El Mostrador
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25 de Abril del 2002 

Matías Coll, abogado de las familias indígenas

''La Resolución otorga beneplácito a Endesa para expulsar a los pehuenche''



por  Pablo Solís 

"El gobierno transgrede sus propios dichos, lo que se siempre ha propalado por la prensa de que se respetarán los derechos de las personas. Aquí se ha pasado a llevar la voluntad de los propios órganos del Estado, las sentencias judiciales que han dispuesto que Endesa para ejecutar debe hacerlo con la voluntad de los pehuenches", sostiene el profesional.

"Esta resolución es tremendamente sopresiva, pues con ella, en el fondo, se viola la Ley Indígena que establece que las tierras indígenas no pueden ser gravadas salvo con autorización de la Conadi, en virtud del artículo 13 de la Ley Indígena y que dicho gravamen no puede afectar la casa habitación del indígena o el terreno necesario para su subsistencia. Pero también contraviene la resolución ambiental que autorizó el proyecto Ralco". Con dichas palabras el abogado Matías Coll explicó a El Mostrador.cl los argumentos del recurso de protección que el abogado Roberto Celedón presentó contra la resolución del Ministerio de Economía que designó la Comisión de Hombres Buenos.

"Esa autorización dada por la Conama estableció como condición ambiental del proyecto la realización de un plan de relocalización, el que determinó, como requisito esencial, que los pehuenches accedieran voluntariamente a ser relocalizados. Esto a través de contrato de permutas que debían ser aprobados por la Conadi", añade el profesional.

Coll recalca que el gobierno, con la invocación de la Comisión de Hombres Buenos, "transgrede sus propios dichos. Lo que se siempre ha propalado por la prensa de que se respetarán los derechos de las personas. Aquí se ha pasado a llevar la voluntad de los propios órganos del Estado, las sentencias judiciales que han dispuesto que Endesa para ejecutar debe hacerlo con la voluntad de los pehuenches".

"Pero además de sus propios dichos, el Estado siempre nos dio plenas garantías de que se respetaría la Ley Indígena, pero posteriormente desconoce todo, quizas producto de presiones insostenibles por parte de Endesa", aseveró.

Relocalización por la fuerza

Respecto de la calificación ambiental que se asignó al proyecto Ralco el 6 de junio de 1997, Coll añadió que ésta "dejó claro que sin perjuicio de la aprobación ambiental, la relocalización de la población indígena debía ser llevada a cabo bajo los preceptos de la Ley Indígena. Por el contrario, con este decreto que aparece publicado en el Diario Oficial, esa relocalización se llevaría a cabo por la fuerza, lo que nunca estuvo en la mente de ninguna de las personas que participaron".

El abogado señaló que Endesa había aceptado que la relocalización se hiciera bajo la Ley Indígena, es decir, acorde con la certificación ambiental y con la anuencia de las familias afectadas.

"Pues bien, el consejo directivo de Conama (en 1997) integrado por 13 ministros de la Conama, incluyendo entre ellos al actual Presidente de la República, Ricardo Lagos, ratificó esta condición señalando que para la realización del proyecto sin lugar a dudas se requería una aprobación posterior de las permutas por parte de Conadi, como único órgano competente, y obviamente la autorización específica de cada uno de los interesados", añadió Coll. "Con este nombramiento de hombres buenos se pretende desconocer el requisito de la voluntad para acceder a la relocalización".

El abogado sostuvo que, como lo estipula la Ley Eléctrica, "Endesa está habilitada a obtener la posesión material de los predios acreditando que se depositó en el cuenta corriente de un tribunal el avaluo efectuado por los hombres buenos, y con ello perfectamente pueden solicitar al tribunal. Este no podría negarse a otorgar el auxilio de la fuerza pública para expulsar a los pehuenches de sus tierras".

Palabra empeñada

El profesional explica que los pehuenches recurrieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra el decreto que entregó al concesión eléctrica a Endesa.

"En esa oportunidad compareció el ministro secretario general de la Presidencia, Alvaro Garcia, actuando por instrucciones del Presidente de la República, quien manifestó (en un escrito) que nadia había vulnerado el Plan de Relocalización con la dictación del decreto de concesión", expuso.

Luego cito textualmente a García: "Este (plan de relocalización) se encuentra en curso pues hay permutas aprobadas por Conadi y otras en curso de hacerlo. Tampoco hay peligro, pues se ha seguido rigurosamente lo establecido por la resolución ambiental y no se ha pasado a llevar tierra indígena. Por los demás, Endesa ha declarado su voluntad de sujetarse al plan de relocalización voluntad que ha tenido concreta manifestación en cada una de las permutas hasta ahora suscritas por los propietarios indígenas".

Sobre la base de lo anterior, el abogado estimó que "resulta tremendamente sopresivo que, desconociendo sus propias afirmaciones realizadas ante los tribunales, hoy se haga precisamente lo contrario: se otorgue el beneplácito a Endesa para que pueda expulsar a los pehuenches de sus tierras".

Coll añadió que la Corte de Apelaciones, si bien no acogió el recuerso de protección contra la concesión eléctrica, "dejó claro que ese decreto de concesión no desconocía lo que había resuelto la Conama ni las facultades propias de la Conadi. Señaló que la Ley de Bases del Medio Ambiente y la Ley Indígena eran obligatorios para todos los agentes de la administración y para los particulares concesionarios".