado la cultura mapuche".
-¿Ustedes evaluarán
las denuncias de algunas organizaciones en cuanto a que los detenidos mapuches
son presos políticos y que se vulneraría el estado de derecho
al aplicarles normas como la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista?
-Sí, porque es una
visión integral. Por la información que tenemos, esta situación
de conflictividad con los mapuche ha devenido en muchas ocasiones en procesos
penales en contra de algunas personas, con la aplicación de la ley
de conducta terrorista y la Ley de seguridad del Estado, las que cambian
sus procedimientos. Estas personas se ven encarceladas con procedimientos
y sentencias bastantes largas y nocivas para su individualidad. Es uno
de los tópicos que necesariamente debemos tomar, y tenemos prevista
una visita a un centro de detención para visitar a estos presos
políticos.
-¿Desde su punto
de vista, estas personas son presos políticos?
-Esa es una configuración
que unicamente podrá ser llevada adelante con una observación
detenida de los procedimientos. Como soy abogada, esa es una de las cosas
en las que estoy muy interesada. Pero de hecho, si están detenidos
bajo la ley de Seguridad Interior del Estado pienso que la consideración
como presos políticos es inmediata.
-¿Corresponderá
a su trabajo analizar lo que los sectores productivos chilenos consideran
son asociaciones ilícitas que actúan en las comunidades y
que afectan la actividad productiva específicamente de la Novena
Región?
-Esa es precisamente la
lectura de los conflictos que nos interesa indagar: saber efectivamente
qué es lo que está ocurriendo, si existe una actitud retrógrada
de estos grupos o si efectivamente el nivel de conflictividad requeriría
de una lectura mucho más integral, y entrar en un momento dado a
tener un diálogo más fructífero.
-¿Tiene conocimiento
de cuáles son los planteamientos de los empresarios agrupados en
distintas gremiales?
-No, pero también
tenemos prevista alguna reunión en Santiago con las personas que
están encargadas de las empresas, con sus principales exponentes,
los voceros. Nos interesa mucho, insisto, tener una comprensión
de que mientras existan estas posiciones radicales que interpretan que
hay una actividad delictiva que persigue obstaculizar el desarrollo económico,
y del otro lado que puede llegar a la victimización, no creo que
existan espacios comunes de acuerdo y diálogo. Hay que matizar esas
lecturas.
-Usted se entrevistó
con la fiscal regional de la Novena Región, Esmirna Vidal, ¿Cuál
la impresión que se lleva, en el entendido que ella encabeza todo
un proceso de reforma a la justicia que es muy criticado por grupos mapuches?
-En principio ella no señaló
la parte conceptual de la Reforma Procesal Penal,lo que parece interesante.
He intentado indagar si ha habido participación en la reforma de
parte del pueblo mapuche: nos señaló que definitivamente
no ha existido, y que serían procedimientos penales que más
bien favorecerían (a las partes), por la cuestión de brevedad
del proceso y por la separación de las funciones de juzgamiento
e investigación. Sin embargo, es uno de los temas que parece importante
porque las organizaciones mapuche siguen apuntando a las dificultades que
tienen.
¿La presencia de
ustedes avala el proceso de lucha, como ellos lo llaman, del pueblo mapuche
en la Octava y Novena regiones?
-No persigue en sí
ese objetivo. Es basicamente la necesidad de contar con elementos de juicio
propios. Somos profesionales a los que nos han invitado para que tengamos
una visión lo más objetiva posible de la realidad, y para
que, si encontramos que se han vulnerado los derechos humanos, podamos
dar en el informe las recomendaciones consiguientes a las distintas entidades
gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil.
¿Cuál es
su posición como jurista, como persona que aboga por los derechos
humanos, ante la postura de sectores del pueblo mapuche que promueven la
movilización y la violencia como forma de reividicar las tierras
que ellos consideran ancestrales?
-Es una de las temáticas
que interesa abordar. Sin embargo, no conozco objetivamente de casos en
que el pueblo mapuche haya incursionado con violencia en defensa de sus
territorios. Entiendo que han existido algunas acciones no violentas y
que luego hay explicación, una lectura y un procedimiento penal
que ha acompañado la respuesta a estas acciones. Pero también
habría que ver si ha existido algún tipo de violentamiento
en las manifestaciones o en las instancias políticas que han realizado.