El Mostrador
Centro de Documentacion Mapuche Documentation Center

23 de Abril del 2002
 

Observadores visitan cárcel y se entrevistan con autoridades

Los 'ojos' que la Federación Internacional de DDHH pone sobre el conflicto

 

por  Pablo Solís 

Si bien la representante de la FIDH asegura que son "profesionales a los que nos han invitado para que tengamos una visión lo más objetiva posible de la realidad" a partir de todas las versiones del conflicto, asegura que no conoce "objetivamente de casos en que el pueblo mapuche haya incursionado con violencia en defensa de sus territorios".

"Existen públicas denuncias respecto a que no hay una perfecta realización de los derechos de los pueblos indígenas" afirma la abogada ecuatoriana Paulina Palacios, miembro del equipo de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que diagnosticarán la situación de los derechos humanos de los mapuches en Chile.

Palacios y la periodista francesa Nicole Duroy estudiarán en terreno durante diez días -desde ayer lunes y hasta el 1 de mayo- la realidad de las comunidades indígenas en el sur del país.

Esta materia, dijo la profesional en entrevista desde Temuco con El Mostrador.cl, "preocupa mucho a nivel internacional porque Chile no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas. Ese hecho en sí es algo que alerta a la comunidad internacional y a las organizaciones de derechos humanos".

La FIHD es un organismo internacional no gubernamental que tiene como misión promover la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tiene presencia en 115 organizaciones de derechos humanos en 90 países, y cuenta con un estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, la Unesco y el Consejo de Europa. También es es observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos.

Los observadores del FIDH, de ser necesario, harán recomendaciones que serán divulgadas en Chile, y si se considera pertinente, elevarán sus conclusiones a la Naciones Unidas.

Ya en 1997 la FIDH se constituyó en el país para analizar las externalidades de la construcción de la central hidroeléctrica Ralco en las comunidades pehuenche del Alto Bíobio. Durante esta nueva visita harán un nuevo seguimiento del tema, y ubicarán los conflictos ambientales que provienen de las plantaciones forestales.

La misión contempla actividades en las regiones Novena, Quinta y Metropolitana. En la capital y en Valparaíso, los miembros del FIDH esperan complementar su visión con la óptica del Ejecutivo mediante una entrevista con el ministro del Interior, José Miguel Insulza; del Ministerio Público, con el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, legisladores y representantes del sector industrial.

"Presos políticos"

Requerida sobre qué significaba el concepto de conflictos ambientales que provienen de las plantaciones forestales, Palacios sostuvo que "es la cuestión integral de la posible vulneración de las formas de vida tradicionales que tiene el pueblo mapuche en su territorio, cuando se da un cambio drástico con la presencia de plantanciones forestales de pino y eucalíptus. Cómo esto cambia el hábitat propio en que se ha desarrollado la cultura mapuche".

-¿Ustedes evaluarán las denuncias de algunas organizaciones en cuanto a que los detenidos mapuches son presos políticos y que se vulneraría el estado de derecho al aplicarles normas como la Ley de Seguridad del Estado y la Ley Antiterrorista?
-Sí, porque es una visión integral. Por la información que tenemos, esta situación de conflictividad con los mapuche ha devenido en muchas ocasiones en procesos penales en contra de algunas personas, con la aplicación de la ley de conducta terrorista y la Ley de seguridad del Estado, las que cambian sus procedimientos. Estas personas se ven encarceladas con procedimientos y sentencias bastantes largas y nocivas para su individualidad. Es uno de los tópicos que necesariamente debemos tomar, y tenemos prevista una visita a un centro de detención para visitar a estos presos políticos.

-¿Desde su punto de vista, estas personas son presos políticos?
-Esa es una configuración que unicamente podrá ser llevada adelante con una observación detenida de los procedimientos. Como soy abogada, esa es una de las cosas en las que estoy muy interesada. Pero de hecho, si están detenidos bajo la ley de Seguridad Interior del Estado pienso que la consideración como presos políticos es inmediata.

-¿Corresponderá a su trabajo analizar lo que los sectores productivos chilenos consideran son asociaciones ilícitas que actúan en las comunidades y que afectan la actividad productiva específicamente de la Novena Región?
-Esa es precisamente la lectura de los conflictos que nos interesa indagar: saber efectivamente qué es lo que está ocurriendo, si existe una actitud retrógrada de estos grupos o si efectivamente el nivel de conflictividad requeriría de una lectura mucho más integral, y entrar en un momento dado a tener un diálogo más fructífero.

-¿Tiene conocimiento de cuáles son los planteamientos de los empresarios agrupados en distintas gremiales?
-No, pero también tenemos prevista alguna reunión en Santiago con las personas que están encargadas de las empresas, con sus principales exponentes, los voceros. Nos interesa mucho, insisto, tener una comprensión de que mientras existan estas posiciones radicales que interpretan que hay una actividad delictiva que persigue obstaculizar el desarrollo económico, y del otro lado que puede llegar a la victimización, no creo que existan espacios comunes de acuerdo y diálogo. Hay que matizar esas lecturas.

-Usted se entrevistó con la fiscal regional de la Novena Región, Esmirna Vidal, ¿Cuál la impresión que se lleva, en el entendido que ella encabeza todo un proceso de reforma a la justicia que es muy criticado por grupos mapuches?
-En principio ella no señaló la parte conceptual de la Reforma Procesal Penal,lo que parece interesante. He intentado indagar si ha habido participación en la reforma de parte del pueblo mapuche: nos señaló que definitivamente no ha existido, y que serían procedimientos penales que más bien favorecerían (a las partes), por la cuestión de brevedad del proceso y por la separación de las funciones de juzgamiento e investigación. Sin embargo, es uno de los temas que parece importante porque las organizaciones mapuche siguen apuntando a las dificultades que tienen.

¿La presencia de ustedes avala el proceso de lucha, como ellos lo llaman, del pueblo mapuche en la Octava y Novena regiones?
-No persigue en sí ese objetivo. Es basicamente la necesidad de contar con elementos de juicio propios. Somos profesionales a los que nos han invitado para que tengamos una visión lo más objetiva posible de la realidad, y para que, si encontramos que se han vulnerado los derechos humanos, podamos dar en el informe las recomendaciones consiguientes a las distintas entidades gubernamentales, no gubernamentales y la sociedad civil.

¿Cuál es su posición como jurista, como persona que aboga por los derechos humanos, ante la postura de sectores del pueblo mapuche que promueven la movilización y la violencia como forma de reividicar las tierras que ellos consideran ancestrales?
-Es una de las temáticas que interesa abordar. Sin embargo, no conozco objetivamente de casos en que el pueblo mapuche haya incursionado con violencia en defensa de sus territorios. Entiendo que han existido algunas acciones no violentas y que luego hay explicación, una lectura y un procedimiento penal que ha acompañado la respuesta a estas acciones. Pero también habría que ver si ha existido algún tipo de violentamiento en las manifestaciones o en las instancias políticas que han realizado.